/ miércoles 24 de julio de 2019

México en llamas

Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo; la insurrección es el más sagrado de los deberes

Maximilien Robespierre

México está en llamas. México está que arde. Y desde luego que no estoy haciendo ninguna anticipación meteorológica, ni describiendo el clima que prevalece al medio día a lo largo y ancho del país. Con el título del artículo, que parafrasea la obra maestra de Juan Rulfo, pretendo llamar la atención del lector sobre la grave situación que enfrenta el país.

De acuerdo con Antonio Camou “la gobernabilidad ideal es el equilibrio puntual entre demandas sociales y respuestas gubernamentales (una respuesta adecuada por cada demanda)”. Es decir, la gobernabilidad es la capacidad que tiene el Estado a través de sus instituciones, de atender y dar respuestas a los diversos planteamientos, sean estos de orden político, económico, social, cultural, etc., que la misma sociedad le expresa a través de diversos grupos formales o de presión; es así que, en contario sensu, la ingobernabilidad es el rompimiento o quiebre de la relación estado-sociedad, que pondría en riesgo la viabilidad de ambos. La ingobernabilidad expresa pues, la incapacidad que acumulan las instituciones del estado para dar respuesta a las demandas, ya sea por incapacidad, por que las demandas las sobrepasan o por falta de estrategias, pero al final de cuentas, provocan un deterioro lacerante de las propias instituciones.

Lo que hemos venido observando en los últimos tres o cuatro lustros, es la permanente y sistemática desestructuración del tejido social; un proceso continuo de descomposición silenciosa primero, escandalosa ahora, que debe poner en código rojo al conjunto de las estructuras tanto institucionales como de la propia sociedad civil organizada.

Entre gobernabilidad e ingobernabilidad tal vez haya sólo un paso, pero el tránsito de una a otra, denota una crisis del sistema que puede rayar en lo insostenible, en lo insalvable. Las señales de alerta están a la vista, y exponen una proliferación de alta intensidad de anomalías profundas que dañan y descomponen los equilibrios de la nación.

¿A qué aludo cuando hablo de descomposición? Creo que lo podré esclarecer con algunas referencias.

El secuestro en México de 2013 a 2018 creció 40 % y el delito de extorsión en el mismo período aumentó 22%, comparados según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Oficina de las Naciones Unidas para el control de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD), cataloga a México como el principal país de América Latina en fuente, tránsito y destino para la trata de personas, teniendo un estimando de 20,000 niños mexicanos que son víctimas de explotación sexual; por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos identifica que en 21 de 32 entidades del país se trafican mujeres, siendo Tlaxcala (vergüenza mayúscula) la cuna de expertos de este flagelo.

Más datos. La guerra innocua emprendida por el gobierno panista de Calderón contra el narcotráfico, arrojó la muerte de cerca de 100 mil personas, en su mayoría víctimas civiles, números escalofriantes que superan los de la guerra de Vietman (casi 60 mil en 10 años). Pero peor aún, el sexenio de Peña Nieto rebasó esa cifra por miles, y en lo que va del año, ya con López Obrador se registran en promedio 2400 homicidios al mes, los más violentos en una década. Además, la guerra provocó la desaparición forzada de más de 30 mil personas. Por si fuera poco, a lo largo y ancho del país según un informe de inteligencia de la entonces PGR, operan 88 organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilegal de narcóticos, entre las que destacan los cárteles del Pacífico, el Golfo, el CJNG, los Zetas, la Familia Michoacana, el Nuevo de Juárez, entre otros.

Otra referencia de la descomposición es la aparición casi virulenta de los llamados “grupos de autodefensa”, que son fuerzas civiles organizadas y armadas que pretenden hacer frente a la delincuencia y disputar el territorio, ante la incapacidad de las instituciones de garantizar la paz pública; los estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz registran la presencia de éstas células. Y a pesar de que el actual gobierno no las menciona ni hace referencia a ellas, su existencia sigue latente y en expansión en el país.

A narcotraficantes y autodefensas, hay que sumar la presencia de 6 grupos identificados oficialmente con formación ideológica y militar para organizar guerra de guerrillas y con el fin de intentar poner en jaque al gobierno, entre los que destacan el EZLN, el EPR y el FAR-LP; y aunque se podrían poner en tela de juicio su capacidad de acción, operación o armamento, su presencia tiene una lectura clara del hartazgo de algunos sectores sociales.

Otra expresión del momento que vive el país, es el torpedo que sufre la democracia como modelo político para la organización del país; la decisión del Congreso de Baja California de ampliar el periodo de mandato del gobernador electo Jaime Bonilla de 2 a 5 años, es a todas luces un atentado flagrante al entramado constitucional de un estado; en Tlaxcala la mayoría de Morena en la legislatura local vota en el pleno dictámenes inventados y se pasa por el arco del triunfo el proceso legislativo, son un esbozo de seguir atentando contra las reglas institucionales.

México está llamas, reitero. Hemos adelgazado la línea que separa la paz del estallido social, pero aún permanecemos del lado blanco, del lado donde aún se debe corregir, del lado donde aún se puede arreglar. El rojo carmesí en el horizonte no debe soslayarse.

Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo; la insurrección es el más sagrado de los deberes

Maximilien Robespierre

México está en llamas. México está que arde. Y desde luego que no estoy haciendo ninguna anticipación meteorológica, ni describiendo el clima que prevalece al medio día a lo largo y ancho del país. Con el título del artículo, que parafrasea la obra maestra de Juan Rulfo, pretendo llamar la atención del lector sobre la grave situación que enfrenta el país.

De acuerdo con Antonio Camou “la gobernabilidad ideal es el equilibrio puntual entre demandas sociales y respuestas gubernamentales (una respuesta adecuada por cada demanda)”. Es decir, la gobernabilidad es la capacidad que tiene el Estado a través de sus instituciones, de atender y dar respuestas a los diversos planteamientos, sean estos de orden político, económico, social, cultural, etc., que la misma sociedad le expresa a través de diversos grupos formales o de presión; es así que, en contario sensu, la ingobernabilidad es el rompimiento o quiebre de la relación estado-sociedad, que pondría en riesgo la viabilidad de ambos. La ingobernabilidad expresa pues, la incapacidad que acumulan las instituciones del estado para dar respuesta a las demandas, ya sea por incapacidad, por que las demandas las sobrepasan o por falta de estrategias, pero al final de cuentas, provocan un deterioro lacerante de las propias instituciones.

Lo que hemos venido observando en los últimos tres o cuatro lustros, es la permanente y sistemática desestructuración del tejido social; un proceso continuo de descomposición silenciosa primero, escandalosa ahora, que debe poner en código rojo al conjunto de las estructuras tanto institucionales como de la propia sociedad civil organizada.

Entre gobernabilidad e ingobernabilidad tal vez haya sólo un paso, pero el tránsito de una a otra, denota una crisis del sistema que puede rayar en lo insostenible, en lo insalvable. Las señales de alerta están a la vista, y exponen una proliferación de alta intensidad de anomalías profundas que dañan y descomponen los equilibrios de la nación.

¿A qué aludo cuando hablo de descomposición? Creo que lo podré esclarecer con algunas referencias.

El secuestro en México de 2013 a 2018 creció 40 % y el delito de extorsión en el mismo período aumentó 22%, comparados según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Oficina de las Naciones Unidas para el control de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD), cataloga a México como el principal país de América Latina en fuente, tránsito y destino para la trata de personas, teniendo un estimando de 20,000 niños mexicanos que son víctimas de explotación sexual; por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos identifica que en 21 de 32 entidades del país se trafican mujeres, siendo Tlaxcala (vergüenza mayúscula) la cuna de expertos de este flagelo.

Más datos. La guerra innocua emprendida por el gobierno panista de Calderón contra el narcotráfico, arrojó la muerte de cerca de 100 mil personas, en su mayoría víctimas civiles, números escalofriantes que superan los de la guerra de Vietman (casi 60 mil en 10 años). Pero peor aún, el sexenio de Peña Nieto rebasó esa cifra por miles, y en lo que va del año, ya con López Obrador se registran en promedio 2400 homicidios al mes, los más violentos en una década. Además, la guerra provocó la desaparición forzada de más de 30 mil personas. Por si fuera poco, a lo largo y ancho del país según un informe de inteligencia de la entonces PGR, operan 88 organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilegal de narcóticos, entre las que destacan los cárteles del Pacífico, el Golfo, el CJNG, los Zetas, la Familia Michoacana, el Nuevo de Juárez, entre otros.

Otra referencia de la descomposición es la aparición casi virulenta de los llamados “grupos de autodefensa”, que son fuerzas civiles organizadas y armadas que pretenden hacer frente a la delincuencia y disputar el territorio, ante la incapacidad de las instituciones de garantizar la paz pública; los estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz registran la presencia de éstas células. Y a pesar de que el actual gobierno no las menciona ni hace referencia a ellas, su existencia sigue latente y en expansión en el país.

A narcotraficantes y autodefensas, hay que sumar la presencia de 6 grupos identificados oficialmente con formación ideológica y militar para organizar guerra de guerrillas y con el fin de intentar poner en jaque al gobierno, entre los que destacan el EZLN, el EPR y el FAR-LP; y aunque se podrían poner en tela de juicio su capacidad de acción, operación o armamento, su presencia tiene una lectura clara del hartazgo de algunos sectores sociales.

Otra expresión del momento que vive el país, es el torpedo que sufre la democracia como modelo político para la organización del país; la decisión del Congreso de Baja California de ampliar el periodo de mandato del gobernador electo Jaime Bonilla de 2 a 5 años, es a todas luces un atentado flagrante al entramado constitucional de un estado; en Tlaxcala la mayoría de Morena en la legislatura local vota en el pleno dictámenes inventados y se pasa por el arco del triunfo el proceso legislativo, son un esbozo de seguir atentando contra las reglas institucionales.

México está llamas, reitero. Hemos adelgazado la línea que separa la paz del estallido social, pero aún permanecemos del lado blanco, del lado donde aún se debe corregir, del lado donde aún se puede arreglar. El rojo carmesí en el horizonte no debe soslayarse.

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