El derecho de acceso a la información es relativamente reciente. Si bien desde 1977 se estableció en la Constitución Federal el derecho a la información, no es sino hasta el 7 de febrero del 2014 cuando se aprueba una reforma constitucional que estableció este derecho con los alcances que hoy conocemos.
Esta reforma de 2014 contempló medularmente tres aspectos: en primer lugar, se amplía el catálogo de sujetos obligados a transparentar la información que generan, que incluye a todos los niveles de gobierno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de todas aquellas personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos.
Un segundo aspecto fue que al órgano nacional garante del derecho a la transparencia y el acceso a la información pública se le otorgó autonomía constitucional; asimismo, se estableció la creación de órganos locales autónomos en materia de transparencia en cada entidad federativa; al mismo tiempo se establecieron nuevas facultades del órgano garante a nivel federal.
Es innegable que nuestro país ha avanzado en materia de transparencia y, por tant, en la rendición de cuentas, lo que ha contribuido a la lucha contra la corrupción y mejorar el uso de los recursos públicos; sin embargo, aún falta por hacer en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
Varias de las solicitudes de información están relacionadas con datos sobre el presupuesto de las instituciones, sueldos, salarios, prestaciones, viáticos, gasolina, etcétera; esta información es al mismo tiempo la que por mandato de ley deben publicar en las páginas web de las propias dependencias, pero es necesario poner atención a otro aspecto que –desde mi punto de vista- es indispensable para el mejoramiento de los servicios públicos y garantizar el efectivo ejercicio de derechos de la ciudadanía.
Estoy segura que la mayoría de las personas ha tenido que realizar trámites en alguna dependencia gubernamental, organismo o institución; por ejemplo, el canje de placas, licencia de manejo o alguna rectificación de acta de nacimiento.
Si usted busca información en las páginas web para saber qué se tiene que hacer, qué documentos necesita y cuál es el costo, en el mejor de los casos se dará cuenta que están incompletos, no se describe qué pasos se deben seguir para realizar el trámite, pero también se da el caso de que no estén en la página, esta marque error o no cargue la información.
Entonces tiene usted que ir a las oficinas correspondientes donde una persona le comenta qué documentos debe llevar -que en muchos de los casos son distintos a los que se indican en la página web- y luego le explica los pasos a seguir, pero de nada sirve en ese momento, ya que no lleva la documentación completa. Si bien es importante saber cómo se usan los recursos públicos, también es vital dar a conocer la forma de llevar a cabo cualquier trámite, con claridad y con lenguaje ciudadano que permita realizar los mismos con facilidad y sin tener que regresar una y otra vez.
Es necesario y urgente que se amplíen las obligaciones de transparencia a fin de informar cómo realizar los trámites y servicios públicos.
Recomendación semanal
Siguiendo con el tema de la información, esta semana les recomiendo el libro "Democracia y Derecho a la Información" de Luz del Carmen Martí Capitanichi (Porrúa México. 2007), en el que la autora nos explica la importancia del derecho de acceso a la información y la consolidación de la democracia, entendida más allá de la posibilidad de participar en las decisiones de carácter político. Esta obra nos acerca a la legislación en la materia y a los retos que aún persisten en materia de transparencia y acceso a la información.
