/ sábado 7 de noviembre de 2020

Los Avatares de Nuestro Tiempo | La revocación del mandato

La utilidad de la figura de la revocación de mandato se coloca en cuestionamiento, inequívocamente por la presencia de desconfianza hacia los discursos, acciones, programas, decisiones que tienen que ver con política. También, se pone en duda porque existen muchas posiciones escépticas acerca de la genuina búsqueda de evaluación ciudadana permanente por parte de gobernantes en funciones; encima de todo, los adagios que entre las y los ciudadanos circulan, corren en torno a que la revocación de mandato no es más que un artilugio discursivo

Sin embargo, me parece valioso que en la esfera del debate político se instaure el tema de la revocación como una figura mediante la cual la ciudadanía tenga capacidad y un camino de participación manifestado en las leyes, para decidir la continuidad o la salida de determinado gobernante, antes de la conclusión del período para el cual fue electo. Sucintamente, la idea de que nuestros gobernantes estén sujetos a la evaluación y el monitoreo permanente por parte de la población es atractiva y, además, responde al compromiso democrático que nuestra vida pública demanda.

Empero, esta figura jurídica tiene críticas bien consideradas. La crítica principal a la revocación de mandato es que coloca al gobernante en una posición no deseada, programáticamente coloca a los planes y políticas del gobierno en un escenario de inestabilidad y, por tanto, sus resultados -en tanto que no tienen garantizada la continuidad, por al menos su presencia por seis años para el caso de México- no tienen certezas para ser asegurados. Sumado a estas consecuencias en la eficacia y eficiencia de la intervención del gobierno en la vida pública, existe un efecto que desvirtúa la vida democrática: la polarización de la sociedad, en tanto se tienen posturas maniqueas de manera permanente: unos sí quieren al presidente [¡sí, que se quede!], otros quieren que se marche [¡no, que se vaya!]; y no hay posibilidades de más. Por lo que las consideraciones, sobre cómo se reglamenta la revocación, deben estar presentes en la discusión, para evitar que la figura, impulsada incluso por el Presidente López Obrador, pierda sus virtudes y se inunde de riesgos y desaciertos.

En este último señalamiento sobre la legislación que daría lugar a la revocación de mandato, es necesario colocar énfasis sobre varios elementos: quién puede convocar el procedimiento de la revocación, puede ser elaborado como una petición del presidente o de la ciudadanía o, por el contrario, será un procedimiento fijo y periódico; paralelamente se debe expresar la periodicidad del proceso y si coincidirá con otros procesos electorales; qué institución será la responsable de la organización del proceso; cuánto significará, en términos presupuestales, la organización del proceso; fijar si existirá la posibilidad de recurrir a instancias judiciales para cancelar los efectos del procedimiento o reponerlo. Esta reglamentación también debe fijar un proceso para la reorganización del gobierno, dada la posibilidad de que el gobernante en turno, enfrente la revocación de su mandato.

Es necesario señalar que, la idea es positiva para, por fin, lograr la vinculación de las decisiones gubernamentales con los intereses y problemas reales que la población enfrenta en México, después de mucho tiempo en que han estado distanciadas unos y otros. La revocación de mandato orillará a los gobernantes a escuchar más y estimular la participación ciudadana, así como a brindar resultados en términos de políticas públicas, en menor tiempo; y abandonar el esquema en el que se decidía de manera arbitraria.

Ahora bien, este tipo de procesos políticos, también abre la posibilidad de que se presenten "guerras sucias" contra los gobernantes, provocadas por la oposición política u otros poderes fácticos interesados en la salida de cierto grupo político o actor en el gobierno; por lo que la manera de neutralizar ese riesgo es, mantener intacto el genuino interés de las y los ciudadanos por decidir sobre el futuro de su gobierno y, por tanto, en buena medida, de la vida pública.

Habrá que entrar al debate y esperar el desenlace de este proceso, sobre todo en el marco de una transformación público que, a todas luces, requiere de invenciones auténticas que rompan con el status quo y abonen, en cuanto a simbolismo se refiere, a la idea de que realmente se está suscitando un cambio.

