Los atavismos respecto a temas políticos siempre están presentes, por eso las ideas progresistas encuentran resistencias en el conservadurismo retacado de arcaísmos incluso incomprensibles con el paso del tiempo; la modificación al statu quo -casi siempre reacio a los cambios y transformaciones- es una de las tareas más complicadas en la acción de gobierno, requiere de argumentos, persuasión, debate y estrategias para lograr los cambios deseados.
En este contexto bien puede incluirse el análisis y evaluación del sistema de pensiones mexicano, el cual por varias razones está situado en dos crisis fundamentales: la primera ceñida a la cobertura, acceso y satisfacción del nivel de vida de las personas en retiro de la vida laboral productiva y, la segunda referida a la fragilidad financiera de éstas, por varias razones entre las que destacan la informalidad en la economía, las bajas aportaciones patronales y el incremento -anual- de las personas en retiro dado el incremento en la esperanza de vida, sobre todo en los últimos treinta años.
El tema de la finalización de la vida laboral productiva de las personas es un tópico de política pública. Los gobiernos y el sector empresarial y en general la economía formal debió explorarlo -en el caso de México- desde por lo menos entrado el año 2010, momento en el que existían suficiente pruebas de que la reforma pensionaria de 1997 había sido deficiente y lejos de garantizar la cobertura, había suprimido la posibilidad de consolidar una de las políticas de seguridad social más importantes para cualquier país, además de nulificar del imaginario generacional (para los más jóvenes) la posibilidad de tener certezas al término de su vida laboral, en el retiro.
Si consideramos que dicha reforma de 1997 fue aprobada en un contexto poscrisis, una de las fuertes de México, la cual desencadenó incluso el fenómeno del "efecto tequila" en la economía global. En ese escenario se ubica dicha reforma. Tan sólo la Organización Internacional del Trabajo señala la reducción de la cobertura del 37% al 30% en el período de 1997 al 2004. Cifras más recientes, publicadas por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas también señalan que a partir de "aforización" de las pensiones en México el 75% de la generación a partir de la reforma no habrá alcanzado las 1,250 semanas para tener una pensión. Es decir, el sistema de pensiones no tiene ni tendrá pensionados. Vaya paradoja.
En este contexto, se comprende la necesidad de cambio. No es sencillo. Hay muchas y diversas resistencias que señalan la inviabilidad presupuestal, la fragilidad fiscal del Estado y sobre todo ubican a la posible reforma pensionaria como un detonador de la baja inversión, si es esta considera la alza en las aportaciones patronales en el esquema mixto de pensiones. Nada más erróneo. Y, para sorpresa de los escépticos, esta semana el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un proyecto de reforma al sistema de pensiones que básicamente buscará que: el trabajador aumente su pensión en un 40%, el límite inicial para recibir pensión garantizada se reduzca de 25 a 15 años e incremento representativo en la aportación patronal.
La propuesta realmente sorprendió sobre todo en el entorno de incertidumbre en el que la economía tiene lugar actualmente y, también por la pérdida de foco en la discusión pública. Sin embargo, resulta benéfico para la sociedad que por fin se comience a debatir sobre uno de los temas realmente sustantivos y que en otros países -por ejemplo, Grecia- el manejo en los sistemas de pensiones ha provocado crisis severas y derrumbe de las finanzas públicas. Empero, si de verdad se busca formar un Estado de Bienestar, asegurar la vida digna de las personas en el retiro resulta fundamental, no solamente por una cuestión de ingresos económicos sino el concepto amplio de bienestar y seguridad social que debe considerar, entre otros temas, el acceso a servicios de salud. Tan relevante como eso.
El proyecto presentado pasará al legislativo y ahí seguramente habrá decenas o centenares de cabilderos de la iniciativa privada. Por ello los ejercicios de parlamento abierto y la búsqueda de consensos con los sectores y actores estratégicos involucrados, determinará el grado de éxito de la reforma en su aprobación y eliminará cualquier viso de discrecionalidad en la formación de mejores esquemas de pensiones que realmente busquen generar bienestar a la población en general.
Bien conviene recordar a Maquiavelo: "Nada hay más difícil de llevar a cabo, ni de éxito más dudoso, ni más peligroso de manejar, que iniciar un nuevo orden de cosas". Resulta verídico y será interesante el comportamiento político de la propuesta, mientras el beneplácito de una propuesta seria tras 23 años del sostenimiento de una generación "aforada" y destinada a ver un retiro incierto. Ojalá avance, el tema está puesto en la mesa.
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