El gobierno que inicia actividades el 1 de diciembre tiene claro dos parámetros que derivan del mandato popular de la elección del 1 de julio:
1.- El hartazgo social, cuyas causas podemos agruparlas en tres ejes; Violencia, desigualdad y corrupción, todos ellos arropados y multiplicados por la impunidad.
2.- Debido a la reiterada ineficacia en la acción de gobierno, la sociedad exige un cambio en la actuación de sus diputados para que se conecten con las necesidades de la sociedad y que legislen los temas más urgentes y sentidos de los votantes.
El presidente electo, para enfrentar el problema de corrupción, ha designado a la maestra Irma Erendira Sandoval, quien ocupara la titularidad de la Secretaría de la Función Pública de la Federación, quien echará mano del Sistema Nacional Anticorrupción, una de las primeras preocupaciones de todo propósito anticorrupción será evitar que las instituciones sean presa, vía designaciones, de intereses particulares.
Loa diputados locales tendrán que acompañar este propósito y legislar todos los pendientes para instaurar el Nuevo Sistema Anticorrupción para iniciar sus trabajos de manera inmediata.
Para lograr este objetivo y vacunar a las instituciones contra este mal en el plano federal, se debe fortalecer y vigilar el modelo de designación, dotándolo de criterios, trayectorias y vínculos que se sustenten en la profesionalización de los servidores públicos, que eviten improvisaciones y saqueos apoyados en compadrazgos.
Estas medidas posibilitan un modelo de transparencia y rendición de cuentas que tenga como soporte el ejercicio de los recursos públicos con criterios éticos y de servicio, con la convicción de servir y con un gran compromiso social para con quienes los eligieron y los designaron en las curules, como se hará a partir del 1 de diciembre en los cargos de alta responsabilidad en el plano federal.
Un tema relevante para nuestro Congreso local, si se pretende recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y el gobierno, se debe pregonar con el ejemplo y en el día a día rescatar la confianza ciudadana. De esta manera podría ejercerse un control democrático del ejercicio público en todas sus dimensiones.
Será que podremos atestiguar la aplicación de los 350 mecanismos de participación que se han diseñado para el plano federal, más los que determinen las entidades federativas, será un magnifico menú del control gubernamental para ofrecer a la sociedad, como lo ha determinado en su reciente mandato electoral.
Una propuesta para nuestro Congreso, si observamos las novedades de congresos de avanzada en el mundo, se relaciona con el derecho humano a la buena administración, para ello debe otorgarse desde el Poder Legislativo la centralidad del ciudadano en el derecho administrativo, convertir como objetivo principal de todo proceso administrativo el servicio al ciudadano, de no existir este criterio de orden racional, no podrá ejercerse y aplicarse.
Este ordenamiento jurídico en el que las categorías e instituciones públicas deben orientarse al servicio del interés general, lo establece el artículo 103 de la Constitución española desde 1978, y cualquier diputado local de Tlaxcala podría promover la aprobación de este derecho en nuestra localidad y colocarse a la vanguardia en todo el país en este tema, solo es asunto de voluntad.
Ya no vale plantear el ejercicio del poder unitario, autoritario desligado del sentir social, quedó atrás la idea de la autoridad o del poder que no tenga como principalísimo objetivo servir al ciudadano.
Esta es la nueva funcionalidad del derecho administrativo, así se supera la práctica actual de la construcción ideológica intelectual, montada, a partir del privilegio o la prerrogativa, esta visión excluyente se ve superada por una concepción social más dinámica, abierta e incluyente, determinada por el compromiso social que mejore las condiciones de vida de la población a partir de las técnicas e instituciones que componen esta rama del Derecho Público. Como ejemplo, ya no solo gestionar empleos de salario mínimo sino mejorando ingresos y prestaciones de inicio en estos logros.
Se cambia la potestad, el privilegio o la prerrogativa, ahora lo ocupa por derecho propio la persona, el ser humano de carne y hueso, (recordamos el libro del maestro Enrique González Pedrero, “La democracia de carne y hueso”), que asume un papel central en todas las ciencias sociales, también obviamente en el Derecho Administrativo y en las decisiones políticas del gobierno, como lo plantea el artículo 41 de la Carta Europea de derechos fundamentales.
La persona, el ciudadano, el administrado o particular, según la terminología jurídico administrativa en uso, ha dejado de ser un sujeto inerte, inerme e indefenso frente a un poder que intenta controlarlo, que le prescribía lo que era bueno o malo para él, al que estaba sometido y que infundía, gracias a sus fenomenales privilegios y prerrogativas, una suerte de amedrentamiento y temor que terminó por ponerlo de rodillas ante la todopoderosa maquinaria de dominación en que se constituyó tantas veces el Estado.
