/ sábado 27 de marzo de 2021

Los Avatares de Nuestro Tiempo | Por los derechos de los animales

El progreso civilizatorio en el mundo ha sido entendido desde diferentes criterios; quizás el más recurrente trata de visibilizar los avances en términos de mejora de la calidad de vida de las personas. Es decir, el símil entre progreso y desarrollo, en ocasiones, meramente económico. Realmente se debe destacar la mejora en los indicadores de bienestar de las personas y con ello de la humanidad: incremento en la esperanza de vida, disminución de la propagación de enfermedades mortales, etc. No obstante, otro criterio para entender el proceso civilizatorio rebasa la visión aislacionista de actuar solamente por la permanencia y sobrevivencia de la especie humana, sino considerar además seres vivos y a los propios ecosistemas, de ahí que sea imperioso avanzar en el reconocimiento del derecho a un sano medio ambiente y los derechos de los animales.

En el año 2016 se publicó un libro provocador titulado "Un animal es una persona" de la autoría del estadounidense Franz-Oliver Giesbert. El texto es básicamente en palabras del autor: "una celebración a los animales para invitar a todos a reconciliarnos con su mundo, del que la humanidad lleva tanto tiempo excluyéndose y con el que, en realidad, no constituye sino uno solo, ya que nuestros destinos irán unidos en lo bueno y en lo malo mientras dure la vida en nuestro planeta". Conmovedor, consignatario y reclamador del respeto a todos los seres vivos, es una recomendación infaltable para la sensibilización de la relevancia humanista del reconocimiento de derechos y buen trato a los animales.

En este contexto, destaco las reformas al Código Penal Federal, discutidas y aprobadas esta semana por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Los cambios colocan nuevas sanciones en delitos que atenten contra la vida e integridad de los animales, las penas pueden ser de hasta de 2 años de prisión y multa de 150 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Es digno de reconocimiento, aunque también supone varios retos organizacionales para hacer operable la ley, incentivar la denuncia ante la presencia de actos de violencia contra los animales, sensibilizar a la autoridad sancionadora y una interminable cantidad de supuestos.

Ahora bien, aunque la aprobación de las reformas es un buen avance, es real que el establecimiento de cargas punitivas no necesariamente incide en el cambio de conductas y comportamientos sociales. El paso siguiente es trabajar en políticas públicas serias que favorezcan el bienestar animal. Según la Encuesta Nacional de Calidad Pública Urbana 2016, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Semarnat recibió alrededor de 4 mil 200 quejas sobre animales maltratados; si la cifra alcanza niveles de asombro en muchas personas, el subregistro registro a nivel local (estados y municipios) terminaría como aterrar a más. Por esta compleja realidad es que se deben formular políticas públicas, fortalecer a las instituciones con que contamos hoy relacionadas con el tema como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para el caso de fauna silvestre, replicar programas con relativo éxito como la unidad de rescate canino implementada por el Sistema Metro en la Ciudad de México; incentivar el apoyo y ayuda presupuesta a organizaciones de la sociedad civil dedicadas al rescate y protección de animales de compañía que padecen de violencia o maltrato.

En términos prácticos, el proceso civilizatorio pasa por modificar conductas y prácticas incluso socialmente aceptadas, en beneficio de poblaciones desfavorecidas históricamente, como los animales.

En otras latitudes del mundo la legislación no se ha limitado a oficializar penas, multas o sanciones diversas ante la acción cometida de maltrato a los animales (perros y gatos, los más recurrentes en situación de maltrato), más bien ha avanzado hacia la construcción de leyes para el bienestar animal.

En esta misma sintonía, organizaciones internacionales han urgido a México por diseñar institucionalmente mecanismos que favorezcan la vida de todo ser vivo; para el caso de animales empleados en la producción de alimentos, también fijar estándares de vida digna. Es urgente cambiar nuestra realidad actual. El proceso civilizatorio no es lineal o automático, hay que trabajar en favor de los derechos de todo ser vivo y la agenda animalista está en los primeros lugares de la lista por impulsar cambios, modificar conductas, implementar conductas y programas públicos y, sobre todo, concientizar a nuestra condición humana a veces pensada unilateralmente o aislada, enfrentarnos y ver a los problemas de los otros, aquellos que habitan el mismo mundo, el de todos.

