En México y en prácticamente todo América Latina, la pobreza y la desigualdad han sido uno de los principales problemas públicos por resolver. En consecuencia, se constituyeron como temas de debate político con posiciones diversas acerca de cuáles son las medidas y políticas públicas para resolverlos.
En la región se perfilaron mayormente tres posturas que –dicho sea– no son necesariamente excluyentes entre sí: la primera está vinculada a la conformación de instituciones y políticas públicas para que desde el Estado se ofrezcan bienes y servicios para el bienestar social; la segunda es la razón neoliberal que identificaba al mercado como un satisfactor de necesidades por lo que debían construirse condiciones de competencia idóneas y mejorar las capacidades de ingreso de las personas; la tercera y última es la tendencia general hacia la implementación de programas de transferencia monetarias directas a hogares o individuos.
La selección del tipo de solución al problema de la pobreza y la desigualdad refleja el diagnóstico dado al asunto y la concepción de qué actores son los responsables de plantear previsiones de mejora. Para algunos es el Estado –en tanto organización política de la sociedad– el que debe ofrecer bienes y servicios para beneficiar la población en tal condición y dado que la condición de pobreza y desigualdad se comporta como un fenómeno transgeneracional, se ha planteado que los servicios con mayor significancia para superar tal estatus son el de salud y educación públicas.
Sin embargo, la construcción de instituciones oferentes de tales bienes y servicios es una tarea cuesta arriba. Tiene implicaciones tributarias, presupuestarias, organizaciones, burocráticas y de aprendizaje institucional que –en muchas de las ocasiones– tiene costos políticos que nadie desea asumir y resultados paulatinos que no compaginan con los tiempos políticos siempre exigentes de la inmediatez. Por ello, en México y América Latina triunfó –en el mejor de los casos– la solución de los programas de transferencias directas ya sea condicionadas (como el caso de Prospera, Progresa y Oportunidades) o transferencias universales como la Pensión a los Adultos Mayores.
Esta crítica a la sección de los programas de transferencias monetarias radica en que –en el fondo– tiene una vinculación directa con la idea de que las personas puedes decidir, a partir de la tenencia de recursos económicos, cómo satisfacer sus necesidades humanas. Para tal caso, el Estado invierte recursos en la dispersión de dinero a partir de una lógica de consumo. Empero, no se consideran los escenarios en los que las transferencias directas resultan insuficientes para acceder a bienes y servicios (como el caso de la salud) que tienen impacto severo en su capacidad de rebasar la línea de la pobreza.
Justo sobre esto se construye una paradoja en el México actual. Los datos publicados por el Consejo Nacional Evaluación de la Política Social (Coneval) indican que, entre 2018 y 2022, la población en situación de pobreza a nivel nacional pasó de 41.9% a 36.3%, es decir, de 51.9 a 46.8 millones de personas. Además, otra de las estadísticas alentadoras es la disminución de la pobreza por ingresos; al respecto, la población con ingreso inferior a la línea de la pobreza por ingresos pasó de 49.9% a 43.5% y la población con ingresos inferiores a la línea de la pobreza extrema cambió de 14.0% a 12.1% en el lapso de 2018 a 2022.
El comportamiento de la caída de los niveles de pobreza puede estar asociado a diferentes factores. El primero es la rápida recuperación de la economía nacional frente a la crisis mundial provocada por la pandemia en 2020. Otra posible explicación es la aparente mejora de las condiciones de desarrollo de los mercados de trabajo formales ante la modificación del salario mínimo y el fenómeno del nearshoring que beneficia a la economía mexicana. Otro argumento es la eficacia de las transferencias monetarias del gobierno a hogares e individuos. La realidad es que tendría que realizarse un ejercicio estadístico minucioso para conocer la significancia que tienen los resultados de los programas sociales en la mejora estadística de los ingresos de la población.
No obstante, aquí se encuentra la paradoja. A pesar de que la pobreza por ingresos ha disminuido, ahora hay más por pobreza por carencias sociales. Es decir, aunque las personas ahora tienen más dinero a su disposición, enfrentan mayores dificultades para acceder a bienes y servicios, como el caso de la salud. Los mismos datos del Coneval indican que, de 2018 al 2022, el porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 16.2% a 39.1% lo que representa un cambio de 20.1 a 50.4 millones de personas. Esta parece ser una dificultad estructural en México para satisfacer el derecho a la salud, quizás, sucede por la tendencia (mencionada anteriormente) a evadir el gran reto de construir y mejorar instituciones. Se ha preferido trasladar la responsabilidad de los servicios de salud que entrar a la ardua tarea de mejorarlos y modificarlos sustancialmente.
Esta tesis se demuestra cuando se consulta el número de persona que presentaron problemas de salud y el lugar donde tuvieron que atender el padecimiento o enfermedad.
Al respecto, el Coneval indica que en 2018 un total de 44 millones 907 mil 464 personas presentaron problemas de salud y el 50.1% recibió atención médica en consultorías y hospitales privados; consultorías de farmacia, curanderos o medicina tradicional mexicana u otros lugares; en tanto, para 2022, del total de 49 millones 299 mil 119 personas que tuvieron problemas de salud, el 63.2% se atendió fuera de los espacios de salud pública.
Este terrible escenario representa un enorme riesgo para garantizar salud entre la población. Entre las deficiencias de los servicios públicos y las dificultades para cubrir los costos de los servicios privados de salud, la población –ahora con aparentes mejores ingresos– pende de un hilo delgado. Este asunto paradójico debe atraer toda la atención de los gobiernos en todos los niveles. Es una responsabilidad máxima.
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