- La Constitución Política del Estado faculta al Gobernador para hacer observaciones a los proyectos legislativos aprobados por el Congreso del Estado.
La fracción III del Artículo 70 y el Artículo 49 establecen que el Ejecutivo estatal debe sancionar los proyectos de Ley o Decretos que le envíe el Legislativo y mandar publicarlos, salvo cuando tenga alguna objeción, en cuyo caso los devolverá con las correspondientes observaciones, dentro de ocho días contados desde su recibo.
En tiempo y forma, el Gobernador hizo uso de esta facultad constitucional para observar diversas disposiciones avaladas por los legisladores locales en la nueva Ley de Austeridad, el Código Financiero, y el Presupuesto de Egresos 2019.
En los documentos enviados a los congresistas se argumenta que, con la aprobación de estos decretos, se afectan los principios de división de poderes y supremacía constitucional, ya que, en los primeros dos casos, las normas afectan la autonomía presupuestal de los poderes Ejecutivo y Judicial, y los municipios, y en el tercero, la distribución presupuestal provoca un deficiente o incorrecto desempeño de los poderes Ejecutivo y Judicial.
En términos jurídicos, se considera que el Congreso trastocó las facultades y competencias de los otros poderes y, en consecuencia, el Gobernador hizo uso de su facultad de presentar observaciones respecto a ese conjunto de actos que escapan a la esfera de atribuciones del Legislativo estatal.
La actitud del Ejecutivo se ciñó a la ley, y en sus observaciones, de acuerdo a lo publicado en los medios de comunicación, predominan los argumentos jurídicos, contrario a las reacciones de algunos legisladores, que sucumbieron a la tentación de los señalamientos políticos.
Por donde se mire, las observaciones del Gobernador forman parte del proceso de discusión del paquete económico 2019, ampliándolo en términos de los que indica la Constitución local, sin que ello implique una invasión a la facultad que tienen los diputados de modificar, aprobar, examinar o discutir el gasto estatal y la manera de aplicarlo.
La curva de aprendizaje de la actual legislatura no debe cerrar espacios al diálogo con el gobierno estatal; por el contrario, la presentación del llamado “veto” puede ser una oportunidad para corregir una serie de decisiones que, no solo afectan el orden jurídico, sino también el óptimo desempeño de los órganos de gobierno.
Es plausible que varios diputados estén dispuestos a revisar tales observaciones sin sesgos políticos. Esta postura sensata es la que prevendría una confrontación y desgaste innecesario que, incluso, generaría incertidumbre entre la población y los sectores productivos.
Sin duda, el Gobernador ha dado un claro mensaje de apertura y colaboración entre poderes que los diputados locales pueden aprovechar para conciliar intereses en términos institucionales y de ley.
Los congresistas deben apreciar que hay planteamientos fuera de lugar, como la eliminación del Módulo Médico, que jurídica y presupuestalmente se debe resolver para dar certeza a miles de burócratas y maestros, y sus familias, sobre la prestación de servicios de salud.
No solo entre los sindicatos, sino también entre los partidos políticos y las cámaras empresariales existe expectación en torno a la aceptación de las observaciones, por parte de los diputados. Confiemos en que el nivel del debate satisfaga los intereses de todos los tlaxcaltecas.
