/ miércoles 21 de febrero de 2018

Reformar administración pública y reorientar a la sociedad es transformar al Estado, tarea urgente

La administración pública mexicana en sus distintos niveles está colapsada, es obesa, dispersa, inconexa y disfuncional, por tanto, es obsoleta e ineficaz; estos adjetivos el gobierno se los ha ganado a pulso en las últimas cuatro décadas, la población pobre, en economía informal, sin seguridad social y con una perspectiva de inequidad e indefensión creciente, es resultado del desgaste moral y político del gobierno.

Agregar corrupción e impunidad es sobredimensionar la ineficacia pública y acercarla al saqueo de las arcas estatales y nacionales.

Dos ejemplos claros de ineficacia gubernamental son pobreza y violencia. Muchos programas gubernamentales duplicados, presupuestos y estructuras mal empleados, resultados nimios, pobreza y violencia aumentan año con año sin justificación.

Es urgente una reforma administrativa, una revisión del federalismo que armonice la arquitectura institucional y funcional, y permita, en principio, una visión integral de problemas y determine su programación eficiente y eficaz.

Los partidos políticos abandonaron las causas sociales, los gobernantes y munícipes, desconectados de la problemática social, se dedican a administrar los recursos sin ética pública como la gran rectora de la actividad política.

Los congresos, federal y estatales, están más distraídos en atender intereses personales y de los titulares de las fracciones partidistas, quienes solo protegen los intereses económicos y políticos de cacicazgos nacionales y locales. Y olvidaron su compromiso original: proteger a la sociedad.

Al movimiento de cambio le podemos llamar: modernización, reingeniería, reestructuración, innovación, rediseño, reinvención; lo importante es agregar tres cualidades: calidad, responsabilidad social y eficacia, y así rescatar la funcionalidad del régimen político.

Otra estrategia es la gobernanza, un paso más allá del cambio deliberado de estructuras y procesos de las organizaciones públicas, la gobernanza permite el redireccionamiento de la sociedad por el poder público en aras de la eficacia, esta, la gobernanza, ha sido desairada por algunos gobernantes por ignorancia, desconocen naturaleza y alcances.

Quienes conocen la gobernanza y no la instrumentan, aun pulsando la incapacidad gubernamental, saben que deben apoyar la tarea pública en problemas específicos, solo requieren una férrea voluntad política y un mínimo cuadro de dirigencia con el perfil adecuado para su implementación.

La gobernanza tiene una tarea previa obligada: la reconstrucción de lo social, que se encuentra desarticulado, manipulado, manoseado, desconfiado y pobre.

Con una reforma administrativa que integre a la gobernanza y modifique el régimen político, estaríamos escalando hacia una reforma de Estado.

El gobierno no alcanza a acreditar ser un agente capaz de dirección, coordinación y articulación de su sociedad, sigue pendiente el resultado trascendente, convertir a la democracia electoral en un componente de la capacidad gubernativa del gobierno.

La redirección social debe rescatar el sentido de existencia, superar ser objeto de explotación, tener acceso a bienes, servicios públicos y opciones de desarrollo para todos, atemperar corrupción y patrimonialismo en cualquier forma y nivel.

La generación, creación/agregación de valor público, debe beneficiar a todos y facilitar el desarrollo de capacidades de los más vulnerables, si esta franja incrementa su utilidad, reduce costos al gobierno en montos de programas sociales.

Todo propósito de cambio administrativo debe tener como punto de partida la centralización del ciudadano, esto en conexión con la tradición republicana más que con la liberal y democrática, y resaltar el libre derecho del ciudadano a corresponsabilizarse del bien de la comunidad política, urge reintegrar y comprometer a las presidencias de comunidad en la tarea pública.

El ciudadano constituido en sujeto activo en la deliberación política sobre asuntos públicos, se convierte en actor principal en las políticas públicas, supera su condición de elector, contribuyente pasivo y traslada su rol de espectador de la vida pública, para convertirse en actor decisor del destino comunitario.

La política debe ser un medio de acción al alcance de todos y no de quienes marginan a todos para solo ellos beneficiarse, el control político no debe estar, según palabras de Francisco Valdés Ugalde, en manos de alimañas que solo buscan beneficiarse.

La energía gubernamental y social se concentró en el proceso democrático electoral, que aún con vicios profundos, descuidaron la democracia gubernativa.

Esta práctica acrecentó la desconfianza a nivel tal y a tal grado, que la sociedad está a punto de dar un giro suficiente para colocar en el Gobierno federal a una corriente distinta a las que han gobernado los últimos 20 años, esperamos que con cualquier vía se den las condiciones para hacer una reforma administrativa de tal magnitud que solucione los dos problemas más sentidos de la sociedad aparte de la corrupción, que son la violencia y la pobreza, en ese orden de importancia.

