Por donde quiera que se le vea, el linchamiento registrado en San Pedro Tlalcuapan, Chiautempan, es reprobable y condenable.
Pobladores de esa comunidad enclavada en las faldas de la Malinche que en antaño presumían tener una mentalidad de avanzada por llevar a esa región el modelo de vida de los Estados Unidos de América, al grado de no tener un solo tope en ninguna de sus bien conservadas calles, volvieron a tiempos de la Santa Inquisición con su actitud retrógrada.
De acuerdo con su estricta definición, retrógrada significa: “que es partidario de ideas propias de tiempos pasados”.
Y así ocurrió cuando una turba enardecida quemó vivo a Alfredo N., acusado de ingresar ilegalmente a una vivienda para robar.
Quienes cometieron el linchamiento mancharon para siempre su celebración religiosa de la Semana Mayor, pues cada Viernes Santo se recordará no solo la pasión y muerte de Cristo, sino que un hombre fue quemado vivo, justo detrás de una cruz de piedra, acusado de cometer un robo, olvidando por completo aquellos aprendizajes de los pasajes bíblicos que en este periodo son recordados, como aquel del llamado “el buen ladrón”.
Que quede claro, no se trata de justificar los delitos cometidos por quienes delinquen y se apoderan de los bienes que con mucho esfuerzo obtiene cada persona, sino de puntualizar sobre el Estado de Derecho que nos rige como sociedad.
¿Qué le da derecho a un ser humano para privar de la vida a otro? ¿Acaso eso no lo convierte en alguien igual o peor que al que lo despojó de un bien material?
Es cierto, las autoridades municipales, estatales y federales han fallado con su ineptitud y están totalmente rebasadas en temas de seguridad y en protocolos para atender los linchamientos.
Pero ¿dónde termina el papel de las autoridades y dónde empieza la responsabilidad de los ciudadanos?
El tema sin duda es debatible y son respetables los puntos de vista de cada quien, pero pese a ello, nada justifica hacer justicia por mano propia para satisfacer esa sed de venganza que genera atentar contra la vida de los delincuentes.
En los últimos años han sido recurrentes en San Pedro Tlalcuapan los intentos de linchamiento y los castigos han sido ejemplares, desde golpizas, exhibidas semidesnudos por todo el pueblo y la aportación de material para construcción para utilidad de una obra benéfica, como lo marcan los usos y costumbres.
Incluso, Tlalcuapan es de las pocas comunidades en las que cuando es capturado un presunto ladrón, se impide la intervención de elementos policiacos al cerrar todos los accesos al pueblo para que los “tiaxcas” apliquen su ley, como ocurrió hace algunos años al retener a dos policías acusados de intentar extorsionar a integrantes de una familia al momento de juntar leña seca de las faldas de la Malinche, cuya liberación le costó a la administración del exgobernador Marco Antonio Mena 30 toneladas de cemento.
Lo deseable para esta comunidad, que se caracteriza por ser anfitriona, sobre todo durante su festival decembrino con su espectáculo de luces y nacimientos, es que el diálogo esté por encima de actitudes fuera de la ley.
La noche de ayer pobladores de Tlalcuapan se reunieron en el auditorio de la comunidad para abordar el caso que fue noticia nacional, cónclave del que están obligados a fijar un posicionamiento, pues la buena imagen que les costó varios años, hoy está en juego.
COLOFÓN
El secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, defiende que en Tlaxcala no hay delincuencia organizada y que la autoridad no ha sido rebasada por la delincuencia, pero la necia realidad se impone cada vez más a su dicho.
O cómo le llamamos al aseguramiento de cuatro sujetos originarios de Jalisco y Nayarit que traían todo un arsenal en un vehículo y presuntamente dieron muerte a dos sujetos en Calpulalpan, o a los homicidas de Antonio V., el guardia de seguridad de Gran Patio que murió en un violento asalto la noche del pasado lunes 11 de abril; o a los que mataron a dos hombres en el fraccionamiento “El Jagüey”, en Huamantla, caso que destapó una cloaca de complicidades por la presumible protección que elementos de la policía municipal y estatal le ofrecen a cierto grupo delictivo que opera en el “Pueblo Mágico” gobernado por Salvador Santos Cedillo.
En muchas entidades del norte del país se habla de “narcogobiernos”, ojalá se haga algo y pronto para que esa triste realidad no alcance a muchos municipios de la entidad tlaxcalteca.
moises.morales@elsoldetlaxcala.com.mx
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