En la vida política de México hay asuntos que, quizás por razones históricas, han figurado como inamovibles, estáticos e inadvertidamente detenidos en el tiempo. Un ejemplo claro de estos es la reelección en cargos de elección popular; el trasfondo es la herencia discursiva revolucionaria de “Sufragio efectivo, no reelección”, fue hasta hace muy poco tiempo que se permitió que los legisladores se reeligieran pensando en escenario ideales de profesionalización del trabajo legislativo y continuidad en la modificación y transformación de leyes y demás instrumentos normativos.
Otro caso paradigmático es el asunto energético en el país; en dicho asunto el relato cardenista de la expropiación petrolera permeó en la formación de nociones y principios, destacan: la presencia del Estado en el sector, la imposibilidad de que privados participen dado el carácter estratégico y la apuesta a al mantenimiento de dos grandes empresas paraestatales: la Comisión Federal de Electricidad y PEMEX.
No obstante, de estos elementos que se constituyen como oportunidades y restricciones para el cambio en el sector energético nacional, la reforma de 2013 fue disruptiva en el sentido de que rompió con esos principios y nociones que -en el pasado- imposibilitaron generar cambios sustanciales. Sin embargo, la reforma de 2013 parece haber perseguido otros intereses o, incluso, haber sido un artilugio monetario para saldar deudas políticas de dimensiones insospechadas pero calculadas por las repercusiones que la aprobación de la reforma ha tenido en términos de movilidad de las élites gobernantes nacionales y cambio en el sistema político mexicano. Sumado a eso, la reforma de ese entonces configuró un nuevo estado de las cosas en el sector de la energía, es decir, otorgó nuevas oportunidades a privados (tanto nacional como extranjeros) y con ello se conformó un nuevo bloque de intereses interrelacionados que -ahora mismo- dificulta nuevamente el cambio.
Bajo este orden de ideas se puede comprender la dificultad para que la nueva reforma en el sector energético tenga éxito legislativo.
- A pesar de que la reforma impulsada por el presidente López Obrador solamente se ha centrado en la industria eléctrica, las resistencias y oposiciones se han manifestado con cierta fiereza.
Es el caso de las empresas estadounidenses que incluso han tenido la capacidad de movilizar al gobierno del país vecino para presionar en la relación bilateral; las empresas privadas nacionales que también han generado presión desde las organizaciones empresariales y los partidos políticos de oposición que, aunque disminuidos, son parte del entorno que negociación en el que debe moverse la reforma.
En este sentido, la reforma eléctrica corre el riesgo de convertirse en un cataclismo de la política en México. Dadas las manifestaciones de intereses encontrados y trastocados por la iniciativa de cambio, así como la determinación de prioridad por parte del actual gobierno puede provocar que las negociaciones tengan lugar en espacios no oficiales, con incentivos en la línea de lo permitido y con ello las consecuencias -en el futuro cercano- puedan ser parecidas a las de la reforma del 2013. Y es que tienen cierto parecido, ambas lucieron disruptivas de un statu quo demasiado fuerte, ambas pretendieron significar cambios en la distribución de actividades dentro del sector energético (la primera para abrir paso a privados, la segunda para devolver la rectoría del Estado en la materia) y ambas requirieron del trabajo de cabilderos y líderes partidistas para construir mayorías que -aunque artificiales- pudieran garantizar el éxito legislativos de los proyectos de reforma.
En resumen, la reforma que se votará próximamente podrá ser un punto de inflexión en la política mexicana. En el caso de su aprobación podría presumirse que las negociaciones se extralimitaron y habría que descubrir los incentivos generados y cómo los grupos políticos se organizaron para persuadir o para fortalecer sus resistencias; en el caso de que la reforma no obtenga el éxito legislativo, podría generar cierta parálisis legislativa y el desgaste mayor del actual gobierno con otros actores dentro del sistema político mexicano.
