/ miércoles 22 de marzo de 2023

Nada Personal | Discurso vs. realidad

En la narrativa oficial, Tlaxcala es uno de los estados más seguros del país. Y posiblemente es verdad, pues ese discurso lo refuerzan estadísticas del Gobierno Federal.

Pero dígase lo que se diga, la necia realidad se impuso una vez más al registrar la entidad uno de los fines de semana más violentos de los que se tenga registro en lo que va del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros.

Que la entidad sea considerada de las más seguras (o de las menos inseguras del país, según el cristal con que se mire), no quiere decir que la ciudadanía perciba lo mismo, porque tan preocupan 15 o 20 muertes violentas en un estado del norte, que una a la vuelta de la esquina de aquí.

Mientras autoridades estatales y sus huestes morenistas festejaban el aniversario 85 de la expropiación petrolera al lado de su líder moral, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en diversos municipios tlaxcaltecas el miedo y la zozobra se acapararon de las calles.

De todos los homicidios dolosos ocurridos entre el jueves 16 y el lunes 20 de marzo, el que más llamó la atención fue el de Calpulalpan, donde al menos seis sujetos con equipo táctico y armas largas acribillaron a plena luz del día a Gustavo Ángel N., de 24 años de edad, hijo de un hombre apodado “El Goku”, asesinado con similar saña en meses pasados, al parecer por una disputa de territorio para la venta de drogas.

Ese ataque directo resalta porque estrella en la cara de las autoridades tlaxcaltecas el desgastado discurso de que no existe crimen organizado.

Si en realidad en Tlaxcala no tenemos ese tipo de crimen, entonces ¿cómo le llamamos a ese grupo de seis hombres a bordo de tres camionetas de lujo que con total impunidad privaron de la vida a un integrante de una banda rival?

El gobierno estatal insiste con decirle a la ciudadanía que existe un #TlaxcalaSeguro, pero bastaron siete homicidios dolosos en tan solo cinco días para que ese discurso se desvaneciera.

El común denominador en estos casos es el uso de armas de fuego y ante eso más de uno se pregunta ¿de qué sirven las campañas de canje que impulsan autoridades estatales y municipales con la 23 Zona Militar?

Y ya que hablamos de alcaldes, el de Chiautempan, Gustavo Jiménez Romero y el de Calpulapan, Edgar Peña Nájera, deben una explicación a sus gobernados, pues después de los hechos violentos en sus demarcaciones, cuales avestruces han agachado la cabeza y hasta hoy no han emitido ningún pronunciamiento, apostándole al olvido.

Que quede claro, lo que vivimos este tercer fin de semana de marzo de 2023 no se puede justificar, no se debe normalizar y mucho menos permitir que se vuelva a repetir.

Cereso

Empero, si la inseguridad está desatada en las calles tlaxcaltecas, en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, ubicado en la colonia Loma Xicohténcatl, la cosa está peor.

Desde el traslado de un interno de apellido Arroyo a un penal de Oaxaca, grupos al interior se disputan el control de la venta de droga y cobro de piso.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han pretendido ocultarlo, pero lo cierto es que en al menos dos ocasiones en lo que va del presente mes ha habido riñas que han dejado varios heridos con armas punzocortantes.

A Juicio

¿Cómo se sentirá el expresidente de Morena, Víctor García Lozano, al enterarse que la mayoría morenista en el Congreso del Estado y demás legisladores, avalaron iniciar un proceso de juicio político en contra del presidente municipal de Cuapiaxtla, Antonio Romero Rodríguez?

Recordemos que en su afán protagonista, el exdirigente estatal del partido en el gobierno buscó a alcaldes, regidores y síndicos que arribaron al cargo por otras fuerzas políticas, para jalarlos a Morena y con ello dar un falso mensaje de fortaleza.

Lo que Víctor García no sabía es que el mentado “Toño” Romero es un alcalde que se caracteriza por su prepotencia, lo que se comprueba con los golpes y las amenazas de muerte en que presuntamente incurrió en contra de tres elementos policiacos, Alan N., Ángel N. y Juan Carlos N., la madrugada del cuatro de marzo.

Queda en manos de los diputados Fabricio Mena Rodríguez, Maribel León Cruz y Lenin Calva Pérez el resultado de la investigación para reunir las pruebas y formular el informe correspondiente, para castigar esa reprobable conducta del expriista y neomorenista.

