/ miércoles 24 de noviembre de 2021

Nada Personal | Escándalo

Si autoridades estatales sabían de los pendientes legales de Alfredo Álvarez y aun así decidieron darle una oportunidad laboral, es malo, pero si no sabían nada, es peor.

Que la designación del hoy prófugo de la justicia como responsable de la seguridad en Tlaxcala se haya basado más en lo que se decía de él, que en lo que en realidad había hecho como mando de la extinta Policía Federal, representa un llamado de atención para el equipo de asesores de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Por donde quiera que se le busque, no hay justificación alguna para que un personaje con una orden de aprehensión que data de 2014 por el delito de desaparición forzada haya sido nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Sobre todo, por la confianza depositada en las urnas por más de 305 mil ciudadanos que el pasado 6 de junio vieron en la alianza “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” una oportunidad para recomponer el camino que, en materia de seguridad, quedó a deber la administración del priista Marco Antonio Mena Rodríguez y su equipo.

GOLPE DE TIMÓN

Reza el adagio que “de los males, el menor”, y aunque suene a consuelo, para fortuna de la población tlaxcalteca el gobierno no ha cumplido ni tres meses de los largos seis años que le corresponden y, en este corto tiempo, mantuvo bien vigilado al exmando policiaco.

A escasas semanas de su primera cita con la sociedad para presentar los resultados de su administración en los primeros 100 días de gobierno, la mandataria Lorena Cuéllar de inmediato dio un golpe de timón para cortar de tajo las especulaciones.

Al tener conocimiento de la orden de aprehensión por parte de autoridades federales, ordenó la suspensión del nombramiento de fecha 31 de agosto a favor de Alfredo Álvarez Valenzuela como titular de la SSC.

No solo eso, en su lugar colocó en calidad de Encargado de Despacho a un auténtico tlaxcalteca y personaje de todas sus confianzas, como lo es Max Hernández Pulido.

Para nadie es desconocido que tras fungir como uno de los principales asesores de la entonces candidata morenista al Poder Ejecutivo y representante del partido Movimiento Regeneración Nacional ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el nombre de Max Hernández Pulido sonó para convertirse en secretario de Seguridad.

No obstante, voces al interior del círculo cerrado de la entonces gobernadora electa se pronunciaron por nombrar en ese espacio a un experimentado mando que tuviera “la bendición” y respaldo del Gobierno Federal.

Con ello no solo se pretendía eliminar algún tipo de compromiso local, sino darle a la Cuarta Transformación la cortesía de alinearse a su política de combate al crimen.

El resultado de esa decisión está a la vista y, sin duda, representa un golpe para la imagen del gobierno en turno, por lo que, mientras dure en el encargo, Max Hernández está obligado a hacer un doble esfuerzo para recomponer la estrategia en uno de los rubros que más preocupa a los ciudadanos, tema que para él no es desconocido y para el que se ha preparado por años.

De momento, la comparecencia de Álvarez Valenzuela solicitada por el Congreso del Estado se viene abajo y será decisión del Poder Legislativo mantenerla vigente con el nuevo mando, aunque no es idónea ante las convulsas circunstancias que vive la SSC.

Lo que a todas luces queda claro es que: (1) el exsecretario de Seguridad mintió al presentar sus cartas credenciales a la gobernadora y (2) hoy más que nunca se debe defender aquella máxima de “Tlaxcala para los tlaxcaltecas”.

SOBERBIO

La madre naturaleza y sus intensas lluvias permitieron conocer que el exalcalde de Chiautempan, Héctor Domínguez Rugerio y familia, acumularon muchos bienes inmuebles en los últimos años.

La caída de la barda perimetral de una antigua fábrica producto del reblandecimiento, ubicada en la calle Progreso Norte, entre Centenario y Luis Munive, dejó al descubierto que esa extensa y céntrica propiedad se suma a las muchas que acumuló el clan Domínguez Rugerio a su paso por el gobierno municipal, adquisiciones que si bien al momento no se ha demostrado que fueron ilegales, a todas luces son inmorales.

