/ viernes 12 de julio de 2019

Obstruyen proyectos presidenciales

Innegable que proyectos de desarrollo presidenciales para beneficiar a la sociedad mexicana, traten de detenerlos otros de carácter particular, valiéndose del Poder Judicial, que mediante amparos interpuestos detienen proyectos de grandes dimensiones que fortalecerán la economía de diferentes regiones de la nación. Está muy claro que ahora políticos de anteriores gobiernos federales, utilizando las relaciones públicas, interpongan amparos con el propósito de detener proyectos presidenciales de desarrollo que con urgencia reclama nuestra nación.

Ahora, el Poder Judicial está sirviendo de medio efectivo al servicio del poder político del pasado para gobernar al país. Como se experimenta, ese poder político “del pasado”, no desea cambiar de statu quo y hace esfuerzos empleando sus relaciones políticas para obstruir el avance económico y social al que tiene derecho el pueblo sufrido de México.

Esos personajes que interponen amparos utilizando al Poder Judicial, tienen los medios para que dicho poder pague favores recibidos en el pasado como son los altos sueldos de que gozan todavía y no puede deducirse de otra forma porque el magistrados y jueces son herencia de pasados gobiernos; por tanto, deben obedecer al amo anterior, el que otorgó canonjías como son: los altos sueldos que perciben, por cierto: con pésimos servicios en el caso de impartir justicia tan cara y mala. La opinión popular está porque se expulse a cuerpo de magistrados y jueces venales, y sean reemplazados por otros con perfil en preparación profesional y ética, idóneos para atender todo lo referido a la jurisprudencia, considerando las leyes a observar.

¿Qué han obstruido los amparos? Ejemplos: la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles”, las vías para el “Tren Maya” y otros casos que están deteniendo los proyectos nacionales que deben operar con urgencia en pro del desarrollo de regiones marginadas de la nación. Los proyectos presidenciales no son de ninguna forma intereses personales del Presidente al que pudieran beneficiar, sino que las construcciones producirán recursos para enriquecer finanzas públicas para invertir en la edificación de más obras que fortalezcan en varios sentidos al pueblo mexicano.

Existen evidencias judiciales que no son aceptadas por la opinión pública y que a la fecha exhiben injusticias y proteccionismo a delincuentes que han robado del erario del pueblo, sin embargo; están protegidos con amparos a pesar de la propia Ley los señala como lo que son: delincuentes que han traficado con el poder político del pasado y que ahora todavía gozan de fuero, como se fuesen respetables ciudadanos.

De actualidad “el caso Lozoya”, el que debiera estar detenido, goza de amparo y pasea libremente por la ciudad gozando de recursos que pertenecen a la nación. Aquí surge una interrogante: ¿Por qué goza de amparo ante señalamientos judiciales de haber comprado una fertilizadora poco rentable a un precio exorbitante con dineros públicos? ¿Quién le autorizó? Y, ahora: ¿Quién lo protege?

Así como al mencionado funcionario del pasado existen otros con los que la Ley que debe ser ciega, gozan de plena libertad. Ello apoya la reflexión en el sentido de que el Poder Judicial no está para impartir justicia sino para violarla. ¿Por qué con tanta facilidad otorga amparos a delincuentes ya calificados por la propia Ley? Con tanto amparo que protege el retroceso del país se deduce que la institución que maneja la ley no está dirigida por magistrados y jueces con la ética profesional. Que la ley no está al servicio de la nación sino de unos cuantos. Esta actitud de juzgadores debe darse por terminada poniendo en práctica la erradicación de la corrupción del pasado y aplicando en justicia la ley apropiada la que requieren los altos intereses de la nación.

Debiera el Congreso de la Unión, estructurar un ley que limitara el tiempo de función de ministros y jueces, que aplicara la lección histórica de los Griegos, que a sus dirigentes; ostentaban el poder por cierto período corto con el propósito de no crear intereses en contra de la Ley y de la nación, y aquél funcionario que cometía infracción era expulsado mediante una práctica llamada “ostracismo”, expulsión vergonzante ejercida públicamente.

Entonces México sería un aparador de inmejorable aplicación de la Ley. Es un digno sueño esperado por todo mexicano.

