Hacia el año de 1965, Pablo González Casanova publicó el libro “La Democracia en México”, la cual se convertiría, quizás junto a “El Estado y los Partidos Políticos en México” en su obra más destacada. El texto abunda en el análisis del régimen de aquella época y es, abiertamente, una crítica fundamental por ejemplo a la supremacía del Presidente ante otros actores políticos e incluso hacia los demás Poderes de la República; la obra dimensionó su tiempo y abrió paso a debates riquísimos sobre las estructuras sociales y políticas que impedían la confección plena de la democracia en México.
Tan sólo tres años después, el octubre de 1968 declaró el agotamiento del modelo del Estado en el centro y de la administración del poder desde el centro de las elites políticas. De tal suerte que, la obra de González Casanova se idealizó como un referente de las ciencias sociales y, simultáneamente, de la izquierda política en México. Mientras, el diagnóstico era la necesidad de una profunda reforma del Estado y de la democratización del país, por medio de las reglas del juego para acceder al poder, se seguían mostrando más elementos de indudable gravedad, por ejemplo: la presencia prácticamente única de un solo partido político, y para la elección de 1976, el país contó con un solo candidato a la Presidencia de la República, en la persona de José López Portillo, lo que derivó en una muestra más de la necesidad de democracia.
El paso fundamental para la transición a la democracia fue, entonces la Reforma de 1977 que abrió paso a la participación electoral y la representación política a más actores y fuerzas. El propio José Woldenberg, en su libro “La mecánica del cambio político en México” identifica ese momento como un vértice que redirige la vida política en el país; la reforma electoral inauguró una etapa (continuada actualmente) de modificaciones a las reglas de participación política y a la formación de instituciones valiosas y, en muchas ocasiones, vilipendiadas o menospreciadas.
Las reformas sucesivas a la de 1977 (identificada como el inicio del proceso democratizador) han contado con elementos, por demás trascendentales de la vida pública, por mencionar: la de 1986 inscribiendo al marco legal el Código de Instituciones y Procedimiento Electorales (Cofipe); la de 1990 con la creación del Instituto Federal Electoral; la de 1993 con la creación del Consejo General del instituto electoral; y la de 2014 con la transformación a Instituto Nacional Electoral (Ine) y la modificación al federalismo electoral con la institucionalización de los Oples.
De tal suerte que el proceso democratizador parece inacabado y, por el contrario, un elemento presente en nuestro tiempo. Sin embargo, las reformas y la rigurosa confección de las instituciones encargadas de organizar, calificar las elecciones y de resolver controversias sobre los procesos electorales, no es dañino sino beneficioso para generar confianza entre la ciudadanía y dar certeza de que la voluntad popular se manifiesta en tales actos. Empero, presentar proyectos de reforma al sistema electoral debe ser una acción orientada con diagnósticos que privilegien los principios de imparcialidad, objetividad y ética pública; sobre todo porque los cambios en dicho sistema tienen impacto directo en la conformación de gobiernos, en la representación política, en el sistemas de partidos políticos y, eminentemente en palabras de González Casanova, sobre las estructuras políticas y sociales de México.
En este sentido, es necesario destacar las ideas que varios legisladores han colocado en la discusión pública sobre una inminente reforma en la materia, ideas como: la desaparición del Consejo General del Ine, la desaparición de los organismos públicos locales electorales en las entidades federativas, la reducción de financiamiento público a los partidos, y el aumento de las atribuciones del Ine en la organización de elecciones subnacionales o locales.
Reitero que el largo proceso democratizar ha sido, desde cualquier línea de mira, un camino ascendente y con impacto positivo en la consolidación de la Democracia. Sin embargo, es cierto, lo hasta ahora ganado puede detenerse o descomponerse con la aprobación de una reforma electoral con objetivos de grupo y no de Estado.
El trabajo de los legisladores en las comisiones es pulir las ideas, acompañados de técnica legislativa, plantear las reformas estrictamente necesarias y beneficiosas para la vida pública del país. El peor de los escenarios futuros es la aprobación de una reforma electoral no suficientemente discutida y, por el contrario, aceptada con el mayor beneplácito en el seno del grupo impulsor.
Siendo suficientemente claros: si bien es cierto que los actuales procesos y procedimientos electorales requieren de modernización, por ejemplo el voto electrónico y de incremento de capacidades institucionales por medio del fortalecimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional; también es real que, en esencia, nuestras instituciones en la materia (surgidas a partir de la desconfianza) son ejemplo de eficiencia en otras partes del mundo.
Si reformador se quiere ser, entonces es menester girar hacia la formación de políticas públicas que abatan los grandes problemas nacionales como: la pobreza y la desigualdad, o la inseguridad y los contextos de violencia.
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