En política hay sumas que restan y el ejemplo más claro lo tenemos con los aliados al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
En el proceso electoral de 2021 fue avalado el convenio de coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, con Morena a la cabeza y los partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), Encuentro Social Tlaxcala y Nueva Alianza integrados.
El resto de la historia lo conocemos: Morena arrasó en las urnas con Lorena Cuéllar Cisneros como candidata al Gobierno del Estado, además de que obtuvo los tres distritos federales, la mayoría de escaños en el Poder Legislativo y diversos municipios.
En contraparte y de acuerdo a los cómputos oficiales de la jornada electoral de aquel domingo 6 de junio, el Partido Encuentro Social Tlaxcala perdió su registro por no alcanzar el 3 % requerido para mantener su acreditación, al únicamente obtener 8 mil 551 votos, lo que apenas representó el 1.38 por ciento; en tanto, el Partido Nueva Alianza Tlaxcala logró “de panzazo” el 4.26 por ciento, al tener poco más de 26 mil votos.
Gracias a su alianza con Morena, el PT y PVEM alcanzaron los votos suficientes no solo para salvar su registro, sino para obtener contundentes triunfos en distritos federales y locales, además de diversos municipios.
PeTardo
El tema viene a colación por la reciente solicitud de audiencia remitida por el PT al Despacho de la gobernadora Lorena Cuéllar.
El documento está firmado por el dirigente nacional Alberto Anaya Gutiérrez; el Comisionado Político en Tlaxcala, Silvano Garay Ulloa; los diputados federales Irma Garay Loredo y José Alejandro Aguilar López, así como los legisladores locales Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, Leticia Martínez Cerón y Lorena Ruiz García.
Asimismo, por los alcaldes de Texoloc, Arturo Covarrubias; de Santa Ana Nopalucan, Pedro Pérez; de Tepeyanco, Gaudencio Morales; de Xaloztoc, José Rafael Coca; de Nativitas, Carlos García y de Papalotla, Juan Octavio Rojas.
La exigencia -disfrazada de solicitud- es para que la mandataria los reciba y aborden las demandas de sus representados e integrarlas en la agenda pública, entre ellos proyectos en materia de obra, apoyos en salud y educación.
Lo que los firmantes no dicen es que claramente pretenden deslindarse de sus promesas de campaña incumplidas, como esa de regalar calentadores solares a través del llamado “fondo moches”, que por años operó desde el Congreso local el diputado Miguel Covarrubias Cervantes.
Tal parece que a los petistas no les han avisado que Morena -y la propia gobernadora Lorena Cuéllar- ya se dieron cuenta de que el PT no les sirve como aliado.
Y es que si volvemos a los números de la elección del año pasado, la hoy diputada federal por el Distrito 02, Irma Yordana Garay Loredo, tuvo 12 mil 678 votos a través del PT, pero el triunfo se lo dio Morena al inyectarle 79 mil 622 sufragios.
En el caso del Distrito 01 la situación es similar al obtener Alejandro Aguilar López 9 mil 551 votos a través del PT, pero 53 mil 308 más se los dio Morena.
¿Con qué cara el PT pide a la gobernadora su apoyo? ¿Acaso no se dan por bien pagados con los cargos que lograron obtener en las negociaciones de la alianza? ¿El regreso del “fondo moches” es una prioridad para que cumplan sus promesas de campaña? Son preguntas cuyas respuestas solo las tiene la dirigencia del partido de la estrella.
Amigas y rivales
Y ya que hablamos de petistas, llama la atención que la diputada del Distrito VII, Gabriela Brito Jiménez, no haya firmado el documento elaborado por la dirigencia nacional del PT y se mantenga muy al margen.
No se lo digan a nadie porque es secreto, pero quienes conocen mejor la historia afirman que la diputada capitalina está molesta por el pleito legal que enfrenta con familiares de su correligionaria y compañera de bancada, Lorena Ruiz García, por la posesión de un amplio terreno ubicado en el barrio de Tlacomulco, en la comunidad de Ocotlán.
El asunto ha convertido a ambas legisladoras en amigas y rivales, al grado de que la autoridad ha tenido que intervenir para mediar en el conflicto.
Así como se observa, está muy difícil que las familias de ambas diputadas lleguen a un arreglo, pues mientras por un lado los Brito defienden la legal posesión desde hace décadas, por el otro la familia de la diputada Ruiz asegura que compró legalmente la propiedad y pelearán con todo para obtenerla. Entre diputadas te veas.