La utilidad de la figura de la revocación de mandato se coloca en cuestionamiento, inequívocamente por la presencia de desconfianza hacia los discursos, acciones, programas, decisiones que tienen que ver con política. También, se pone en duda porque existen muchas posiciones escépticas acerca de la genuina búsqueda de evaluación ciudadana permanente por parte de gobernantes en funciones; encima de todo, los adagios que entre las y los ciudadanos circulan, corren en torno a que la revocación de mandato no es más que un artilugio discursivo

Sin embargo, me parece valioso que en la esfera del debate político se instaure el tema de la revocación como una figura mediante la cual la ciudadanía tenga capacidad y un camino de participación manifestado en las leyes, para decidir la continuidad o la salida de determinado gobernante, antes de la conclusión del período para el cual fue electo. Sucintamente, la idea de que nuestros gobernantes estén sujetos a la evaluación y el monitoreo permanente por parte de la población es atractiva y, además, responde al compromiso democrático que nuestra vida pública demanda.

Empero, esta figura jurídica tiene críticas bien consideradas. La crítica principal a la revocación de mandato es que coloca al gobernante en una posición no deseada, programáticamente coloca a los planes y políticas del gobierno en un escenario de inestabilidad y, por tanto, sus resultados -en tanto que no tienen garantizada la continuidad, por al menos su presencia por seis años para el caso de México- no tienen certezas para ser asegurados. Sumado a estas consecuencias en la eficacia y eficiencia de la intervención del gobierno en la vida pública, existe un efecto que desvirtúa la vida democrática: la polarización de la sociedad, en tanto se tienen posturas maniqueas de manera permanente: unos sí quieren al presidente [¡sí, que se quede!], otros quieren que se marche [¡no, que se vaya!]; y no hay posibilidades de más. Por lo que las consideraciones, sobre cómo se reglamenta la revocación, deben estar presentes en la discusión, para evitar que la figura, impulsada incluso por el Presidente López Obrador, pierda sus virtudes y se inunde de riesgos y desaciertos.

En este último señalamiento sobre la legislación que daría lugar a la revocación de mandato, es necesario colocar énfasis sobre varios elementos: quién puede convocar el procedimiento de la revocación, puede ser elaborado como una petición del presidente o de la ciudadanía o, por el contrario, será un procedimiento fijo y periódico; paralelamente se debe expresar la periodicidad del proceso y si coincidirá con otros procesos electorales; qué institución será la responsable de la organización del proceso; cuánto significará, en términos presupuestales, la organización del proceso; fijar si existirá la posibilidad de recurrir a instancias judiciales para cancelar los efectos del procedimiento o reponerlo. Esta reglamentación también debe fijar un proceso para la reorganización del gobierno, dada la posibilidad de que el gobernante en turno, enfrente la revocación de su mandato.

Es necesario señalar que, la idea es positiva para, por fin, lograr la vinculación de las decisiones gubernamentales con los intereses y problemas reales que la población enfrenta en México, después de mucho tiempo en que han estado distanciadas unos y otros. La revocación de mandato orillará a los gobernantes a escuchar más y estimular la participación ciudadana, así como a brindar resultados en términos de políticas públicas, en menor tiempo; y abandonar el esquema en el que se decidía de manera arbitraria.

Ahora bien, este tipo de procesos políticos, también abre la posibilidad de que se presenten "guerras sucias" contra los gobernantes, provocadas por la oposición política u otros poderes fácticos interesados en la salida de cierto grupo político o actor en el gobierno; por lo que la manera de neutralizar ese riesgo es, mantener intacto el genuino interés de las y los ciudadanos por decidir sobre el futuro de su gobierno y, por tanto, en buena medida, de la vida pública.

Habrá que entrar al debate y esperar el desenlace de este proceso, sobre todo en el marco de una transformación público que, a todas luces, requiere de invenciones auténticas que rompan con el status quo y abonen, en cuanto a simbolismo se refiere, a la idea de que realmente se está suscitando un cambio.