El diseño de las democracias contemporáneas contempla como forma inherente de organización a los partidos políticos, los cuales son entidades de interés público que persiguen –como fin- la obtención del poder a partir de la intención de hacer efectiva por medio de la implementación de programas y políticas públicas, una agenda de intereses y prioridades, de tal suerte que mientras algunos pugnan por la creación de impuestos progresivos por medio de una reforma fiscal de gran alcance, otros están interesados en lograr la desregulación en diferentes sectores productivos de la economía.
En estricto sentido, la política misma está condicionada por la tendencia –consustancial- de conformación de organizaciones (partidos); esta interacción supone la necesidad de reglas claras para su funcionamiento al momento de convocar a la ciudadanía a elegir a gobernantes y representantes. Para el caso de México, tras reformas político-electorales como la reforma de 1977 (la cual dio apertura a la creación de más partidos políticos) o la del año 1990 (que explica la creación del entonces Instituto Federal Electoral), el entramado institucional es sumamente complejo y su operatividad exige de compromiso institucional, autonomía, pericia técnica y recursos económicos suficientes.
Justo en este último punto, el referido al dinero público con que funcionan instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), se ha reactivado el debate acerca de la factibilidad de sostener un modelo electoral costoso, precisamente en un momento estratégico para la definición de prioridades: la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que la referida institución sufrió una reducción considerable. El argumento principal para la reducción y en congruencia con los principios de austeridad propuestos por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, está focalizado en la idea de que la reconducción del gasto es importante para lograr la suficiencia presupuestaria en la atención de asuntos de mayor importancia, como lo es la política social. Estoy de acuerdo. Sin embargo, considero que –incluso por razones históricas- no se debe optar por el debilitamiento del INE, es un falso argumento señalar los altos costos económicos de nuestra democracia por el presupuesto de este organismo autónomo, si en realidad se pretende optar por un austero modelo electoral entonces la discusión y los argumentos deben estar centrados en el sistema de partidos y la formula que les otorga financiamiento desde la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Partidos Políticos.
Sin embargo, en la socialización de este tipo de propuestas se ha optado por la difusión de falacias o falsos argumentos, por ejemplo, señalando que el INE es costoso y su función –aunque importante- bien podría realizarse con presupuestos menores. Otra falacia recurrente está centrada en equiparar el modelo mexicano con el de otros países, cuando en análisis comparado debe optarse por la consideración de particularidades surgidas a partir de razones históricas, demográficas y/o sociales.
Del otro lado, entre aquellos que impulsan la idea de que la reducción a los presupuestos de los partidos políticos es un atentado a la equidad en la competencia o a los equilibrios en el sistema político mexicano, también están empleando falsos argumento. Prácticamente han sugerido que la democracia es inherentemente costosa y que, aunque en el país se ha optado por un proyecto que apuntale el desarrollo social y la implementación de políticas públicas de alto impacto en la calidad de vida de las personas, los partidos políticos deben contar con holgura presupuestal. Este es –evidentemente- una argucia argumentativa que, ante la evidencia de excesos y malos manejos, se derrumba aún con el peso de las viejas formas políticas.
Empero, la radicalización de las posturas también construye y reconstruyen falsos argumentos. La defensa del presupuesto de instituciones como el INE debe insertarse en las nuevas dinámicas de gasto público con austeridad, mientras que la férrea postura de la reducción de presupuesto a partidos políticos debe visualizar la importancia de estas organizaciones para la democracia en México y los beneficios de sostener un esquema de financiamiento público.
En nuestro tiempo abundan los sofistas van desde lo hiperbólico hasta lo engañoso, por ello resulta relevante dilucidar las líneas argumentativas del debate público. La reforma -discutida justo esta semana en la Cámara de Diputados- que planteaba la reducción en un 50% al presupuesto de los partidos políticos, deben abrir el proceso de toma de decisiones en un tema tan sensible como este y que, además, está en la agenda pública y legislativa desde hace al menos un par de años con más intensidad.
En prospectiva, el artículo 41 constitucional será objeto de acalorados debates y de los mencionados falsos argumentos. Las dinámicas de la política suponen la necesidad de esclarecer el tema con las consideraciones mencionadas, además de las previsiones para evitar radicalizaciones y falacias, siempre presentes aún más en tiempos de “antipolítica”, sea por “ciudadanismo” o por “populismo”.
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