Desde hace muchos años en Chiautempan y Tlaltelulco se dice una conocida frase: “si lo que quieres es cavar tu tumba política, conviértete en presidente municipal”.
Y los alcaldes Héctor Domínguez Rugerio y Rubén Pluma Morales van que vuelan para seguir el mismo camino que sus antecesores, por el problema de límites territoriales.
Si no me creen, revisen dónde están los exalcaldes de Chiautempan Fermín Sánchez Varela, René Lima Solís, Linda Marina Munive, José Alberto Flores, Ángel Meneses Barbosa y Antonio Mendoza, o bien, Germán Morales, Cipriano Polvo, León George, Raymundo Zamora, José Luis Sánchez y Miguel Ángel Polvo, de Tlaltelulco.
Ninguno de esos exmunícipes tuvo la capacidad de resolver el conflicto, pues mientras unos prefirieron darle la vuelta y no moverle, otros solo lo alargaron para evitarse broncas. El caso de los actuales presidentes municipales es peor porque ambos usaron la problemática como trampolín político, pero terminaron por hundirse poco a poco.
Y es que tanto Héctor Domínguez como Rubén Pluma –literal- “avientan la piedra y esconden la mano” con su provocadora actitud.
En unos meses ambos alcaldes pasaron de ser amigos y cómplices a rivales por las confrontaciones derivadas del resurgimiento del conflicto territorial.
En términos neutrales, Héctor Domínguez inició la provocación al colocar patrullas el pasado 1 de marzo sobre la avenida Ferrocarril para impedir la instalación de comerciantes del Mercado Nuevo y, aunque en esa ocasión hubo golpes, las cosas no pasaron a mayores.
A esa actitud le siguieron las agresiones de Tlaltelulco contra personal del INEGI al retener a un empleado en la alcaldía y lanzar piedras contra las oficinas para suspender el Censo 2020 y exigir que se respete la cartografía que ellos reconocen como su territorio.
El punto más álgido se vivió el pasado lunes al acudir personal de Servicios Públicos de Chiautempan a sustituir lámparas en la calle 16 de Septiembre (zona en conflicto), lo que provocó que funcionarios de Tlaltelulco frenaran los trabajos, se apoderaran de dos unidades oficiales para su resguardo y corrieran a pedradas a Héctor Domínguez y su gente.
Lo criticable no es que el gobierno chiautempense pretendiera reparar el alumbrado en esa zona, en la que se encuentra el terreno que Héctor Domínguez adquirió mediante engaños para construir un rastro particular, sino que en tres años nunca había tenido esa iniciativa.
Si el Congreso del Estado en verdad quisiera resolver esto, lo deseable es que nombre a una comisión neutra con ciudadanos de probado prestigio y calidad moral, para que en este conflicto se priorice el bien común de los ciudadanos y no los intereses políticos.