En la narrativa oficial, Tlaxcala es uno de los estados más seguros del país. Y posiblemente es verdad, pues ese discurso lo refuerzan estadísticas del Gobierno Federal.

Pero dígase lo que se diga, la necia realidad se impuso una vez más al registrar la entidad uno de los fines de semana más violentos de los que se tenga registro en lo que va del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros.

Que la entidad sea considerada de las más seguras (o de las menos inseguras del país, según el cristal con que se mire), no quiere decir que la ciudadanía perciba lo mismo, porque tan preocupan 15 o 20 muertes violentas en un estado del norte, que una a la vuelta de la esquina de aquí.

Mientras autoridades estatales y sus huestes morenistas festejaban el aniversario 85 de la expropiación petrolera al lado de su líder moral, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en diversos municipios tlaxcaltecas el miedo y la zozobra se acapararon de las calles.

De todos los homicidios dolosos ocurridos entre el jueves 16 y el lunes 20 de marzo, el que más llamó la atención fue el de Calpulalpan, donde al menos seis sujetos con equipo táctico y armas largas acribillaron a plena luz del día a Gustavo Ángel N., de 24 años de edad, hijo de un hombre apodado “El Goku”, asesinado con similar saña en meses pasados, al parecer por una disputa de territorio para la venta de drogas.

Ese ataque directo resalta porque estrella en la cara de las autoridades tlaxcaltecas el desgastado discurso de que no existe crimen organizado.

Si en realidad en Tlaxcala no tenemos ese tipo de crimen, entonces ¿cómo le llamamos a ese grupo de seis hombres a bordo de tres camionetas de lujo que con total impunidad privaron de la vida a un integrante de una banda rival?

El gobierno estatal insiste con decirle a la ciudadanía que existe un #TlaxcalaSeguro, pero bastaron siete homicidios dolosos en tan solo cinco días para que ese discurso se desvaneciera.

El común denominador en estos casos es el uso de armas de fuego y ante eso más de uno se pregunta ¿de qué sirven las campañas de canje que impulsan autoridades estatales y municipales con la 23 Zona Militar?

Y ya que hablamos de alcaldes, el de Chiautempan, Gustavo Jiménez Romero y el de Calpulapan, Edgar Peña Nájera, deben una explicación a sus gobernados, pues después de los hechos violentos en sus demarcaciones, cuales avestruces han agachado la cabeza y hasta hoy no han emitido ningún pronunciamiento, apostándole al olvido.

Que quede claro, lo que vivimos este tercer fin de semana de marzo de 2023 no se puede justificar, no se debe normalizar y mucho menos permitir que se vuelva a repetir.

Cereso

Empero, si la inseguridad está desatada en las calles tlaxcaltecas, en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, ubicado en la colonia Loma Xicohténcatl, la cosa está peor.

Desde el traslado de un interno de apellido Arroyo a un penal de Oaxaca, grupos al interior se disputan el control de la venta de droga y cobro de piso.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han pretendido ocultarlo, pero lo cierto es que en al menos dos ocasiones en lo que va del presente mes ha habido riñas que han dejado varios heridos con armas punzocortantes.

A Juicio

¿Cómo se sentirá el expresidente de Morena, Víctor García Lozano, al enterarse que la mayoría morenista en el Congreso del Estado y demás legisladores, avalaron iniciar un proceso de juicio político en contra del presidente municipal de Cuapiaxtla, Antonio Romero Rodríguez?

Recordemos que en su afán protagonista, el exdirigente estatal del partido en el gobierno buscó a alcaldes, regidores y síndicos que arribaron al cargo por otras fuerzas políticas, para jalarlos a Morena y con ello dar un falso mensaje de fortaleza.

Lo que Víctor García no sabía es que el mentado “Toño” Romero es un alcalde que se caracteriza por su prepotencia, lo que se comprueba con los golpes y las amenazas de muerte en que presuntamente incurrió en contra de tres elementos policiacos, Alan N., Ángel N. y Juan Carlos N., la madrugada del cuatro de marzo.

Queda en manos de los diputados Fabricio Mena Rodríguez, Maribel León Cruz y Lenin Calva Pérez el resultado de la investigación para reunir las pruebas y formular el informe correspondiente, para castigar esa reprobable conducta del expriista y neomorenista.