/ viernes 17 de enero de 2020

Operación mochila

No hay malas hierbas ni hombres malos; solo hay malos cultivadores.

Víctor Hugo

Difícil resulta lograr un acuerdo general cuando un interés común deja de serlo para convertirse en particular, peor aun cuando, sin un conocimiento de causa, hay quienes se atreven a hacer recomendaciones sin sentido o las desvirtúan hasta mezclarlas con aparentes intenciones de denostar algunas propuestas cuya finalidad pudiera representar la prevención de un problema futuro; así se ha percibido en algunas posturas de quienes están en contra a una supervisión natural de aquellos objetos que ingresan a las instituciones educativas, en especial las mochilas usadas, en muy pocos casos, como el transporte en la introducción de cualquier instrumento o producto ajeno a las cuestiones educativas.

Los opositores argumentan, en una primera instancia, la inconstitucionalidad de la “operación mochila”, pues además se violentarían su privacidad e intimidad, consecuentemente sus derechos humanos, en este sentido, puede suponerse, las limitaciones por las que atraviesan las escuelas, quedando impedidos para evitar algún acto de violencia en contra de las personas involucradas en los quehaceres escolares, es decir, padres de familia, maestros, directivos y estudiantes.

Por otro lado, hay quienes comparten la posible medida de iniciar una campaña de prevención, involucrando, justamente, a todos los actores participantes, y presentes, en el ejercicio de las tareas académicas; particularmente a los padres de familia, sugiriéndoles la revisión primaria de las mochilas de sus hijos, siendo ese primer círculo, donde se podría detectar un posible ocultamiento de objetos o productos nocivos o causantes de algún daño a sus pares o maestros.

Más allá de la aprobación o prohibición para institucionalizar una medida de seguridad, se necesita concientizar a la familia del importante papel que desempeñan en la educación de sus hijos, fomentando los principales valores humanos, cuyos efectos lograrían una convivencia armoniosa al seno de las instituciones educativas, así como en cualquier tipo de contexto donde se encuentren involucrados.

Con todo y las contradicciones, también es importante referir, para quienes han tenido el privilegio de ser directores o profesores de un centro de enseñanza, de su labor cotidiana, donde la percepción de un posible acto de violencia se detecta cuando los mismos estudiantes evidencian con su comportamiento la posibilidad de ocasionar un problema, aunque no sea grave, pero sí de agresiones o peleas de los propios alumnos.

Sin la necesidad de que se apruebe una medida precautoria por las autoridades del ramo o de las encargadas de vigilar que no se trasgredan los derechos humanos, la tarea del día a día en las escuelas, no necesita una revisión colectiva, solamente la observancia de los encargados de controlar el orden y la disciplina, sancionado desde los reglamentos escolares a quienes los trasgredan.

Aunque se magnifican y se contradicen las posturas, lo cierto es que, para evitar actos donde se ha llegado hasta la privación de la vida, es imperativo la participación de los padres de familia, primero, procurando alejar de los medios que generan violencia, como internet u otros aparatos promotores de la enajenación y motivadores para producir daño, dicho de otra manera, el famoso bullying puede disminuirse si desde el la casa se prohibiera los videojuegos, o hasta la rebeldía de los hijos hacia los papás, la violencia en la escuela también debe ser sancionatoria, sin la posibilidad de reinstalar a un estudiante que ocasiona con su conducta problemas en ese contexto.

Así es que se apruebe o no, se le agreguen criterios de inconstitucionalidad o se involucren cualquier número de instituciones, solo será un asunto más llenarlo de burocracia, y el fenómeno seguirá creciendo mientras las autoridades le encuentran solución a tantas objeciones, mientras tanto, se considera como una buena posibilidad una operación mochila en casos muy especiales y particulares.

No hay malas hierbas ni hombres malos; solo hay malos cultivadores.

Víctor Hugo

Difícil resulta lograr un acuerdo general cuando un interés común deja de serlo para convertirse en particular, peor aun cuando, sin un conocimiento de causa, hay quienes se atreven a hacer recomendaciones sin sentido o las desvirtúan hasta mezclarlas con aparentes intenciones de denostar algunas propuestas cuya finalidad pudiera representar la prevención de un problema futuro; así se ha percibido en algunas posturas de quienes están en contra a una supervisión natural de aquellos objetos que ingresan a las instituciones educativas, en especial las mochilas usadas, en muy pocos casos, como el transporte en la introducción de cualquier instrumento o producto ajeno a las cuestiones educativas.

Los opositores argumentan, en una primera instancia, la inconstitucionalidad de la “operación mochila”, pues además se violentarían su privacidad e intimidad, consecuentemente sus derechos humanos, en este sentido, puede suponerse, las limitaciones por las que atraviesan las escuelas, quedando impedidos para evitar algún acto de violencia en contra de las personas involucradas en los quehaceres escolares, es decir, padres de familia, maestros, directivos y estudiantes.

Por otro lado, hay quienes comparten la posible medida de iniciar una campaña de prevención, involucrando, justamente, a todos los actores participantes, y presentes, en el ejercicio de las tareas académicas; particularmente a los padres de familia, sugiriéndoles la revisión primaria de las mochilas de sus hijos, siendo ese primer círculo, donde se podría detectar un posible ocultamiento de objetos o productos nocivos o causantes de algún daño a sus pares o maestros.

Más allá de la aprobación o prohibición para institucionalizar una medida de seguridad, se necesita concientizar a la familia del importante papel que desempeñan en la educación de sus hijos, fomentando los principales valores humanos, cuyos efectos lograrían una convivencia armoniosa al seno de las instituciones educativas, así como en cualquier tipo de contexto donde se encuentren involucrados.

Con todo y las contradicciones, también es importante referir, para quienes han tenido el privilegio de ser directores o profesores de un centro de enseñanza, de su labor cotidiana, donde la percepción de un posible acto de violencia se detecta cuando los mismos estudiantes evidencian con su comportamiento la posibilidad de ocasionar un problema, aunque no sea grave, pero sí de agresiones o peleas de los propios alumnos.

Sin la necesidad de que se apruebe una medida precautoria por las autoridades del ramo o de las encargadas de vigilar que no se trasgredan los derechos humanos, la tarea del día a día en las escuelas, no necesita una revisión colectiva, solamente la observancia de los encargados de controlar el orden y la disciplina, sancionado desde los reglamentos escolares a quienes los trasgredan.

Aunque se magnifican y se contradicen las posturas, lo cierto es que, para evitar actos donde se ha llegado hasta la privación de la vida, es imperativo la participación de los padres de familia, primero, procurando alejar de los medios que generan violencia, como internet u otros aparatos promotores de la enajenación y motivadores para producir daño, dicho de otra manera, el famoso bullying puede disminuirse si desde el la casa se prohibiera los videojuegos, o hasta la rebeldía de los hijos hacia los papás, la violencia en la escuela también debe ser sancionatoria, sin la posibilidad de reinstalar a un estudiante que ocasiona con su conducta problemas en ese contexto.

Así es que se apruebe o no, se le agreguen criterios de inconstitucionalidad o se involucren cualquier número de instituciones, solo será un asunto más llenarlo de burocracia, y el fenómeno seguirá creciendo mientras las autoridades le encuentran solución a tantas objeciones, mientras tanto, se considera como una buena posibilidad una operación mochila en casos muy especiales y particulares.

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