La aprobación del Paquete Económico 2019 y de la nueva Ley de Austeridad en el Manejo del Presupuesto Público, por parte del Congreso local, implica, en este momento, un serio análisis sobre sus implicaciones para la entidad y todos sus habitantes.
En el Presupuesto de Egresos 2019, los diputados locales redujeron 150 millones de pesos (mdp) al Fondo para el Fortalecimiento a la Seguridad Pública, asignándole un monto de 50 millones de pesos.
Esto llama la atención porque, en los últimos meses, los legisladores abordaron tribuna para demandar mejoras en este rubro, lo que ahora resulta más difícil, porque ellos mismos disminuyeron la inversión que debería concatenarse con los objetivos federales en la materia. Además, el recorte podría afectar el compromiso del Ejecutivo estatal de triplicar cámaras de videovigilancia, de duplicar los arcos de seguridad, y de lograr la trasformación del C4 en C5.
A la par de lo anterior, retiraron 25 mdp al Fondo para desastre naturales, el cual fue creado por este gobierno, y probó su utilidad ante los sismos de septiembre de 2017, al financiar la atención a damnificados. Se trata de recursos para atender contingencias, por lo que la merma acotará la posibilidad de encarar escenarios de desastre con más apoyos.
Por otra parte, disminuyeron 130 mdp a la partida de Apoyos para Educación Básica, lo que sin duda implica un obstáculo para dar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa, mediante infraestructura, estímulos al personal educativo y becas. Esa es la razón por la que los agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mostraron inconformidad, porque advierten afectaciones al sector.
Asimismo, recortaron 70 mdp a la Oficialía Mayor de Gobierno, lo que impactará negativamente en las previsiones salariales de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, y quitaron 25 mdp al presupuesto para el fortalecimiento de Pensiones Civiles, un ente que fue rescatado de la quiebra financiera en años recientes y que aún no logra su plena viabilidad, lo que también afectará los servicios y prestaciones a los que tienen derecho los pensionados, los derechohabientes, los trabajadores que cotizan.
A partir de estos ajustes, los diputados autorizaron una bolsa de recursos etiquetados para el “Fortalecimiento a la Autonomía Municipal” por 250 mdp, a efecto de que cada uno contara con 10 mdp para determinar obras en sus distritos, pero una vez que los legisladores del PRI, el PAN, el PANAL, MC y el PVEM renunciaron a ello al inconformarse por la distribución presupuestal, ahora, los 19 diputados de Morena, PT, PES y PRD contarán con casi 13 mdp para acciones de infraestructura.
Lo anterior, evidentemente, resulta un despropósito, ya que los congresistas no están para asignar obra, sino para legislar; y observando la línea del gobierno federal, que canceló el Ramo 23, es incongruente que los diputados del bloque Juntos Haremos Historia intenten revivirlo en la entidad de manera disfrazada.
Respecto al Código Financiero y a la Ley de Austeridad, resulta importante que el Gobierno del Estado haya enviado al Congreso sus observaciones para que se revisen en términos de ley, ya que todo indica que la actual legislatura local se extralimitó en sus facultades al invadir competencias de los otros poderes y los municipios, ya que varias disposiciones de ambos ordenamientos violentan la autonomía presupuestaria de estos órganos de la administración pública estatal.
De hecho, los preceptos de la Ley de Austeridad suponen una sobreregulación en la materia, ya que el presupuesto obliga a los entes a aplicar medidas de materia de disciplina presupuestal, y en el caso del Ejecutivo, hay evidencia de su efectividad, ya que, con ahorros, y sin contratar deuda ni subir impuestos, se han puesto en marcha obras de gran impacto, como la modernización de la vía Apizaco-Tlaxcala, y la construcción del Nuevo Hospital General de Tlaxcala.
Toda esta circunstancia pondrá a prueba la madurez y la capacidad de entendimiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo para acordar condiciones presupuestales óptimas que garanticen el desarrollo de la entidad.
Es momento de pensar en el interés de la ciudadanía, por encima de tentaciones de carácter político.
