/ sábado 9 de octubre de 2021

Los Avatares de Nuestro Tiempo | La reforma eléctrica y el conflicto político | Segunda parte

La discusión pública entró con súbita fuerza y, a la vez silenciosa. La presentación de la Reforma Eléctrica por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha encontrado la fiereza de posiciones encontradas, como sí ocurrió cuando la Reforma Energética del sexenio pasado se discutió y aprobó. Aquel momento fue, quizás, una de las principales representaciones del encono político; tan es así que las consecuencias políticas de la aprobación de ese cuerpo de modificaciones constitucionales y legales aún persisten.

Ahora mismo la Reforma eEéctrica tiene el potencial de ser un conflicto político. Sin embargo, hay un ingrediente en los grupos políticos de la oposición partidista: el pragmatismo político. Es decir, aquellos que defendieron la reforma previa, supuestamente por apoyar la desregulación energética y la liberalización de precios de los energéticos, ahora están desaparecidos o, puede ser, camuflados en los argumentos de tiempos de nacionalismo energético. A pesar de que las posturas sobre la iniciativa comienzan, someramente, a diferenciarse, ya surgen presiones desde otros sectores: el financiero, por ejemplo. Además, desde la tribuna presidencial se presiona para que los partidos se definan, apunten hacia sus intereses y abandonen el terrero cómodo de la neutralidad. Parece que se busca la confrontación política, ya sea como un objetivo en sí misma o para acelerar la búsqueda de votos legislativos para la aprobación de la Reforma.

  • Un cambio de las dimensiones en que se presupone la Reforma Eléctrica trastoca intereses, algunos de ellos son visibles, otros, están ocultos. La modificación de las dinámicas del Sistema Eléctrico Nacional puede suponer la mejora o, dada la existencia de riesgos, la pérdida de competitividad del país.

También es previsible el impacto en los precios de la energía, estos pueden ser positivos o negativos, hay una discusión sobre los beneficios en este rubro, sobre todo porque ha sido citado como uno de los objetivos principales de la modificación constitucional y legal.

A pesar de los objetivos nacionales y la previsible confrontación política en este tema, se han sumado más actores de la vida pública a posicionarse. El caso de la agencia calificadora Moody’s es el más representativo; ha indicado que la Reforma Eléctrica, sobre todo en lo correspondiente a la desaparición de organismos autónomos encargados de garantizar elementos de competencia están en el limbo. Ha sentenciado que la Reforma puede tener consecuencias en términos crediticios para el sector energético nacional, dado que "disminuye la transparencia operativa, desaliente inversiones de privados, frena las energías renovables". Dichos argumentos son, razonablemente debatibles.

El debate puede adquirir tres dimensiones incluyentes o excluyentes entre sí. La primera dimensión del debate puede ser la ideológica; sobre todo en un país como México en el que el control energético del Estado es una aspiración del régimen posrevolucionario, es decir que existe un trasfondo histórico de esa aspiración. Sin embargo, el debate ideológico, es para el caso, la dimensión menos deseable. La segunda vertiente que el debate puede seguir está determinada por una visión meramente técnica y economicista, aquí los argumentos financieros y de factibilidad económica pueden tener lugar, no obstante, la discusión centrada en esta dimensión puede excluir las posturas más relacionadas con los beneficios sociales. La tercera faceta del debate energético en el país puede estar vinculada con la seguridad, es decir, mientras la inestabilidad de los energéticos pone a prueba al mundo, contar con una empresa y mercado nacional sólidos, apunta en la dirección de mejor posición en términos de seguridad energética y por tanto nacional.

En la ruta legislativa que tendrá que seguir la Reforma, deberá fijarse los términos y las áreas de debate más importantes, incluirse a la mayor parte de los grupos que pueden tener interés en el tema y debatir abiertamente. Si estas condiciones de apertura no se cumplen y, además el debate se centra solamente en alguna de las tres dimensiones, excluyendo a las demás, puede presumirse que la Reforma Eléctrica (quizás una de las reformas más relevantes del actual gobierno) desembocará en el encono y el conflicto político.

