/ miércoles 5 de diciembre de 2018

Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 (3/7)

Se asoma y enuncia un paradigma de seguridad pública radicalmente distinto al que ha sido aplicado en los sexenios anteriores, y parten de una nueva premisa.

Con la convicción de que la violencia, la inseguridad, la impunidad y la violación regular a los derechos humanos que padece el país, es el síntoma de una crisis más profunda, resulta obligado mencionar en esta propuesta, como elementos necesarios para restablecer el estado de derecho y reorientar el combate a la delincuencia, el combate a la corrupción y las políticas sociales de bienestar que pretende el próximo gobierno federal.

Los procesos de pacificación por los que se deberá transitar, los recursos a mecanismos de justicia transicional, una nueva práctica penitenciaria, la regeneración ética de la sociedad, la reformulación del papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, así como las reformas legales que serán necesarias para poner en práctica este nuevo plan.

Este enfoque integral y transversal es la consecuencia lógica de una certeza:

“Así como la inseguridad y la violencia hacen imposible la consecución del bienestar, la paz social no puede conseguirse sin bienestar y sin justicia”,

El gobierno federal que entró en funciones el 1 de diciembre, actuará ya a partir de esa premisa.

Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia.

El abandono de la procuración de justicia a partir de 2006, la descomposición institucional y la falta de probidad de muchos servidores públicos, principalmente de ministerios públicos, han tenido efectos desastrosos para la funcionalidad y propósitos de seguridad pública y de las instituciones encargadas de la procuración e instancias judiciales responsables de impartirla.

La impunidad a cualquier clase de infracción es suficiente con elevar el monto del cohecho a las autoridades, con la protección del compadrazgo o el amiguismo, la pertenencia a redes de complicidad e intercambio de favores.

El narcotráfico a gran escala, la fuga de capos de los penales, el robo de gasolinas, el lavado de dinero, el tráfico de armas y varios otros ilícitos no se podrían perpetrar sin el contubernio estructurado de funcionarios públicos federales, estatales y municipales.

Es indispensable resolver la corrupción en todos los ámbitos y niveles, si se pretende resolver exitosamente los fenómenos de delincuencia la delincuencia común y la delincuencia organizada.

Es indiscutible que la impunidad florece gracias a la corrupción y que ésta desarticula todo esfuerzo del Estado en el combate al delito. La supresión de las prácticas corruptas, es el propósito más relevante de este gobierno y tendrá, por sí misma, un efecto positivo en la reducción de los índices delictivos.

Además, proponer las reformas legales necesarias para tipificar la corrupción como delito grave y sin libertad bajo fianza y proponer la Ley Federal de Combate a Conflictos de Interés, prohibir las adjudicaciones directas, investigar y clausurar las empresas fantasma, establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial y de intereses a todos los servidores públicos.

Eliminar el fuero de altos funcionarios, erradicar los paraísos fiscales, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado, antes de cualquier adquisición, es necesario centralizar las instancias de contraloría, como ejemplo, en PEMEX cuyo esfuerzo de control esta diseminado a propósito, fortalecer mecanismos fiscalizadores de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

Activar la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual, desde su creación en 2004, se ha concentrado en detectar la evasión fiscal pero no ha querido dar un golpe capaz de debilitar las finanzas del crimen organizado, ni reducir el lavado de dinero, cuyo monto anual se estima en 30 mil millones de dólares.

Fortalecer los mecanismos para detectar y sancionar las diversas modalidades de evasión fiscal que causa graves daños al erario y reduce el margen del gobierno para procurar el bienestar colectivo.

Que las diferencias de salarios entre un ministerio público federal, un policía federal y un juez federal, actualmente abismales, disminuyan dependiendo de rango y niveles.

Una reforma histórica que permita a los mejores abogados, igualmente atractivo ser fiscal federal que juez federal y que sus remuneraciones y carrera no sean distintas; los efectivos policiales no deben quedarse atrás.

En países donde los nuevos modelos de justicia han funcionado, tienen percepciones similares y se capacitan en el mismo lugar, con troncos comunes, homologando procesos.

La descoordinación de las tres unidades, es causas de impunidad en el país: simplemente, jueces, fiscales y policías no hablan el mismo idioma técnico no tienen los mismos intereses ni las mismas utilidades.

Fijar mecanismos institucionales para evitar que, efectivos policiales sometidos a proceso sancionados por la comisión de delitos, sean recontratados en otras corporaciones, en lo que popularmente se denomina la “puerta giratoria”.



