/ sábado 25 de enero de 2020

Los Avatares de Nuestro Tiempo | México en el Índice de Percepción de la Corrupción

  • En materia de gobierno y administración pública, los asuntos solamente pasan a ser considerados como problemas públicos, en tanto generan afectaciones a un grupo poblacional o a la sociedad en general, y éste lo expresa en el ámbito democrático de la libre manifestación de ideas, asociación y manifestación. Además, este paso en el diagrama de atención gubernamental también está definido por el análisis por parte de los actores involucrados y en consecuencia su instalación en la agenda pública.

En este sentido, la corrupción sí debe entenderse como un problema público con origen diverso, multifactorial y de consecuencias con efecto multiplicador, como es: el daño al patrimonio público; el aumento de la desigualdad social en tanto los servicios y bienes públicos adquieren prácticamente una connotación de mercancía con la que se obtienen dividendos económicos; la deficiencia en la atención a ejes estratégicos o prioritarios para el desarrollo; la creciente desconfianza hacia las instituciones públicas, entre otras. Por esta razón fundamental, en México como en muchas otras partes del mundo, se habla de combatir, prevenir, detectar y sancionar los casos de corrupción, como elementos sustantivos para lograr el desarrollo social y económico. La corrupción no es un artilugio discursivo, es una realidad, así lo demuestra el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, elaborado y publicado por Transparencia Internacional, el 23 de enero del 2020.

El mencionado índice tiene como objeto registrar la opinión de analistas, empresarias, empresarios y académicos de todo el mundo sobre su percepción de la corrupción en 180 países, entre los cuales se encuentra México. Los resultados ubican a nuestro país en el lugar 130, con una puntuación de 29 puntos de 100 posibles en una escala del “0” al “100”, en la que “0”; con este resultado se detuvo una caía de cinco años consecutivos en la calificación de la percepción.

A pesar de que el resultado se puede considerar alentador, también es real que existen una innumerable cantidad de retos que deben enfrentarse a través de políticas públicas, innovación tecnológica, fortalecimiento institucional y compromiso real con la prevención de los casos de corrupción. Así se demuestra con datos del propio índice, dado que México aún está por debajo de países como Brasil y Bolivia, en lo que se refiere a los integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ocupando el último lugar del listado; resulta sorprendente que México -en tanto país con altos niveles de inversión y larga historia en la atención del problema público de la corrupción- aún mantenga esta calificación promedio y se halle tan distanciado de países mejor evaluados en la región, como es el caso de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá (ahora se entiende el por qué la insistencia del tópico en la negociaciones del nuevo tratado comercial).

Los resultados de este tipo de informes elaborados por instituciones con presencia internacional no deben pasar desapercibidos. En el exterior la consulta de estadísticas como estas, son la regla y no la excepción, fungen también como indicadores de competitividad, lo que condiciona la capacidad de los países para atraer inversión extranjera.

Presumiblemente, hemos hallado la respuesta para orientar, coordinar e integrar los esfuerzos para combatir la corrupción, incluso Transparencia Internacional lo señala, diciendo: las recomendaciones para México, deben ir en el sentido de “consolidar su sistema anticorrupción, sobre todo a nivel subnacional”. En efecto, los actores políticos deben vislumbrar un diseño institucional sólido que logre coordinar las políticas públicas relacionadas directa o indirectamente con el control de la corrupción, por ejemplo: transparencia, fiscalización, rendición de cuentas, gobierno y datos abiertos, etc.

Reitero, el problema de la corrupción no es una falacia, es una afectación directa al desarrollo de México. Su atención debe ser prioritaria y estratégica, también la sociedad debe ser partícipe de la construcción de iniciativas propias de la organización social, de la inteligencia civil y, en general, del conocimiento extendido entre la población; esa es la nueva forma de atender los problemas públicos, aún más si se trata de la corrupción.

Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz

Twitter: @EnriqueBermC

  • En materia de gobierno y administración pública, los asuntos solamente pasan a ser considerados como problemas públicos, en tanto generan afectaciones a un grupo poblacional o a la sociedad en general, y éste lo expresa en el ámbito democrático de la libre manifestación de ideas, asociación y manifestación. Además, este paso en el diagrama de atención gubernamental también está definido por el análisis por parte de los actores involucrados y en consecuencia su instalación en la agenda pública.

En este sentido, la corrupción sí debe entenderse como un problema público con origen diverso, multifactorial y de consecuencias con efecto multiplicador, como es: el daño al patrimonio público; el aumento de la desigualdad social en tanto los servicios y bienes públicos adquieren prácticamente una connotación de mercancía con la que se obtienen dividendos económicos; la deficiencia en la atención a ejes estratégicos o prioritarios para el desarrollo; la creciente desconfianza hacia las instituciones públicas, entre otras. Por esta razón fundamental, en México como en muchas otras partes del mundo, se habla de combatir, prevenir, detectar y sancionar los casos de corrupción, como elementos sustantivos para lograr el desarrollo social y económico. La corrupción no es un artilugio discursivo, es una realidad, así lo demuestra el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, elaborado y publicado por Transparencia Internacional, el 23 de enero del 2020.

El mencionado índice tiene como objeto registrar la opinión de analistas, empresarias, empresarios y académicos de todo el mundo sobre su percepción de la corrupción en 180 países, entre los cuales se encuentra México. Los resultados ubican a nuestro país en el lugar 130, con una puntuación de 29 puntos de 100 posibles en una escala del “0” al “100”, en la que “0”; con este resultado se detuvo una caía de cinco años consecutivos en la calificación de la percepción.

A pesar de que el resultado se puede considerar alentador, también es real que existen una innumerable cantidad de retos que deben enfrentarse a través de políticas públicas, innovación tecnológica, fortalecimiento institucional y compromiso real con la prevención de los casos de corrupción. Así se demuestra con datos del propio índice, dado que México aún está por debajo de países como Brasil y Bolivia, en lo que se refiere a los integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ocupando el último lugar del listado; resulta sorprendente que México -en tanto país con altos niveles de inversión y larga historia en la atención del problema público de la corrupción- aún mantenga esta calificación promedio y se halle tan distanciado de países mejor evaluados en la región, como es el caso de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá (ahora se entiende el por qué la insistencia del tópico en la negociaciones del nuevo tratado comercial).

Los resultados de este tipo de informes elaborados por instituciones con presencia internacional no deben pasar desapercibidos. En el exterior la consulta de estadísticas como estas, son la regla y no la excepción, fungen también como indicadores de competitividad, lo que condiciona la capacidad de los países para atraer inversión extranjera.

Presumiblemente, hemos hallado la respuesta para orientar, coordinar e integrar los esfuerzos para combatir la corrupción, incluso Transparencia Internacional lo señala, diciendo: las recomendaciones para México, deben ir en el sentido de “consolidar su sistema anticorrupción, sobre todo a nivel subnacional”. En efecto, los actores políticos deben vislumbrar un diseño institucional sólido que logre coordinar las políticas públicas relacionadas directa o indirectamente con el control de la corrupción, por ejemplo: transparencia, fiscalización, rendición de cuentas, gobierno y datos abiertos, etc.

Reitero, el problema de la corrupción no es una falacia, es una afectación directa al desarrollo de México. Su atención debe ser prioritaria y estratégica, también la sociedad debe ser partícipe de la construcción de iniciativas propias de la organización social, de la inteligencia civil y, en general, del conocimiento extendido entre la población; esa es la nueva forma de atender los problemas públicos, aún más si se trata de la corrupción.

Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz

Twitter: @EnriqueBermC