Si autoridades estatales sabían de los pendientes legales de Alfredo Álvarez y aun así decidieron darle una oportunidad laboral, es malo, pero si no sabían nada, es peor.

Que la designación del hoy prófugo de la justicia como responsable de la seguridad en Tlaxcala se haya basado más en lo que se decía de él, que en lo que en realidad había hecho como mando de la extinta Policía Federal, representa un llamado de atención para el equipo de asesores de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Por donde quiera que se le busque, no hay justificación alguna para que un personaje con una orden de aprehensión que data de 2014 por el delito de desaparición forzada haya sido nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Sobre todo, por la confianza depositada en las urnas por más de 305 mil ciudadanos que el pasado 6 de junio vieron en la alianza “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” una oportunidad para recomponer el camino que, en materia de seguridad, quedó a deber la administración del priista Marco Antonio Mena Rodríguez y su equipo.

GOLPE DE TIMÓN

Reza el adagio que “de los males, el menor”, y aunque suene a consuelo, para fortuna de la población tlaxcalteca el gobierno no ha cumplido ni tres meses de los largos seis años que le corresponden y, en este corto tiempo, mantuvo bien vigilado al exmando policiaco.

A escasas semanas de su primera cita con la sociedad para presentar los resultados de su administración en los primeros 100 días de gobierno, la mandataria Lorena Cuéllar de inmediato dio un golpe de timón para cortar de tajo las especulaciones.

Al tener conocimiento de la orden de aprehensión por parte de autoridades federales, ordenó la suspensión del nombramiento de fecha 31 de agosto a favor de Alfredo Álvarez Valenzuela como titular de la SSC.

No solo eso, en su lugar colocó en calidad de Encargado de Despacho a un auténtico tlaxcalteca y personaje de todas sus confianzas, como lo es Max Hernández Pulido.

Para nadie es desconocido que tras fungir como uno de los principales asesores de la entonces candidata morenista al Poder Ejecutivo y representante del partido Movimiento Regeneración Nacional ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el nombre de Max Hernández Pulido sonó para convertirse en secretario de Seguridad.

No obstante, voces al interior del círculo cerrado de la entonces gobernadora electa se pronunciaron por nombrar en ese espacio a un experimentado mando que tuviera “la bendición” y respaldo del Gobierno Federal.

Con ello no solo se pretendía eliminar algún tipo de compromiso local, sino darle a la Cuarta Transformación la cortesía de alinearse a su política de combate al crimen.

El resultado de esa decisión está a la vista y, sin duda, representa un golpe para la imagen del gobierno en turno, por lo que, mientras dure en el encargo, Max Hernández está obligado a hacer un doble esfuerzo para recomponer la estrategia en uno de los rubros que más preocupa a los ciudadanos, tema que para él no es desconocido y para el que se ha preparado por años.

De momento, la comparecencia de Álvarez Valenzuela solicitada por el Congreso del Estado se viene abajo y será decisión del Poder Legislativo mantenerla vigente con el nuevo mando, aunque no es idónea ante las convulsas circunstancias que vive la SSC.

Lo que a todas luces queda claro es que: (1) el exsecretario de Seguridad mintió al presentar sus cartas credenciales a la gobernadora y (2) hoy más que nunca se debe defender aquella máxima de “Tlaxcala para los tlaxcaltecas”.

SOBERBIO

La madre naturaleza y sus intensas lluvias permitieron conocer que el exalcalde de Chiautempan, Héctor Domínguez Rugerio y familia, acumularon muchos bienes inmuebles en los últimos años.

La caída de la barda perimetral de una antigua fábrica producto del reblandecimiento, ubicada en la calle Progreso Norte, entre Centenario y Luis Munive, dejó al descubierto que esa extensa y céntrica propiedad se suma a las muchas que acumuló el clan Domínguez Rugerio a su paso por el gobierno municipal, adquisiciones que si bien al momento no se ha demostrado que fueron ilegales, a todas luces son inmorales.

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