Lo que pasa al interior de la familia de los exdiputados Evangelina Paredes Zamora y Bernardino Palacios Montiel es digno de un capítulo de comedia de Pompín Iglesias, aquel personaje de la televisión mexicana que popularizó la frase: ¡qué bonita familia… qué bonita familia!
La detención y vinculación a proceso de sus hijos Eymi N. y Luis Alberto N., de 24 y 22 años de edad, por portar un arma de fuego sin licencia calibre .22 y hallarles 2.5 gramos de cannabis, se suma a lista de fechorías que han quedado para el anecdotario al trascender y convertirse del dominio público.
Cómo olvidar que el hoy presidente del partido político de reciente creación denominado Impacto Social Sí, Moisés Palacios Paredes, fue detenido y puesto a disposición de la entonces PGR por vender serpientes y animales exóticos en el Parque Hidalgo de Chiautempan.
Como estudiante de la UAT, Moisés Palacios fue arrestado por la Policía Estatal por provocar una batalla campal en una “tardeada” en el patio de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios; en esa misma época también atropelló a un ciclista en la calle principal de Texcacoac, al conducir ebrio.
Si de Evangelina Paredes hablamos, dentro de las cosas que más resaltan es que en enero de 2016 y siendo diputada local fue acusada de usar sus influencias para quitarle una casa a su propia hermana, Hortensia Paredes Zamora, propiedad de la que sacó sus muebles a la calle y comenzó a demoler con la ayuda de sus hijos y un grupo de sujetos, todo ello evidenciado a través de redes sociales.
Una joya más es que la exlideresa partidista un día ingresó enardecida al Congreso del Estado para reprocharle a su esposo, el exdiputado Bernardino Palacios Montiel, que no le informara que había recibido algo así como 200 mil pesos a cambio de su voto en el pleno y en su propia oficina le propinara tremenda bofetada en un arranque de celos y enojo.
De Bernardino Palacios sobra decir que por sus problemas con las bebidas alcohólicas ha sido ingresado en varias ocasiones a anexos y que como representante popular negoció con el gobierno estatal anterior la instalación de un centro de verificación vehicular, que después le fue clausurado, además de inaugurar una universidad privada que también fue cerrada por carecer de validez oficial.
Los conflictos políticos como fundadores del extinto Partido Justicia Social y la expulsión que recibieron del Partido Alianza Ciudadana, aunado a los escándalos hallados por la Contraloría del Ejecutivo al descubrir que sus hijos y una nuera fungían como aviadores, prefiero omitirlos porque esa es otra larga historia.
