El proceso electoral más grande en la historia de México consolidó la recomposición política que el país vivió en el 2018. A pesar de que MORENA como partido político en el gobierno ha enfrentado algunos asuntos mediáticos que supondrían la reducción de su preferencia ante el electorado, sus registros en proporción son avasalladores de las demás fuerzas políticas nacionales. Su crecimiento a nivel subnacional es de tal magnitud que ahora gobernará en la mitad de los estados y simultáneamente en muchos de los municipios. Es por demás un triunfo notorio aún con la salvedad de que en el balance de votación 2018-2021 MORENA perdió hasta 3.16% de los votos totales en proporción, cifra que alcanza una disminución de hasta 4 millones de votos en función de la votación total válida emitida. Quizás no resulta problemático porque todos los partidos políticos enfrentaron una reducción considerable, por ejemplo, el PAN disminuyó poco más de un millón de votos, solamente MC logró aumentar los registros.
La balanza entre triunfos locales y disminución de votos totales se rompe a favor si se considera la consecución de la mayoría simple en la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Es decir, el resultado más valioso para el proyecto del presidente López Obrador es el que está relacionado cercanamente a las reformas del andamiaje institucional mexicano y a la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación; sobre todo bajo la consideración de que los programas y políticas del Gobierno requieren de este margen de planeación anual en el que participa la soberanía de la Cámara. En el imaginario colectivo el triunfo es total. En la práctica, de todos los triunfos el más valioso es el logrado para la integración del legislativo.
Bajo este de orden de ideas resulta lógico el comportamiento reciente del propio presidente y demás liderazgos políticos y partidistas que empujan temas relevantes para integrarlos en la agenda legislativa próxima. Algunos de los más relevantes pueden ser: las reformas al diseño institucional de la Guardia Nacional; el anuncio de una reforma fiscal para garantizar ingresos a través de la tributación; una reforma electoral profunda y la creación de una figura jurídica y organizativa formal que supla a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y efectivamente se constituya con el propósito de ser un espacio de comunicación, coordinación y colaboración entre la Federación y los Estados. Estos son los temas punteros para la conformación de una agenda legislativa amplia, integral y realizable.
El camino para lograr las reformas no puede estar obnubilado por el triunfalismo de los dirigentes del partido político en el Gobierno. La conformación de una agenda legislativa realizable más bien pasa por un proceso necesario de diálogo y negociación entre las diversas fuerzas políticas, sobre todo porque las reformas plateadas en efecto alterarían el statu quo que no necesariamente es malo. Cabe decir que muchas de las reformas planteadas tienen rivales precisamente en la argumentación empleada –en antaño- por quienes ahora ocupan el poder. Es una suerte de rueda giratoria en la que los argumento de trasladan de un grupo a otro, según convenga a las condiciones política del momento.
Explicativamente, por ejemplo, la reforma electoral sería necesaria para generar un sistema de partidos más rígido que dificulte la creación de partidos políticos que compiten en una sola ocasión y desaparecen, y para nada requerida en el atropello de proponer la desaparición de la representación proporcional, situación en que la discusión no debiera tener lugar sobre todo con la consideración de que somos un régimen democrático. En ese mismo sentido, el debate acerca de la naturaleza de la Guardia Nacional como organización encargada de la seguridad pública, debiera ser acerca de cómo dotarla de mejores capacidades técnicas sobre operaciones estratégicas, inteligencia para el combate a la delincuencia, etc., en resumen, cómo lograr una organización orientada a resultados en un tema por demás relevante y también delicado como la seguridad.
La determinación de la agenda legislativa será también objeto de competencia política. Son también –como en el proceso electoral- encuentros y desencuentros entre intereses no siempre compatibles. Esa es la realidad política mexicana actual.
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