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Comentamos desde la primera entrega de esta serie, que los electores determinaron el 1 de julio el cambio de modelo de gobierno y esperan mucho de sus diputados, desean de esta representación popular un cambio de actitud y de rumbo; el Legislativo estaba solo al servicio de las cúpulas políticas y económicas, sacrificando los intereses de la ciudadanía, por ello están en los últimos lugares de reconocimiento social, según la encuesta reciente de Mitofsky, por abajo incluso de las fuerzas armadas.
El futuro próximo será diferente, los congresos locales y federal han empezado a legislar temas sensibles demandados por el interés general, como ejemplo, suspender las pensiones presidenciales, la revisión del cobro de las comisiones por servicios bancarios que, a diferencia de los demás países, los bancos nos cobran dos o tres veces más caro en México con la complicidad de los congresos anteriores, por eso mismo pagamos en México la gasolina al doble de lo que le cuesta al pueblo norteamericano.
Estos temas son federales, pero veamos los pendientes que tiene nuestro Congreso local: concluir el tema anticorrupción, atender las irregularidades de los comisionados de la Iaiptlax, urgente es legislar en conexión con la ley laboral aprobada recientemente en el ámbito federal, nuestros diputados deben autorizar que el Tribunal Superior de Justicia local atienda asuntos laborales, en diez estados de la República ya se ha legislado este tema que sigue siendo un pendiente para Tlaxcala.
Otro tema es la aprobación del presupuesto, debe darse una mayor orientación al desarrollo económico, mayor atención a los grupos más vulnerables, es cierto también que deben ceñirse a los recursos existentes y factibles de recaudar de acuerdo a la ley de ingresos, esto es, no pueden suprimir un cobro sin ajustar el gasto para asegurar un equilibrio entre ingreso y gasto, antes de que termine el año como van a determinar estas dos herramientas de la política económica relevantes para la actuación del ejecutivo en 2019.
Los cambios que realice el Poder Legislativo local puede ser objeto de impugnación, ahora la Administración no dispone de una posición de supremacía que le permite operar como lo venían haciendo, ahora los poderes han de estar más equilibrados.
La nueva regla general es atemperar la discrecionalidad con la que se gasta y decide la orientación de los recursos a la fecha, ahora, tendrá que, asegurar el servicio objetivo al interés general, el ejercicio, motivado y justificado, de una nueva y determinada potestad.
Esta realidad derivará, si lo abordan y lo aprueban así, del nuevo Derecho Administrativo que plantearía una nueva funcionalidad de la institución orientada al interés general.
La razón de esta nueva manera de contemplar el Derecho Administrativo se encuentra, lo hemos dicho, en la centralidad de la persona y en su derecho fundamental a una buena administración, aquella que actúa en todo caso al servicio objetivo del interés general.
Tratar sobre el derecho fundamental de la persona a una buena administración significa plantear la cuestión desde la perspectiva del ciudadano común o como decimos en Tlaxcala, del ciudadano de a pie.
El Derecho Administrativo considerado desde la posición central del ciudadano, este punto de vista lo señaló el reformista Michel Crozier padre de la sociología de las organizaciones, ha sido superado por la concentración de aproximaciones y dimensiones sobre la propia administración pública de carácter cerrado, endogámico o inmanente, como se prefiera denominar, todavía presentes en el panorama del poder público y académico.
Nos interesa constatar que así ha sido durante muchos años olvidándose, esto es lo sorprendente, del destinatario natural y propio de las políticas públicas, de los poderes públicos: la ciudadanía, solo estaba mencionada en los discursos pero en la realidad estaba borrada.
La centralidad ciudadana se constatará cuando, el congreso legisle temas como: Regular las comisiones bancarias, bajar sustancialmente el costo de gasolina, diésel y energía eléctrica, costo de los servicios telefónicos, regulación de los abusos de compras en línea, el costo de los intereses bancarios, determinar en el ejercicio del gasto, mayor monto de inversión que de gasto corriente, entre otros.
El gobierno debe abordar de inmediato la atención a las inequidades económicas, la desigualdad que afecta a la mayoría de la población, el bajo ingreso salarial, cuando haya atendido estos temas centrales, aceptaremos que ya empezó a colocar al ciudadano como razón principal del ejercicio del poder público, con un fuerte compromiso con los valores humanos, entonces el aparato público deja de ser un fin en sí mismo y recupera su conciencia de institución de servicio esencial a la comunidad. Así, de esta manera, el poder político habrá recuperado su orientación y compromiso social.
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