La revocación de mandato en México responde a una historia compleja de transformación de las instituciones a partir de las presiones sociales. Si se analiza la historia del país en la parte última de la segunda mitad del siglo XX, se encontrará que el régimen y, en general el sistema político contaba rigidez que impedía o dificultaba la idea de cambio y procesaba muy lentamente las preferencias de la sociedad, sus manifestaciones y propuestas de modificación. Es decir, las instituciones permanecían estáticas aún ante la protesta social y la acción política de grupos que exigían, por ejemplo, más democracia.
Sumado a ese contexto histórico, la condición de contar con un sistema de partido único o, eufemísticamente, un sistema de partido hegemónico facilitaba que las consignas y demandas de cambio, se perdieran y no encontraran caminos institucionales para ser consideradas. De tal manera, la sociedad contaba con pocos instrumentos para encauzar sus descontentos y calificar la acción de gobierno a partir de una evaluación no exhaustiva para premiar o castigar. Es probable que el único elemento con esas características hayan sido las elecciones para elegir gobernantes y representantes, sin embargo, dadas las condiciones políticas, a pesar de que México celebró elecciones periódicas (aparentemente libres en el siglo XX), es claro que no fungía como un proceso en el que la ciudadanía pudiese gestar cambios relevantes.
Eso cambió. La transición a la democracia, o más bien la alternancia política en el año 2000, se explica a partir de un par de dimensiones: primero la transición desde las instituciones, es decir que la alternancia solamente tiene explicación dadas las reformas electorales (1977, 1997) que permitieron abrir la competencia electoral y, segundo, la dimensión de la participación política amplia, que tiene poder explicativo en tanto la transición fue resultado de las múltiples presiones económicas y política dadas al gobierno por las múltiples crisis suscitadas. En conjunto demuestran que el gran cambio a inicios del siglo XXI fue provocado por las presiones sociales que terminan generando cambios institucionales.
Dicha narrativa ha sido punto de apoyo del actual sistema político mexicano, empero, las exigencias de mayor participación por parte de la sociedad han orillado a la creación de un mayor número de mecanismos de democracia participativa. Es decir, la creación de esquemas en los que la sociedad pueda incidir directamente en la toma de decisiones de carácter público y no solamente en el ejercicio de su sufragio en procesos electorales. En ese hilo discursivo tienen lugar los instrumentos como: las consultas, el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato. Al respecto hay muchas discusiones acerca de la inviabilidad de tales instrumentos, dado que se presupone que -ante el evidente cambio que pueden generar- la incertidumbre y la inestabilidad pueden ser consecuencias no previstas del ejercicio de tales figuras institucionales.
La revocación de mandato, específicamente en el nivel de Presidente de la República, tiene una lógica de presunta evaluación permanente de los rendimientos y desempeño del gobernante en la elaboración de políticas públicas y las previsiones de mejor desarrollo. Sintéticamente significaría empoderar a la sociedad para que sus análisis de la situación que atraviesa el país puedan ser vinculantes con el cambio político. Evidentemente esta lógica rompe con la inercia de imposibilidad de cambio notado en la historia reciente del país. Sin embargo, es importante reconocer que dicha figura (revocación de mandato) debe realizarse en un entorno de respeto total a las normas y se parte del razonamiento de información igualada entre la población. Eso es, en palabras correctas, un desacierto.
A pesar de que es deseable que la sociedad cuente con mejores herramientas de participación política en democracia y que la figura de la revocación de mandato tiene visos positivos, en México parece tener un propósito de evaluación estratégica partidista. El cálculo de utilidades ya está trasladado hacia 2024, el ejercicio ciudadano de revocación servirá al actual partido político en el gobierno para observar comportamientos sociales, evaluar la magnitud actual de la figura presidencial, medir la capacidad de movilización con que cuenta actualmente el partido y conocer -más allá de las mediciones de las mediciones de encuestas sobre el nivel de aprobación al presidente- la buena imagen del gobierno frente a los electores.
Reitero que es deseable que el cambio institucional pueda empujarse desde la presión social, además es aún más relevante destacar los mecanismos institucionales para encausar la participación de la población y lograr cambios, incluso si significan la deposición de gobernantes.
Hay un punto positivo en todo este embrollo. El ejercicio del 10 de abril será un precedente para el futuro. A pesar de que la lógica de la revocación en esta edición está relacionada con la proximidad electoral, considero que servirá como antecedente relevante en el corto plazo.