Se asoma y enuncia un paradigma de seguridad pública radicalmente distinto al que ha sido aplicado en los sexenios anteriores, y parten de una nueva premisa.

Con la convicción de que la violencia, la inseguridad, la impunidad y la violación regular a los derechos humanos que padece el país, es el síntoma de una crisis más profunda, resulta obligado mencionar en esta propuesta, como elementos necesarios para restablecer el estado de derecho y reorientar el combate a la delincuencia, el combate a la corrupción y las políticas sociales de bienestar que pretende el próximo gobierno federal.

Los procesos de pacificación por los que se deberá transitar, los recursos a mecanismos de justicia transicional, una nueva práctica penitenciaria, la regeneración ética de la sociedad, la reformulación del papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, así como las reformas legales que serán necesarias para poner en práctica este nuevo plan.

Este enfoque integral y transversal es la consecuencia lógica de una certeza:

“Así como la inseguridad y la violencia hacen imposible la consecución del bienestar, la paz social no puede conseguirse sin bienestar y sin justicia”,

El gobierno federal que entró en funciones el 1 de diciembre, actuará ya a partir de esa premisa.

Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia.

El abandono de la procuración de justicia a partir de 2006, la descomposición institucional y la falta de probidad de muchos servidores públicos, principalmente de ministerios públicos, han tenido efectos desastrosos para la funcionalidad y propósitos de seguridad pública y de las instituciones encargadas de la procuración e instancias judiciales responsables de impartirla.

La impunidad a cualquier clase de infracción es suficiente con elevar el monto del cohecho a las autoridades, con la protección del compadrazgo o el amiguismo, la pertenencia a redes de complicidad e intercambio de favores.

El narcotráfico a gran escala, la fuga de capos de los penales, el robo de gasolinas, el lavado de dinero, el tráfico de armas y varios otros ilícitos no se podrían perpetrar sin el contubernio estructurado de funcionarios públicos federales, estatales y municipales.

Es indispensable resolver la corrupción en todos los ámbitos y niveles, si se pretende resolver exitosamente los fenómenos de delincuencia la delincuencia común y la delincuencia organizada.

Es indiscutible que la impunidad florece gracias a la corrupción y que ésta desarticula todo esfuerzo del Estado en el combate al delito. La supresión de las prácticas corruptas, es el propósito más relevante de este gobierno y tendrá, por sí misma, un efecto positivo en la reducción de los índices delictivos.

Además, proponer las reformas legales necesarias para tipificar la corrupción como delito grave y sin libertad bajo fianza y proponer la Ley Federal de Combate a Conflictos de Interés, prohibir las adjudicaciones directas, investigar y clausurar las empresas fantasma, establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial y de intereses a todos los servidores públicos.

Eliminar el fuero de altos funcionarios, erradicar los paraísos fiscales, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado, antes de cualquier adquisición, es necesario centralizar las instancias de contraloría, como ejemplo, en PEMEX cuyo esfuerzo de control esta diseminado a propósito, fortalecer mecanismos fiscalizadores de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

Activar la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual, desde su creación en 2004, se ha concentrado en detectar la evasión fiscal pero no ha querido dar un golpe capaz de debilitar las finanzas del crimen organizado, ni reducir el lavado de dinero, cuyo monto anual se estima en 30 mil millones de dólares.

Fortalecer los mecanismos para detectar y sancionar las diversas modalidades de evasión fiscal que causa graves daños al erario y reduce el margen del gobierno para procurar el bienestar colectivo.

Que las diferencias de salarios entre un ministerio público federal, un policía federal y un juez federal, actualmente abismales, disminuyan dependiendo de rango y niveles.

Una reforma histórica que permita a los mejores abogados, igualmente atractivo ser fiscal federal que juez federal y que sus remuneraciones y carrera no sean distintas; los efectivos policiales no deben quedarse atrás.

En países donde los nuevos modelos de justicia han funcionado, tienen percepciones similares y se capacitan en el mismo lugar, con troncos comunes, homologando procesos.

La descoordinación de las tres unidades, es causas de impunidad en el país: simplemente, jueces, fiscales y policías no hablan el mismo idioma técnico no tienen los mismos intereses ni las mismas utilidades.

Fijar mecanismos institucionales para evitar que, efectivos policiales sometidos a proceso sancionados por la comisión de delitos, sean recontratados en otras corporaciones, en lo que popularmente se denomina la “puerta giratoria”.



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