/ lunes 28 de octubre de 2019

Ni abusos ni privilegios en concesiones carreteras

Estimados tlaxcaltecas, los saluda su amigo Joel Molina Ramírez. Hace unos días, como integrante del Grupo Parlamentario de Morena, sometí a la consideración del pleno la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno Federal a revisar las cuotas de peaje y concesiones de los tramos carreteros correspondientes al “Entronque Canelillas”: Arco Norte de la Ciudad de México, vía San Martín Texmelucan-Tlaxcala, y autopista San Martín Texmelucan-Molinito.

Esta propuesta se motiva en la necesidad de que la SCT, en el ámbito de su competencia, verifique que las concesiones de estos tramos se sujetaron estrictamente a la normatividad aplicable, y que las cuotas de peaje que se cobran actualmente se sustentan en los promedios permitidos por la dependencia federal, para que, en caso de irregularidades, se proceda a realizar los ajustes necesarios a la baja, y de ser procedente, se analice la posibilidad de dar por terminadas dichas concesiones.

Tenemos conocimiento que, desde el 12 de septiembre de 1991, hasta el 18 de noviembre de 2010, la empresa OCACSA se hizo responsable de la autopista San Martín Texmelucan-El Molinito, y que, desde el 19 de noviembre de 2010, hizo lo propio la empresa PINFRA. Pero lo que no sabemos es en qué términos se hicieron los convenios de concesión con estas firmas.

Además, esta vialidad no puede considerarse autopista ni es tampoco carretera libre, porque en un tramo de 20 kilómetros hay al menos seis accesos que fueron abiertos, tras otorgar la primera concesión, porque separaron a las comunidades por las que atraviesa. Por si fuera poco, después de una caseta hay dos más que cobran peaje, sin contar que su costo es de los más altos del país, por lo que es preciso conocer los criterios o bases sobre las cuáles se hace este tremendo cobro.

Por ley, las vías generales de comunicación son bienes de acceso universal destinadas al servicio público o al uso común, y el Estado, que tiene la rectoría del desarrollo nacional mediante el fomento de la competitividad, tiene también la facultad de concesionar estos bienes públicos a particulares, sin perder su dominio.

Entre las condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico se encuentran los beneficios multiplicadores de la infraestructura carretera que, de acuerdo con el Centro de Estudios y Docencia Económica (CIDE), constituyen un motor del crecimiento de la productividad y de la inversión que brindan a los países bienestar económico futuro.

En el caso de México, se estima que la inversión en proyectos carreteros es particularmente importante para el desarrollo económico, ya que 55% del volumen de carga y 81% de su valor total se mueven en autotransporte, a lo que se suma el hecho de que 96% de los pasajeros se desplaza por los mismos medios.

Sin embargo, la creación de este tipo de infraestructura demanda grandes cantidades de recursos, y por eso, a principios de los años noventa del siglo pasado, el Estado abrió a la iniciativa privada su desarrollo, administración y mantenimiento bajo el esquema de asociaciones público privadas (APP), y de concesiones por determinado periodo de tiempo, bajo el incentivo de beneficios económicos.

Lamentablemente, a la par de la expansión que el régimen de concesiones generó de la red carretera nacional, aumentó la percepción de que en nuestro país se cobran las cuotas de peaje más caras del mundo, lo que a su vez viene de la mano con una posible afectación para el desarrollo y crecimiento de comunidades aledañas a las carreteras de cuota, por lo oneroso que les resulta a los vecinos el pago cotidiano y constante de las cuotas de peaje.

Esta circunstancia no es un asunto menor, ya que se agrava por los casos de delincuencia, el complicado acceso y el deficiente, y a veces nulo, mantenimiento de las vías alternativas libres de cuotas de peaje, muy frecuentemente congestionadas.

Por esa razón se plantea que la SCT revise la situación en los tramos del “Entronque Canelillas”, y que explique al Senado la fundamentación y motivación, en su caso, de las ampliaciones de las concesiones de estos tres tramos carreteros y que, de haberse realizado éstas, haga llegar a los senadores el plan de apoyo a las comunidades ubicadas a lo largo de estos tramos.