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La administración pública mexicana en sus distintos niveles está colapsada, es obesa, dispersa, inconexa y disfuncional, por tanto, es obsoleta e ineficaz; estos adjetivos el gobierno se los ha ganado a pulso en las últimas cuatro décadas, la población pobre, en economía informal, sin seguridad social y con una perspectiva de inequidad e indefensión creciente, es resultado del desgaste moral y político del gobierno.

Agregar corrupción e impunidad es sobredimensionar la ineficacia pública y acercarla al saqueo de las arcas estatales y nacionales.

Dos ejemplos claros de ineficacia gubernamental son pobreza y violencia. Muchos programas gubernamentales duplicados, presupuestos y estructuras mal empleados, resultados nimios, pobreza y violencia aumentan año con año sin justificación.

Es urgente una reforma administrativa, una revisión del federalismo que armonice la arquitectura institucional y funcional, y permita, en principio, una visión integral de problemas y determine su programación eficiente y eficaz.

Los partidos políticos abandonaron las causas sociales, los gobernantes y munícipes, desconectados de la problemática social, se dedican a administrar los recursos sin ética pública como la gran rectora de la actividad política.

Los congresos, federal y estatales, están más distraídos en atender intereses personales y de los titulares de las fracciones partidistas, quienes solo protegen los intereses económicos y políticos de cacicazgos nacionales y locales. Y olvidaron su compromiso original: proteger a la sociedad.

Al movimiento de cambio le podemos llamar: modernización, reingeniería, reestructuración, innovación, rediseño, reinvención; lo importante es agregar tres cualidades: calidad, responsabilidad social y eficacia, y así rescatar la funcionalidad del régimen político.

Otra estrategia es la gobernanza, un paso más allá del cambio deliberado de estructuras y procesos de las organizaciones públicas, la gobernanza permite el redireccionamiento de la sociedad por el poder público en aras de la eficacia, esta, la gobernanza, ha sido desairada por algunos gobernantes por ignorancia, desconocen naturaleza y alcances.

Quienes conocen la gobernanza y no la instrumentan, aun pulsando la incapacidad gubernamental, saben que deben apoyar la tarea pública en problemas específicos, solo requieren una férrea voluntad política y un mínimo cuadro de dirigencia con el perfil adecuado para su implementación.

La gobernanza tiene una tarea previa obligada: la reconstrucción de lo social, que se encuentra desarticulado, manipulado, manoseado, desconfiado y pobre.

Con una reforma administrativa que integre a la gobernanza y modifique el régimen político, estaríamos escalando hacia una reforma de Estado.

El gobierno no alcanza a acreditar ser un agente capaz de dirección, coordinación y articulación de su sociedad, sigue pendiente el resultado trascendente, convertir a la democracia electoral en un componente de la capacidad gubernativa del gobierno.

La redirección social debe rescatar el sentido de existencia, superar ser objeto de explotación, tener acceso a bienes, servicios públicos y opciones de desarrollo para todos, atemperar corrupción y patrimonialismo en cualquier forma y nivel.

La generación, creación/agregación de valor público, debe beneficiar a todos y facilitar el desarrollo de capacidades de los más vulnerables, si esta franja incrementa su utilidad, reduce costos al gobierno en montos de programas sociales.

Todo propósito de cambio administrativo debe tener como punto de partida la centralización del ciudadano, esto en conexión con la tradición republicana más que con la liberal y democrática, y resaltar el libre derecho del ciudadano a corresponsabilizarse del bien de la comunidad política, urge reintegrar y comprometer a las presidencias de comunidad en la tarea pública.

El ciudadano constituido en sujeto activo en la deliberación política sobre asuntos públicos, se convierte en actor principal en las políticas públicas, supera su condición de elector, contribuyente pasivo y traslada su rol de espectador de la vida pública, para convertirse en actor decisor del destino comunitario.

La política debe ser un medio de acción al alcance de todos y no de quienes marginan a todos para solo ellos beneficiarse, el control político no debe estar, según palabras de Francisco Valdés Ugalde, en manos de alimañas que solo buscan beneficiarse.

La energía gubernamental y social se concentró en el proceso democrático electoral, que aún con vicios profundos, descuidaron la democracia gubernativa.

Esta práctica acrecentó la desconfianza a nivel tal y a tal grado, que la sociedad está a punto de dar un giro suficiente para colocar en el Gobierno federal a una corriente distinta a las que han gobernado los últimos 20 años, esperamos que con cualquier vía se den las condiciones para hacer una reforma administrativa de tal magnitud que solucione los dos problemas más sentidos de la sociedad aparte de la corrupción, que son la violencia y la pobreza, en ese orden de importancia.

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