/ viernes 12 de julio de 2019

Nueva estrategia de seguridad

  • Aunque el Congreso local recortó este año 150 millones de pesos al rubro de seguridad, el gobierno estatal no ha dejado de responder a la situación de inseguridad regional.

Esta semana, los gobernadores se reunieron con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en el marco de la reunión conjunta de los consejos nacionales de Seguridad Pública y Protección Civil.

Se trató del primer encuentro que las partes sostuvieron, tras la entrada en operación de la Guardia Nacional, la nueva corporación federal, alternativa a las Fuerzas Armadas, creada para combatir la inseguridad en el país.

En Palacio Nacional, los titulares del Poder Ejecutivo federal y de las entidades evaluaron avances y tomaron acuerdos en torno a la estrategia nacional de seguridad, a fin de atender las causas que originan la violencia en México.

Para el presidente López Obrador, la problemática es consecuencia del aumento de la pobreza, la inseguridad y la corrupción, de ahí que planteó la necesidad de que las diferentes autoridades del país cierren filas para enfrentar a la delincuencia con cuerpos policiales disciplinados y de respeto a los derechos humanos.

Evidentemente, la tarea de brindar bienestar a la población implica garantizar condiciones de tranquilidad y paz social, y la apuesta inmediata del gobierno federal es el despliegue de la Guardia Nacional en el territorio nacional, que ha contado con el respaldo de los mandatarios estatales.

En Tlaxcala, hay noticias interesantes.

De entrada, el Gobernador Marco Mena se reunió con el Comandante de la Sexta Coordinación Territorial de la Guardia Nacional, Pedro Almazán Cervantes, para determinar la ruta de trabajo coordinado que se desarrolla en el estado.

Mena ya había manifestado la total disposición de su gobierno para colaborar en las estrategias a cargo de la Guardia Nacional en la región, por lo que, con esta reunión, se ratificó el interés de Tlaxcala por colaborar de manera estrecha con el gobierno federal en la atención del fenómeno delictivo.

Por otra parte, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República dieron un golpe importante a la delincuencia en la entidad, con la detención de ocho personas vinculadas a una red internacional de trata de personas con fines de explotación sexual.

Fue en Acuamanala donde también los efectivos rescataron a siete migrantes hondureñas, y cimbraron la estructura criminal que operaba principalmente en Tijuana, Tabasco, San Luis Potosí, Morelos y Puebla.

Sin duda, la Guardia Nacional representa una pieza importante en la configuración de la nueva estrategia nacional de seguridad, pero es evidente que la lucha contra la inseguridad requerirá también de las fuerzas estatales y municipales del país, así como de la homologación de protocolos y el fortalecimiento de la distribución de recursos.

Aunque el Congreso local recortó este año 150 millones de pesos al rubro de seguridad, el gobierno estatal no ha dejado de responder a la situación de inseguridad regional, y en las últimas semanas se ha podido advertir un despliegue importante de elementos policiacos para atender delitos de alto impacto.

Esperemos que los tres niveles de gobierno encuentren los puntos de coincidencia necesarios para hacer de la seguridad una política pública que verdaderamente atienda el clamor ciudadano.

marcosl.tecuapacho@gmail.com


  • Aunque el Congreso local recortó este año 150 millones de pesos al rubro de seguridad, el gobierno estatal no ha dejado de responder a la situación de inseguridad regional.

Esta semana, los gobernadores se reunieron con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en el marco de la reunión conjunta de los consejos nacionales de Seguridad Pública y Protección Civil.

Se trató del primer encuentro que las partes sostuvieron, tras la entrada en operación de la Guardia Nacional, la nueva corporación federal, alternativa a las Fuerzas Armadas, creada para combatir la inseguridad en el país.

En Palacio Nacional, los titulares del Poder Ejecutivo federal y de las entidades evaluaron avances y tomaron acuerdos en torno a la estrategia nacional de seguridad, a fin de atender las causas que originan la violencia en México.

Para el presidente López Obrador, la problemática es consecuencia del aumento de la pobreza, la inseguridad y la corrupción, de ahí que planteó la necesidad de que las diferentes autoridades del país cierren filas para enfrentar a la delincuencia con cuerpos policiales disciplinados y de respeto a los derechos humanos.

Evidentemente, la tarea de brindar bienestar a la población implica garantizar condiciones de tranquilidad y paz social, y la apuesta inmediata del gobierno federal es el despliegue de la Guardia Nacional en el territorio nacional, que ha contado con el respaldo de los mandatarios estatales.

En Tlaxcala, hay noticias interesantes.

De entrada, el Gobernador Marco Mena se reunió con el Comandante de la Sexta Coordinación Territorial de la Guardia Nacional, Pedro Almazán Cervantes, para determinar la ruta de trabajo coordinado que se desarrolla en el estado.

Mena ya había manifestado la total disposición de su gobierno para colaborar en las estrategias a cargo de la Guardia Nacional en la región, por lo que, con esta reunión, se ratificó el interés de Tlaxcala por colaborar de manera estrecha con el gobierno federal en la atención del fenómeno delictivo.

Por otra parte, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República dieron un golpe importante a la delincuencia en la entidad, con la detención de ocho personas vinculadas a una red internacional de trata de personas con fines de explotación sexual.

Fue en Acuamanala donde también los efectivos rescataron a siete migrantes hondureñas, y cimbraron la estructura criminal que operaba principalmente en Tijuana, Tabasco, San Luis Potosí, Morelos y Puebla.

Sin duda, la Guardia Nacional representa una pieza importante en la configuración de la nueva estrategia nacional de seguridad, pero es evidente que la lucha contra la inseguridad requerirá también de las fuerzas estatales y municipales del país, así como de la homologación de protocolos y el fortalecimiento de la distribución de recursos.

Aunque el Congreso local recortó este año 150 millones de pesos al rubro de seguridad, el gobierno estatal no ha dejado de responder a la situación de inseguridad regional, y en las últimas semanas se ha podido advertir un despliegue importante de elementos policiacos para atender delitos de alto impacto.

Esperemos que los tres niveles de gobierno encuentren los puntos de coincidencia necesarios para hacer de la seguridad una política pública que verdaderamente atienda el clamor ciudadano.

marcosl.tecuapacho@gmail.com