Innegable que proyectos de desarrollo presidenciales para beneficiar a la sociedad mexicana, traten de detenerlos otros de carácter particular, valiéndose del Poder Judicial, que mediante amparos interpuestos detienen proyectos de grandes dimensiones que fortalecerán la economía de diferentes regiones de la nación. Está muy claro que ahora políticos de anteriores gobiernos federales, utilizando las relaciones públicas, interpongan amparos con el propósito de detener proyectos presidenciales de desarrollo que con urgencia reclama nuestra nación.

Ahora, el Poder Judicial está sirviendo de medio efectivo al servicio del poder político del pasado para gobernar al país. Como se experimenta, ese poder político “del pasado”, no desea cambiar de statu quo y hace esfuerzos empleando sus relaciones políticas para obstruir el avance económico y social al que tiene derecho el pueblo sufrido de México.

Esos personajes que interponen amparos utilizando al Poder Judicial, tienen los medios para que dicho poder pague favores recibidos en el pasado como son los altos sueldos de que gozan todavía y no puede deducirse de otra forma porque el magistrados y jueces son herencia de pasados gobiernos; por tanto, deben obedecer al amo anterior, el que otorgó canonjías como son: los altos sueldos que perciben, por cierto: con pésimos servicios en el caso de impartir justicia tan cara y mala. La opinión popular está porque se expulse a cuerpo de magistrados y jueces venales, y sean reemplazados por otros con perfil en preparación profesional y ética, idóneos para atender todo lo referido a la jurisprudencia, considerando las leyes a observar.

¿Qué han obstruido los amparos? Ejemplos: la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles”, las vías para el “Tren Maya” y otros casos que están deteniendo los proyectos nacionales que deben operar con urgencia en pro del desarrollo de regiones marginadas de la nación. Los proyectos presidenciales no son de ninguna forma intereses personales del Presidente al que pudieran beneficiar, sino que las construcciones producirán recursos para enriquecer finanzas públicas para invertir en la edificación de más obras que fortalezcan en varios sentidos al pueblo mexicano.

Existen evidencias judiciales que no son aceptadas por la opinión pública y que a la fecha exhiben injusticias y proteccionismo a delincuentes que han robado del erario del pueblo, sin embargo; están protegidos con amparos a pesar de la propia Ley los señala como lo que son: delincuentes que han traficado con el poder político del pasado y que ahora todavía gozan de fuero, como se fuesen respetables ciudadanos.

De actualidad “el caso Lozoya”, el que debiera estar detenido, goza de amparo y pasea libremente por la ciudad gozando de recursos que pertenecen a la nación. Aquí surge una interrogante: ¿Por qué goza de amparo ante señalamientos judiciales de haber comprado una fertilizadora poco rentable a un precio exorbitante con dineros públicos? ¿Quién le autorizó? Y, ahora: ¿Quién lo protege?

Así como al mencionado funcionario del pasado existen otros con los que la Ley que debe ser ciega, gozan de plena libertad. Ello apoya la reflexión en el sentido de que el Poder Judicial no está para impartir justicia sino para violarla. ¿Por qué con tanta facilidad otorga amparos a delincuentes ya calificados por la propia Ley? Con tanto amparo que protege el retroceso del país se deduce que la institución que maneja la ley no está dirigida por magistrados y jueces con la ética profesional. Que la ley no está al servicio de la nación sino de unos cuantos. Esta actitud de juzgadores debe darse por terminada poniendo en práctica la erradicación de la corrupción del pasado y aplicando en justicia la ley apropiada la que requieren los altos intereses de la nación.

Debiera el Congreso de la Unión, estructurar un ley que limitara el tiempo de función de ministros y jueces, que aplicara la lección histórica de los Griegos, que a sus dirigentes; ostentaban el poder por cierto período corto con el propósito de no crear intereses en contra de la Ley y de la nación, y aquél funcionario que cometía infracción era expulsado mediante una práctica llamada “ostracismo”, expulsión vergonzante ejercida públicamente.

Entonces México sería un aparador de inmejorable aplicación de la Ley. Es un digno sueño esperado por todo mexicano.

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