Gracias por su atención. Hasta la próxima entrega.

Estimados tlaxcaltecas, los saluda su amigo Joel Molina Ramírez. Hace unos días, como integrante del Grupo Parlamentario de Morena, sometí a la consideración del pleno la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno Federal a revisar las cuotas de peaje y concesiones de los tramos carreteros correspondientes al “Entronque Canelillas”: Arco Norte de la Ciudad de México, vía San Martín Texmelucan-Tlaxcala, y autopista San Martín Texmelucan-Molinito.

Esta propuesta se motiva en la necesidad de que la SCT, en el ámbito de su competencia, verifique que las concesiones de estos tramos se sujetaron estrictamente a la normatividad aplicable, y que las cuotas de peaje que se cobran actualmente se sustentan en los promedios permitidos por la dependencia federal, para que, en caso de irregularidades, se proceda a realizar los ajustes necesarios a la baja, y de ser procedente, se analice la posibilidad de dar por terminadas dichas concesiones.

Tenemos conocimiento que, desde el 12 de septiembre de 1991, hasta el 18 de noviembre de 2010, la empresa OCACSA se hizo responsable de la autopista San Martín Texmelucan-El Molinito, y que, desde el 19 de noviembre de 2010, hizo lo propio la empresa PINFRA. Pero lo que no sabemos es en qué términos se hicieron los convenios de concesión con estas firmas.

Además, esta vialidad no puede considerarse autopista ni es tampoco carretera libre, porque en un tramo de 20 kilómetros hay al menos seis accesos que fueron abiertos, tras otorgar la primera concesión, porque separaron a las comunidades por las que atraviesa. Por si fuera poco, después de una caseta hay dos más que cobran peaje, sin contar que su costo es de los más altos del país, por lo que es preciso conocer los criterios o bases sobre las cuáles se hace este tremendo cobro.

Por ley, las vías generales de comunicación son bienes de acceso universal destinadas al servicio público o al uso común, y el Estado, que tiene la rectoría del desarrollo nacional mediante el fomento de la competitividad, tiene también la facultad de concesionar estos bienes públicos a particulares, sin perder su dominio.

Entre las condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico se encuentran los beneficios multiplicadores de la infraestructura carretera que, de acuerdo con el Centro de Estudios y Docencia Económica (CIDE), constituyen un motor del crecimiento de la productividad y de la inversión que brindan a los países bienestar económico futuro.

En el caso de México, se estima que la inversión en proyectos carreteros es particularmente importante para el desarrollo económico, ya que 55% del volumen de carga y 81% de su valor total se mueven en autotransporte, a lo que se suma el hecho de que 96% de los pasajeros se desplaza por los mismos medios.

Sin embargo, la creación de este tipo de infraestructura demanda grandes cantidades de recursos, y por eso, a principios de los años noventa del siglo pasado, el Estado abrió a la iniciativa privada su desarrollo, administración y mantenimiento bajo el esquema de asociaciones público privadas (APP), y de concesiones por determinado periodo de tiempo, bajo el incentivo de beneficios económicos.

Lamentablemente, a la par de la expansión que el régimen de concesiones generó de la red carretera nacional, aumentó la percepción de que en nuestro país se cobran las cuotas de peaje más caras del mundo, lo que a su vez viene de la mano con una posible afectación para el desarrollo y crecimiento de comunidades aledañas a las carreteras de cuota, por lo oneroso que les resulta a los vecinos el pago cotidiano y constante de las cuotas de peaje.

Esta circunstancia no es un asunto menor, ya que se agrava por los casos de delincuencia, el complicado acceso y el deficiente, y a veces nulo, mantenimiento de las vías alternativas libres de cuotas de peaje, muy frecuentemente congestionadas.

Por esa razón se plantea que la SCT revise la situación en los tramos del “Entronque Canelillas”, y que explique al Senado la fundamentación y motivación, en su caso, de las ampliaciones de las concesiones de estos tres tramos carreteros y que, de haberse realizado éstas, haga llegar a los senadores el plan de apoyo a las comunidades ubicadas a lo largo de estos tramos.

Gracias por su atención. Hasta la próxima entrega.