El progreso civilizatorio en el mundo ha sido entendido desde diferentes criterios; quizás el más recurrente trata de visibilizar los avances en términos de mejora de la calidad de vida de las personas. Es decir, el símil entre progreso y desarrollo, en ocasiones, meramente económico. Realmente se debe destacar la mejora en los indicadores de bienestar de las personas y con ello de la humanidad: incremento en la esperanza de vida, disminución de la propagación de enfermedades mortales, etc. No obstante, otro criterio para entender el proceso civilizatorio rebasa la visión aislacionista de actuar solamente por la permanencia y sobrevivencia de la especie humana, sino considerar además seres vivos y a los propios ecosistemas, de ahí que sea imperioso avanzar en el reconocimiento del derecho a un sano medio ambiente y los derechos de los animales.

En el año 2016 se publicó un libro provocador titulado "Un animal es una persona" de la autoría del estadounidense Franz-Oliver Giesbert. El texto es básicamente en palabras del autor: "una celebración a los animales para invitar a todos a reconciliarnos con su mundo, del que la humanidad lleva tanto tiempo excluyéndose y con el que, en realidad, no constituye sino uno solo, ya que nuestros destinos irán unidos en lo bueno y en lo malo mientras dure la vida en nuestro planeta". Conmovedor, consignatario y reclamador del respeto a todos los seres vivos, es una recomendación infaltable para la sensibilización de la relevancia humanista del reconocimiento de derechos y buen trato a los animales.

En este contexto, destaco las reformas al Código Penal Federal, discutidas y aprobadas esta semana por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Los cambios colocan nuevas sanciones en delitos que atenten contra la vida e integridad de los animales, las penas pueden ser de hasta de 2 años de prisión y multa de 150 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Es digno de reconocimiento, aunque también supone varios retos organizacionales para hacer operable la ley, incentivar la denuncia ante la presencia de actos de violencia contra los animales, sensibilizar a la autoridad sancionadora y una interminable cantidad de supuestos.

Ahora bien, aunque la aprobación de las reformas es un buen avance, es real que el establecimiento de cargas punitivas no necesariamente incide en el cambio de conductas y comportamientos sociales. El paso siguiente es trabajar en políticas públicas serias que favorezcan el bienestar animal. Según la Encuesta Nacional de Calidad Pública Urbana 2016, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Semarnat recibió alrededor de 4 mil 200 quejas sobre animales maltratados; si la cifra alcanza niveles de asombro en muchas personas, el subregistro registro a nivel local (estados y municipios) terminaría como aterrar a más. Por esta compleja realidad es que se deben formular políticas públicas, fortalecer a las instituciones con que contamos hoy relacionadas con el tema como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para el caso de fauna silvestre, replicar programas con relativo éxito como la unidad de rescate canino implementada por el Sistema Metro en la Ciudad de México; incentivar el apoyo y ayuda presupuesta a organizaciones de la sociedad civil dedicadas al rescate y protección de animales de compañía que padecen de violencia o maltrato.

En términos prácticos, el proceso civilizatorio pasa por modificar conductas y prácticas incluso socialmente aceptadas, en beneficio de poblaciones desfavorecidas históricamente, como los animales.

En otras latitudes del mundo la legislación no se ha limitado a oficializar penas, multas o sanciones diversas ante la acción cometida de maltrato a los animales (perros y gatos, los más recurrentes en situación de maltrato), más bien ha avanzado hacia la construcción de leyes para el bienestar animal.

En esta misma sintonía, organizaciones internacionales han urgido a México por diseñar institucionalmente mecanismos que favorezcan la vida de todo ser vivo; para el caso de animales empleados en la producción de alimentos, también fijar estándares de vida digna. Es urgente cambiar nuestra realidad actual. El proceso civilizatorio no es lineal o automático, hay que trabajar en favor de los derechos de todo ser vivo y la agenda animalista está en los primeros lugares de la lista por impulsar cambios, modificar conductas, implementar conductas y programas públicos y, sobre todo, concientizar a nuestra condición humana a veces pensada unilateralmente o aislada, enfrentarnos y ver a los problemas de los otros, aquellos que habitan el mismo mundo, el de todos.