La discusión pública entró con súbita fuerza y, a la vez silenciosa. La presentación de la Reforma Eléctrica por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha encontrado la fiereza de posiciones encontradas, como sí ocurrió cuando la Reforma Energética del sexenio pasado se discutió y aprobó. Aquel momento fue, quizás, una de las principales representaciones del encono político; tan es así que las consecuencias políticas de la aprobación de ese cuerpo de modificaciones constitucionales y legales aún persisten.

Ahora mismo la Reforma eEéctrica tiene el potencial de ser un conflicto político. Sin embargo, hay un ingrediente en los grupos políticos de la oposición partidista: el pragmatismo político. Es decir, aquellos que defendieron la reforma previa, supuestamente por apoyar la desregulación energética y la liberalización de precios de los energéticos, ahora están desaparecidos o, puede ser, camuflados en los argumentos de tiempos de nacionalismo energético. A pesar de que las posturas sobre la iniciativa comienzan, someramente, a diferenciarse, ya surgen presiones desde otros sectores: el financiero, por ejemplo. Además, desde la tribuna presidencial se presiona para que los partidos se definan, apunten hacia sus intereses y abandonen el terrero cómodo de la neutralidad. Parece que se busca la confrontación política, ya sea como un objetivo en sí misma o para acelerar la búsqueda de votos legislativos para la aprobación de la Reforma.

  • Un cambio de las dimensiones en que se presupone la Reforma Eléctrica trastoca intereses, algunos de ellos son visibles, otros, están ocultos. La modificación de las dinámicas del Sistema Eléctrico Nacional puede suponer la mejora o, dada la existencia de riesgos, la pérdida de competitividad del país.

También es previsible el impacto en los precios de la energía, estos pueden ser positivos o negativos, hay una discusión sobre los beneficios en este rubro, sobre todo porque ha sido citado como uno de los objetivos principales de la modificación constitucional y legal.

A pesar de los objetivos nacionales y la previsible confrontación política en este tema, se han sumado más actores de la vida pública a posicionarse. El caso de la agencia calificadora Moody’s es el más representativo; ha indicado que la Reforma Eléctrica, sobre todo en lo correspondiente a la desaparición de organismos autónomos encargados de garantizar elementos de competencia están en el limbo. Ha sentenciado que la Reforma puede tener consecuencias en términos crediticios para el sector energético nacional, dado que "disminuye la transparencia operativa, desaliente inversiones de privados, frena las energías renovables". Dichos argumentos son, razonablemente debatibles.

El debate puede adquirir tres dimensiones incluyentes o excluyentes entre sí. La primera dimensión del debate puede ser la ideológica; sobre todo en un país como México en el que el control energético del Estado es una aspiración del régimen posrevolucionario, es decir que existe un trasfondo histórico de esa aspiración. Sin embargo, el debate ideológico, es para el caso, la dimensión menos deseable. La segunda vertiente que el debate puede seguir está determinada por una visión meramente técnica y economicista, aquí los argumentos financieros y de factibilidad económica pueden tener lugar, no obstante, la discusión centrada en esta dimensión puede excluir las posturas más relacionadas con los beneficios sociales. La tercera faceta del debate energético en el país puede estar vinculada con la seguridad, es decir, mientras la inestabilidad de los energéticos pone a prueba al mundo, contar con una empresa y mercado nacional sólidos, apunta en la dirección de mejor posición en términos de seguridad energética y por tanto nacional.

En la ruta legislativa que tendrá que seguir la Reforma, deberá fijarse los términos y las áreas de debate más importantes, incluirse a la mayor parte de los grupos que pueden tener interés en el tema y debatir abiertamente. Si estas condiciones de apertura no se cumplen y, además el debate se centra solamente en alguna de las tres dimensiones, excluyendo a las demás, puede presumirse que la Reforma Eléctrica (quizás una de las reformas más relevantes del actual gobierno) desembocará en el encono y el conflicto político.