La reforma energética, sobre todo en el sector eléctrico, planteada por el gobierno federal ha generado un choque político directo tanto con las fuerzas partidistas representadas en el Congreso, como con el empresariado que tiene inversiones en el sector y, ahora, evidentemente con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Así como la reforma energética del 2013 representó un cisma político del que hasta hoy se observan consecuencias, la pretendida reforma actual puede convertirse en un encono político importante si el manejo de las crisis no se supera.
Esta posibilidad es real en tanto que la reforma del 2013 construyó un estado de beneficios para ciertos círculos empresariales (muchos de ellos extranjeros) que ahora observan con cierto escepticismo el planteamiento de la modificación del statu quo, es decir la probable modificación de su estatus como beneficiarios. El asunto llama -aún más- la atención dado el interés del gobierno estadounidense; tanto que la Secretaria de Energía de dicho país, Jennifer Granholm, sostuvo reuniones con una buena parte del gabinete del gobierno federal y con el propio presidente López Obrador. Dichos encuentros en territorio mexicano suceden justo a poco tiempo de que las discusiones legislativas se reinicien.
El temor está en el control de la participación de privados en el mercado eléctrico, es decir, uno de los ejes torales de la reforma de 2013. Ahora mismo particulares sostienen operaciones en el sector, empero, la reforma actual propone otorgar a la Comisión Federal de Electricidad el 54% del mercado. Los riesgos, según la propaganda de quienes ven en esta idea la afectación total de sus intereses, este objetivo afectaría directamente las capacidades para generar y distribuir energía eléctrica en el país y con ello la reducción, por ejemplo, de la competitividad frente a otros países de la región; además han sostenido que el tránsito hacia la utilización de energías limpias se vería debilitado o incluso frenado. En contraparte, los defensores del texto de modificaciones legislativas aseguran que es una estrategia fundamental para garantizar seguridad o soberanía energética (como algunos melancólicos del pasado lo han denominado). Lo que es evidente es que la discusión se ha realizado por medio de argumentos endebles, también desde la descalificación política o -aún peor- la presunción de superioridad moral por lo ocurrido en el cisma de la reforma energética de 2013.
El legislativo incluso convocó a un foro en el que se escuchó los discursos de los titulares de los ejecutivos locales que, dicho sea, algunos de ellos estuvieron presentes en el debate de la reforma de 2013 y nunca posicionaron con fiereza, argumentación lógica o sustento técnico, sus respectivas posturas. Era previsible que los gobernadores y gobernadoras, ahora mismo siguieran el script o guion dado desde su espectro político. Un ejercicio, sinceramente muy poco útil. Sin embargo, demostró las posiciones partidistas que eran previsibles y se constituyó como un adelanto de la confrontación prospectiva. El escenario luce complejo, requerirá de la mayor de las pericias políticas para evitar el encono y conflicto permanente.
No obstante, las posiciones maniqueas al interior del país y la visita de la Secretaria de Energía de EUA, como funcionaria de primer nivel para informar de la posición del país vecino respecto de los cambios planteados en el sector eléctrico, complican aún más el panorama. Este escenario tambaleante y crítico no es una abstracción, tampoco es solamente un objeto de estudio para analizar las relaciones de poder en la distribución de competencias económicas en el sector energético entre privados y el Estado; más bien se puede convertir en un cataclismo de la vida de cotidiana de los mexicanos, dado que la especulación y la pérdida de confianza puede derivar en el incremento generalizado de los precios de la energía, como hasta ahora ha sucedido en, al menos, el último semestre.
El gobierno mexicano debe lograr que el debate esté centrado en los mejores argumentos, también evitar que las posiciones radicales permeen y generen la imposibilidad de la negociación política. En estos asuntos, avanzar también es ceder.
