Suman 10 días de los nuevos bloqueos de las vías ferroviarias de Sonora y de una de las carreteras internacionales más importantes procedentes de Estados Unidos que tienen detenidos miles de productos básicos y materias primas que afectan no sólo el abasto sino también a diversas cadenas productivas que tratan de retomar sus actividades después del cese obligado de operaciones. Sólo en el caso del ferrocarril ya hay 2 mil 200 carros detenidos en las vías de la empresa Ferromex provocando millonarias pérdidas en momentos cuando se requiere todo lo contrario para tratar de amortiguar los efectos que provocó la contingencia sanitaria del coronavirus. ¿La pregunta es de qué sirvió la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores Yaquis? Sencillamente de nada porque pese a las declaraciones optimistas de ambas partes para alcanzar una supuesta solución a un conflicto que hoy tiene paralizada la actividad de uno de los corredores fundamentales para el comercio nacional y binacional con Estados Unidos, el destino principal de las exportaciones nacionales, y que además afecta a los propios pueblos que no se manifiestan en conjunto u organizados sino más bien es grupo de activistas que insisten en las costosas medidas por que parece que no lográn todavía sus propósitos individuales.
Triple afectación
El Congreso de Oaxaca fue el primero que prohibió la venta de alimentos y bebidas con alto contenido calórico a menores de 18 años, y la amenaza de ampliar, no sólo geográficamente, dicha medida cada vez es más latente porque existen por lo menos cuatro iniciativas que buscan limitar la comercialización en el canal moderno y tradicional; aplicar sanciones económicas en incluso la suspensión temporal de los negocios; pero además una de las propuestas incluso quiere aumentar el IEPS que no es la mejor manera de desalentar el consumo de ciertos productos, y que además los impuestos que se recauden no serán para etiquetados para programas específicos sino más bien para las arcas del gobierno federal ahora que requiere todavía más recursos. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) que encabeza Cuauhtémoc Rivera advirtió que el conjunto de medidas afectarán todavía más la situación de uno de los principales canales de distribución en México con 1.2 millones de tienditas que ya padecen por menores ventas por las medidas de confinamiento social y la crisis económica, pero además las propuestas legislativas amenazan con aumentar la informalidad por que la demanda de este tipo de productos no sólo se mantendría sino que subiría; y fomentaría la corrupción por las visitas de inspección, pero todavía más grave es la amenaza al consumo popular que estará todavía más limitado por un aumento de precios que no resolverá ningún problema porque la solución debe ser integral y estructural.
