Denisse Hernández Blas*
Mucho se ha hablado de la integración incluyente de los Congresos, tanto de la Unión, como de las entidades federativas y no es para menos, debieron pasar décadas de lucha constante antes de que las mujeres obtuvieran las mismas oportunidades que los hombres y los resultados pudieran concretarse.
En Tlaxcala, de las 25 diputaciones, 15 serán ocupadas por mujeres y esto -permítanme decirlo- es un logro que hay que vitorear.
Este acontecimiento no fue fácil, varios son los aspectos socioculturales que demoraron la inclusión de las mujeres en la vida pública; la forma de hacer política en nuestro país -de origen- excluyó a las mujeres en la toma de decisiones. Por increíble que ahora nos parezca, la Constitución de 1824 solo concedía la ciudadanía a algunos hombres, las mujeres no tenían esa calidad y por consecuencia no podían votar.
Este momento es ideal para que los partidos políticos redefinan la forma de postular candidaturas, analizando sus documentos normativos internos y, en su caso, modificarlos para que las oportunidades se amplíen.
A la par, hay que considerar otros aspectos que influyen en la participación de las mujeres, no solo en la política, sino en diversos ámbitos, que son eminentemente culturales y que corresponden a la vida privada; como ejemplo, el hecho de que socialmente las mujeres sean las responsables (solas o no) del cuidado de los hijos y del hogar y que, además quieran desempeñar un cargo público, donde las jornadas laborales rebasan las doce horas, no es tarea ni decisión fácil.
La nueva integración del Congreso del Estado es apenas una cuenta saldada en la extensa lista de adeudos sociales con las mujeres; ahora las diputadas electas tienen un reto colosal y una oportunidad inmejorable para incidir de manera positiva en el marco que da lugar a la acción de las mujeres en el ámbito de lo público y por qué no, de lo privado.
Uno de los temas de urgente atención es la previsión de la violencia política en razón de género en las leyes aplicables; su definición y las consecuencias deben estar consideradas en la legislación de la entidad para visibilizarla, prevenirla, castigarla y erradicarla.
Otro es la reforma de las leyes electorales para que las mujeres puedan acceder a los cargos de elección popular en igualdad de condiciones que los hombres.
Las reglas para que los partidos políticos postulen candidaturas en un 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres deben estar incluidas en la ley electoral, considerando todos los supuestos: coaliciones, reelección, candidaturas comunes y elecciones extraordinarias. También es necesario que se incluyan en la ley reglas para la postulación de mujeres en el primer lugar de la lista de candidaturas de representación proporcional.
Sin embargo, las legisladoras no solo deberán atender asuntos que se circunscriben al segmento electoral; el impulso a políticas públicas con perspectiva de género, atención a mujeres migrantes, mujeres con alguna sentencia, estancias infantiles en los centros de trabajo, programas para emprendedoras, salud sexual y reproductiva, etc., son otros pendientes.
Esto, sin olvidar que es necesario un cambio en nuestra manera de concebir los papeles de mujeres y hombres en la vida pública y privada; sociedades incluyentes disminuyen desigualdades.
Por lo pronto, como autoridad electoral, seguimos trabajando para promover la participación femenina; la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, la Red de Candidatas y el impulso a programas de educación cívica son ejemplos de elementos que están a disposición de las autoridades competentes para cambiar y avanzar.
Vayamos paso a paso en la construcción de una nueva forma de convivencia política y social, pronto veremos frutos para todas y todos.
*Consejera Electoral
