Estimados tlaxcaltecas, los saluda su amigo Joel Molina Ramírez. En el Senado de la República, estamos impulsando un importante trabajo en contra de la corrupción que tanto lastima los intereses nacionales.
Este, lo sabemos todos, es el principal problema del país, y aunque muchos mexicanos perciben cambios y mejoras como resultado del trabajo encabezado a nivel nacional por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la realidad es que debemos seguir adelante en esta lucha para cumplirle al pueblo de México.
Por esa razón, su servidor presentó una iniciativa para sancionar a quienes ejerzan la abogacía procesal de manera indebida, presenten testigos y documentos falsos o entorpezcan y distorsionen deliberadamente el proceso jurisdiccional.
La palabra abogado proviene del latín advocatus, que significa aquel que intercede, para hacer referencia a aquellos profesionistas del Derecho que se dedican a defender, en juicios, los intereses o causas de los ciudadanos.
Gracias a su conocimiento y preparación, son capaces de enfrentar las controversias legales que se presentan en el seno de nuestra sociedad, y por eso tienen que actuar éticamente, ser leales tanto a quienes defienden como a sus contrapartes, pero con base al marco normativo, para que su trabajo sea a favor de la justicia y en beneficio de nuestra sociedad.
El quehacer cotidiano de los abogados se debe regir por principios y valores que apelen al criterio de la ley y fortalezca nuestro estado de Derecho, porque tiene un importante impacto en la vida de las instituciones y las personas.
Lamentablemente, no siempre y no todos lo entienden así, y ello hace necesario un régimen de sanciones contra aquellos que incurran en prácticas anti procesales y de corrupción, a fin de combatir la impunidad y abonar al saneamiento del sistema de justicia en nuestro país.
La iniciativa presentada, que fue suscrita también por mi compañero, el senador Ricardo Monreal, a quien agradezco su experiencia en el tema y respaldo, busca que el abogado que incurra en ese tipo de faltas sea sancionado por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante una amonestación verbal o escrita, suspensión temporal de ejercer la profesión o con la cancelación definitiva de la cédula profesional.
Esta reforma implica adicionar un artículo 260 Bis a la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, y consideramos que, con su aprobación, no solamente se castigará sustancialmente la corrupción en los procesos legales, sino que se impulsará la ética profesional de los abogados y se logrará una mejor impartición de justicia.
Estimados tlaxcaltecas: la eficacia del sistema judicial no solo es responsabilidad de jueces o funcionarios judiciales, sino también de quienes ejercen la abogacía, porque son pieza importante de los actos procesales.
En la Cuarta Transformación, la corrupción y las malas prácticas se atacan de frente, y en el caso del Poder Judicial, es indispensable que quienes intervengan en los juicios actúen con honestidad, sabedores siempre que las faltas y omisiones a la Ley no quedarán impunes.
Y en este caso, si logramos que la Judicatura Federal establezca disposiciones para sancionar a los malos abogados, estaremos cuidando el adecuado desarrollo de las etapas de los procesos jurisdiccionales, en beneficio de los ciudadanos.
Gracias por su atención. Hasta la próxima entrega.
