El presidente electo Andrés López Obrador presentó su propuesta titulada Plan Nacional de Paz y Seguridad para el período 2018-2024, destacando ocho ejes, el número cinco pretende reformular el combate a las drogas.
Para comprender a la nueva a administración uno debe asomarse al criterio y valores que tiene su cuadro directivo, por ejemplo, su secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, ha sostenido que:
la métrica que requiere la construcción de un poema es la misma precisión y armonía que debe aplicarse para la optimización y transparencia de la política económico-financiera del gobierno.
La ética vale uno, la humanidad vale cero, la honestidad vale otro cero, la dignidad otro cero… y así sumamos lo que vale un ser humano, hasta llegar a millones, pero al final, si el ser humano pierde la ética, por muchos ceros que tenga no vale nada. Si se va su ética se va todo”, así suele explicar la importancia de la ética en la vida de las personas y del gobierno.
Pero volvamos a la propuesta de seguridad, las estrategias de penalización contra las adicciones, la violencia gubernamental, desde una perspectiva estrictamente económica, el negocio principal del narcotráfico no reside en traficar con estupefacientes sino en burlar la prohibición correspondiente, ésta representa diversas oportunidades para agregar valor a sus productos muy por encima de los costos reales de cultivo/producción, transporte y comercialización: el paso de fronteras y puestos de control, los sobornos a policías, funcionarios y políticos, es lo que realmente le agrega valor al negocio del narcotráfico.
Esto explica el enorme diferencial entre los costos de producción de las drogas prohibidas y su precio en los mercados finales; y explican, también, los enormes márgenes de utilidad y rentabilidad que caracterizan al narcotráfico.
En cambio, la “guerra contra las drogas” ha escalado el problema de salud pública hasta convertirlo en un asunto de seguridad pública, en el fortalecimiento imparable de los grupos delictivos dedicados a la producción y el trasiego de estupefacientes, en una violencia ya intolerable, ya un problema de seguridad nacional, la presencia financiera, el poder de fuego, la capacidad operativa y la internacionalización de los cárteles se ha incrementado en forma sostenida y no se contrarresta por el gobierno.
La alternativa inevitable es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la persecución de las sustancias que las generan y se dedique en una primera instancia a mantener bajo control las de quienes ya las padecen, mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción, para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados.
Ciertamente, en la medida en que el narcotráfico es un negocio transnacional en el que nuestro país desempeña el papel tanto de productor de mariguana, amapola y metanfetaminas como de territorio de tránsito de la cocaína sudamericana.
De entrada, México limita al norte con Estados Unidos, que es el mayor consumidor de drogas con 27 millones de consumidores habituales y decenas de miles de muertes anuales por intoxicación y sobredosis.
En Estados Unidos los costos sociales de las adicciones, incluido el alcohol, se calculan en más de 400 mil millones de dólares, pero el gasto federal en prevención y tratamiento (Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant) es de solo mil 850 millones y sólo un 10 por ciento de los adictos está en tratamiento.
En contraste, el gobierno de Washington destina anualmente cuatro mil 700 millones de dólares en ayuda (principalmente, militar) a Afganistán y tres mil 100 millones de dólares a Israel.
La necesidad de cambiar de enfoque salta a la vista: la única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas residen en reorientar de manera negociada y bilateral los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas -masivos, pero personalizados- de reinserción y desintoxicación.
A pesar de los cientos de miles de vidas perdidas, los miles de millones de dólares invertidos, los recursos consumidos y los sistemas de inteligencia y vigilancia empeñados en la “guerra contra las drogas”, el gobierno mexicano no ha podido derrotar a los cárteles y no hay perspectivas de que logre vencerlos en un tiempo estimable.
Invariablemente, los grandes y publicitados golpes al narco -capturas o muertes de capos, decomisos, “aseguramientos” de bienes- se traducen en un recrudecimiento de la violencia, en violaciones a los derechos humanos y, a la postre, en procesos de fragmentación de las organizaciones criminales que multiplican la inseguridad y los padecimientos de las poblaciones.
En cambio, la estrategia policial y belicista aplicada en los últimos doce años ha dejado una tragedia humana y social de dimensiones incalculables: más de 200 mil personas asesinadas y más de 37 mil desaparecidas -cinco mil son menores de edad-, un número incalculable de desplazados por la violencia y millones de personas que han modificado sus patrones de vida para protegerse y no han disminuido la violencia.
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