Las democracias salvaguardan a partir de las prácticas de negociación y acuerdos, naturales en regímenes en los que las decisiones se supeditan al criterio de las mayorías y la representación de minorías.
Sin embargo, esa noción elemental no significa que el conflicto no tenga lugar, por el contrario, el encono y la discusión agreste también son representaciones de la libertad con que actúan quienes participan de la política en democracia.
Quizás, el poder legislativo es la máxima representación del desahogo de las discusiones, aunque no la única.
Dichos entornos conflictivos en democracia se forman en cualquier momento, ya sea a partir de: un discurso, la iniciativa de una ley, una política pública insuficientemente planeada, etc.
Bajo el entendido de que las posiciones políticas responden a interiorizaciones personales o de grupo, por ejemplo, posturas ideológicas, intereses económicos o políticos, la resolución de conflictos es una tarea de diálogo y fijación de incentivos.
No obstante, es posible que el conflicto llegué a convertirse en un cisma político en el que, aunque no irreversible, el conflicto es el punto de intersección.
En la historia política reciente de México, uno de los temas que generaron inestabilidad fue la presentación de la multicitada Reforma energética del gobierno pasado, la cual permitiría que agentes privados participaran en el mercado de energéticos que, antes, se encontró controlado totalmente por las empresas del Estado.
El debate fue rijoso, desde las posiciones más basadas en el sentimentalismo histórico de la empresa nacional y la expropiación petrolera, hasta los ilusos que confiaron en la “supuesta” competencia económica para reducir los precios de los energéticos al consumidor.
Todas las posiciones políticas armaron consignas suficientes como para dibujar el conflicto como interminable. Al final, en el Legislativo, aunque con resistencias, la reforma de constituciones y posteriormente el diseño institucional secundario, fueron aprobados.
Aunque los resultados de ese paquete de reformas en materia energética parecen indicar éxito relativo, la revisión de las consecuencias del conflicto político están presentes hasta ahora.
Las acusaciones, por ejemplo, hacia legisladores que presuntamente vendieron sus votos, son varias y escandalosas. En aquel momento, las posiciones lucían irreconciliables y, al final, el acuerdo fue artificial.
Es relevante señalar que, en democracia, existen los acuerdos artificiales; aquellos están fincados en cuestiones fácticas y no idealistas. Responden a intereses específicos e incluso coyunturales.
- Ahora mismo, en un contexto internacional de inestabilidad de los precios de los energéticos, la propuesta de Reforma Energética alentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene sentido. Empero, es probable que marque el debate político de la segunda mitad del sexenio, sobre todo con el antecedente de la anterior reforma energética, los intereses aún persisten y no resulta sencillo diluirlos ahora mismo.
Las consecuencias políticas de las reformas en temáticas susceptibles son inmediatas, para el caso mencionado es demostrable con la salida de sus respectivos grupos parlamentarios por parte de seis senadores de la República, justo antes de que se anunciará la reforma en electricidad.
Es comprensible la dinámica política en democracia. Incluso el propio comportamiento en el legislativo responde a las expectativas del debate y el probable que acarreará la discusión de una reforma que plantea devolver -al menos- el control de la mayor parte del mercado eléctrico para la Comisión Federal de Electricidad, así como la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
El entorno político nacional podría enrarecerse en las próximas semanas. Es parte de la democracia y en México, una vez más, parece que el consenso en materia energética no se alcanza.
