/ viernes 18 de enero de 2019

Protestas previsibles

Los actos de protestas que emprendieron ayer diversas organizaciones sindicales en la sede del Poder Legislativo eran previsibles.

A los gremios de burócratas y maestros generó preocupación la serie de recortes presupuestales y medidas de control de gasto que los diputados locales aprobaron dentro del Presupuesto de Egresos y el Código Financiero de este año, así como la nueva Ley de Austeridad.

Tras la validación de estos decretos, las dirigencias sindicales manifestaron la necesidad de que el Congreso reconsiderara sus planteamientos, y hasta se mostraron mesuradas con sus posicionamientos mediáticos, que apelaban a la sensibilidad de los legisladores locales.

Sin embargo, ante la falta de explicaciones formales, y las declaraciones ligeras de varios diputados, que manifestaron que tales inconformidades venían de personajes dolidos con la desaparición de lujos y privilegios, era inevitable pensar que los sindicalizados actuaran como lo hicieron: manifestándose en Palacio Legislativo.

De entrada, los congresistas redujeron 70 millones de pesos (mdp) a la Oficialía Mayor de Gobierno, afectando con ello las partidas para: 1) cubrir el aumento de sueldos y salarios que se deberá realizar en términos del incremento al salario mínimo constitucional autorizado por el Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y 2) operar el Módulo Médico y garantizar los servicios de salud para miles de trabajadores y sus familias.

De hecho, la Ley de Austeridad establece la desaparición súbita de dicho módulo sin plantear una alternativa para sustituirlo, en agravio de los derechos ganados por los trabajadores.

Por otro lado, se quitaron 12 millones de pesos al Fondo para el Fortalecimiento de Pensiones Civiles, un organismo que aún arrastra un déficit de 200 millones de pesos, por lo que se afectan las prestaciones y servicios de los derechohabientes, entre ellos, trabajadores en activo, así como pensionados y jubilados.

Y en el caso particular del magisterio, la eliminación sin fundamento alguno del Fondo de Apoyos para la Educación Básica, por un monto de 130 millones de pesos, impedirá dar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa, mediante infraestructura, estímulos al personal educativo y becas.

Por esa razón, era cuestión de tiempo para que los sindicatos 7 de Mayo, Justo Sierra, Mártires de 1910, Juárez Blancas y la Sección 55 del SNTE, se movilizaran para defender los derechos de sus agremiados que, al final de cuentas, fueron víctimas colaterales de la ignorancia supina de los diputados, que demostraron nuevamente una visión apocada de los alcances de sus mezquinas decisiones.

A los ojos de miles de burócratas y maestros resultó incongruente que, mientras a ellos los pretendían castigar con menos presupuesto, los legisladores se aumentaran su propio gasto y hasta se evadieran de su compromiso de bajarse el sueldo, en el caso de los de Morena, PT y PES.

Francamente, el Congreso local puedo evitarse este escenario corrigiendo a tiempo dichos ordenamientos, por lo que ahora, cualquier deliberación, sería resultado de la presión social, que hace sombra a la fuerza de cualquier mayoría legislativa, más que del diálogo y el acuerdo que nutre las relaciones institucionales, y respeta derechos y atribuciones por encima de cualquier pretensión política.


Los actos de protestas que emprendieron ayer diversas organizaciones sindicales en la sede del Poder Legislativo eran previsibles.

A los gremios de burócratas y maestros generó preocupación la serie de recortes presupuestales y medidas de control de gasto que los diputados locales aprobaron dentro del Presupuesto de Egresos y el Código Financiero de este año, así como la nueva Ley de Austeridad.

Tras la validación de estos decretos, las dirigencias sindicales manifestaron la necesidad de que el Congreso reconsiderara sus planteamientos, y hasta se mostraron mesuradas con sus posicionamientos mediáticos, que apelaban a la sensibilidad de los legisladores locales.

Sin embargo, ante la falta de explicaciones formales, y las declaraciones ligeras de varios diputados, que manifestaron que tales inconformidades venían de personajes dolidos con la desaparición de lujos y privilegios, era inevitable pensar que los sindicalizados actuaran como lo hicieron: manifestándose en Palacio Legislativo.

De entrada, los congresistas redujeron 70 millones de pesos (mdp) a la Oficialía Mayor de Gobierno, afectando con ello las partidas para: 1) cubrir el aumento de sueldos y salarios que se deberá realizar en términos del incremento al salario mínimo constitucional autorizado por el Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y 2) operar el Módulo Médico y garantizar los servicios de salud para miles de trabajadores y sus familias.

De hecho, la Ley de Austeridad establece la desaparición súbita de dicho módulo sin plantear una alternativa para sustituirlo, en agravio de los derechos ganados por los trabajadores.

Por otro lado, se quitaron 12 millones de pesos al Fondo para el Fortalecimiento de Pensiones Civiles, un organismo que aún arrastra un déficit de 200 millones de pesos, por lo que se afectan las prestaciones y servicios de los derechohabientes, entre ellos, trabajadores en activo, así como pensionados y jubilados.

Y en el caso particular del magisterio, la eliminación sin fundamento alguno del Fondo de Apoyos para la Educación Básica, por un monto de 130 millones de pesos, impedirá dar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa, mediante infraestructura, estímulos al personal educativo y becas.

Por esa razón, era cuestión de tiempo para que los sindicatos 7 de Mayo, Justo Sierra, Mártires de 1910, Juárez Blancas y la Sección 55 del SNTE, se movilizaran para defender los derechos de sus agremiados que, al final de cuentas, fueron víctimas colaterales de la ignorancia supina de los diputados, que demostraron nuevamente una visión apocada de los alcances de sus mezquinas decisiones.

A los ojos de miles de burócratas y maestros resultó incongruente que, mientras a ellos los pretendían castigar con menos presupuesto, los legisladores se aumentaran su propio gasto y hasta se evadieran de su compromiso de bajarse el sueldo, en el caso de los de Morena, PT y PES.

Francamente, el Congreso local puedo evitarse este escenario corrigiendo a tiempo dichos ordenamientos, por lo que ahora, cualquier deliberación, sería resultado de la presión social, que hace sombra a la fuerza de cualquier mayoría legislativa, más que del diálogo y el acuerdo que nutre las relaciones institucionales, y respeta derechos y atribuciones por encima de cualquier pretensión política.


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