Motu propio, Presidente de México rinde informe de promesas cumplidas, combatiendo hechos lesivos consumados por gobernantes del pasado. Arbitrariedades e injusticias practicados durante sexenios que; hicieron mucho daño a la nación. La corrupción en que todavía vive el país, ha iniciado a combatirse desde el día uno de diciembre del año pasado, en primer término, se ha dado nombramiento a Secretarios de Estado, como ayudantes presidenciales, cuya carta de presentación ha sido la honradez y como doctrina política: servir al pueblo y de ninguna forma servirse de él. Ahí es donde dio inicio la Cuarta Transformación, porque un gobierno debe integrarse con funcionarios públicos dignos y confiables para el desempeño encomendado en beneficio de la sociedad.
La limpieza burocrática ya inició, con la personalidad presidencial la que no asume posturas de rey, la investidura presidencial hoy se funde con el pueblo (sufrido), que lo eligió con acierto. Hoy López Obrador está reconstruyendo la materia de Civismo que se impartía en la Escuela mucho antes de la perniciosa Reforma Educativa. El Ejecutivo Federal ha iniciado verdaderos cambios burocráticos eliminando vicios lesivos que ostentaban los componentes de anteriores mandatos nacionales.
Un ejemplo: eliminar las altas pensiones de ex mandatarios presidenciales que se le elevaban a millones de pesos, ello como “premio” por haber enajenado al país y por llevarse elevados dividendos en compras, por ejemplo en la adquisición de una planta fertilizadora, ello en pésimas condiciones de producción.
Este gobierno federal ha eliminado el poder centralista, donde los demás Poderes Judicial y Legislativo), estaban bajo su férula. Haciendo de un gobierno supuestamente democrático un auténtico imperio por sexenios consecutivos. Donde el Presidente casi semidiós, no se le podía acercar un ciudadano común y corriente, porque miembros del Estado Mayor no lo permitían. Hoy ese cuerpo militar se encuentra prestando servicios en donde siempre debió estar.
El informe escuchado el lunes pasado, enunció la distribución del dinero recaudado por la venta de bienes enajenados a bandas delictuosas así como a vehículos de lujo que estaban asignados al servicio de altos funcionarios. Parte de esos recursos ya se han entregado a dos municipios del Estado de Oaxaca, con ello queda mostrada la honradez de gobierno y la atención a pueblos marginados. Si recuerda el pueblo, con anteriores gobiernos los bienes confiscados a la delincuencia organizada, no se sabía en qué manos quedaban y, el valor no era nada despreciable.
Lo referido al robo de gasolinas operado desde dentro de PEMEX y del exterior, práctica nociva contra el tesoro de la nación, ha sido detenida en gran medida con ello se logrará disminuir la deuda de la citada empresa mexicana y además eliminar ese delito que gobiernos anteriores consintieron con beneplácito porque jamás lo combatieron. Este acto gubernamental rescata la riqueza nacional que también gobiernos perversos enajenaron prefiriendo vender petróleo crudo barato que refinarlo, y comprar combustible caro, ello en detrimento de la economía popular. Este hecho conduce hacia la mejora de precios de gasolinas así como; incrementar más producción de crudo para producir suficiente gasolina mexicana con el propósito de no comprar más producto extranjero. México debe alcanzar la autosuficiencia para logar autonomía económica.
Al principio del mandato del actual Presidente prometió no actuar con venganza política a ex funcionarios que han cometido delitos de carácter penal, y lo ha cumplido. Al mismo tiempo expresó que tampoco iba a influir en procesos de funcionarios acusados ante la Ley. Y lo ha cumplido. Sin embargo; el pueblo exige le castigo para los delincuentes señalados por la justicia mexicana con el fin de que sean sancionados como sancionan las leyes respectivas. Al momento solo se han visto los primeros pasos legales para sancionar a delincuentes y los ya indiciados. El caso Lozoya es uno de ellos, en el que el delincuente valiéndose de relaciones políticas de partidos políticos que ahora son de oposición, lo protegen. Se espera que funcionarios actuales encargados de impartir justicia (que es lo que el pueblo exige), cumplan con su deber de aplicar la justa ley, para reafirmar que: “México es una nación de Derecho”. Delincuentes oficiales deben terminar en la cárcel como justa medida social y legal.
