A la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros varios miembros de su equipo de trabajo le miente.
Y al mentirle, los integrantes de su gabinete de inmediato traicionan el compromiso que hicieron al asumir el cargo.
Lo mismo le han mentido para contratar a personal que ella no ha autorizado, que para maquillar cifras de metas (in)cumplidas en lo que va de la administración.
Con tal de cuidarse la espalda y conservar su chamba –y obvio su salario y demás canonjías- son muchos los funcionarios de “primer nivel” que han recurrido al engaño ante sus pésimos resultados.
Los miembros del gabinete legal y ampliado olvidaron muy pronto el exhorto que les hizo Cuéllar Cisneros de conducirse con respeto y profesionalismo.
“Confío que sean las personas correctas que haya elegido por su honestidad, transparencia, por la pulcritud de sus actos, porque dejen huella en lo que hagan, porque se distingan todos los días en ser ejemplo de servidores públicos haciendo las cosas correctamente”, les dijo el primer día de su gestión al tomarles la protesta de ley.
Basta con voltear a algunas dependencias para corroborar que los principales colaboradores de la mandataria, entre ellos exdiputados locales, exfuncionarios municipales y hasta personajes que colaboraron con el exgobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, han hecho de la mentira y la simulación una costumbre.
O qué me dicen del titular de la Secretaría de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, quien le ha importado más jugarle al político que centrarse en su responsabilidad como médico especialista.
O de Alfonso Sánchez Ramírez, quien está más ocupado en hacer campaña rumbo al Senado que en los proyectos de la Secretaría de Infraestructura. De Sergio González mejor ni hablamos, pues en su actuar de pararrayos de las críticas, termina por meter en más embrollos al gobierno.
Cómo olvidar el caso del extitular del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Edgar Martínez Bermúdez, separado del cargo al ser señalado de cometer el delito de violación, o de Antonio Martínez Velázquez al tratar de defender el antro-bar en la azotea de un museo.
La dimisión de Jaime Piñón Valdivia al frente de la Comisión Estatal de Agua era algo inminente, pues desde que asumió el cargo le hizo gestos a esa posición.
Pero si en algunos cargos hay funcionarios ineficientes, en otros nomás no se sabe nada de su trabajo, o a alguien le suena el nombre de Israel Tobón Solano, quien dirige el Induvit; o el de Prisciliano Carro Córdoba, del ITEA; el de Francisco Jiménez Campos en Coeprist o el de Humberto Agustín Macías Romero en Fidecix y Miguel Piedras Díaz en el ITIFE, por citar a algunos.
“TORTURADORA”
Pero si de ineficiencia y mentiras hablamos, el primer lugar se lo lleva la “torturadora”… ¡perdón! La procuradora Ernestina Carro Roldán. La desaparición de Ana Laura López Loaiza dio un vuelco al ser detenido y golpeado por elementos de la Policía de Investigación Juan Carlos Márquez Flores, causándole la muerte.
El principal sospechoso de la desaparición fue torturado por “órdenes de arriba” para sacarle información a como diera lugar del paradero de la joven, ante la presión social que generó el caso.
Ante la muerte del joven originario de Nicolás Bravo, comunidad perteneciente a Terrenate, Ernestina Carro trató de lavarse las manos y ordenó el despido del director de la Policía de Investigación, Víctor Enrique Montiel Ramos, a quien nombró el cuatro de noviembre de 2021 presumiendo su trayectoria, además de la fiscal Especializada en Combate al Secuestro, Paula Elizabeth Juárez Santoyo, cuyo personal acudió en apoyo a la aprehensión sin que su área tuviera algo que ver con el área responsable de personas desaparecidas.
El caso es por demás delicado porque de los ocho integrantes de la Policía de Investigación señalados como los responsables de la tortura, de nombres: Lizbeth R., Samahy Yazareth G., Diderot C., Rigoberto C., Evelyn Guadalupe R., Marlén C., Daniel Jovani S. y Juan Carlos M., solo este último, de 26 años de edad, originario de Chiautempan, es procesado dentro de la carpeta de investigación UITLAX/T4/880/2022 y ya fue enviado al Cereso.
¿En verdad una sola persona cometió la tortura? ¿Le están fabricando el delito al oficial más joven? ¿Dónde está Daniel Jovani S., incondicional de Víctor Enrique Montiel? ¿La procuradora Ernestina Carro no tiene ninguna responsabilidad en el homicidio por ser su superior? Son preguntas que hasta hoy no tienen respuesta.
- Quienes conocen mejor el caso afirman que la historia de la tortura está mal contada y un inocente está preso, para cuidar la espalda de los verdaderos culpables.
