Las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la transparencia, la rendición de cuentas y combate a la corrupción han manifestado su preocupación ante las declaraciones realizadas en los últimos días por el presidente de la República que cuestionan la existencia de los organismos constitucionalmente autónomos, el presidente señaló que preparará una reforma administrativa para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pase a ser parte de las secretarías y dependencias del Gobierno federal, que podrán ser la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o incluso la Fiscalía Anticorrupción quienes asuman las funciones del INAI, lo que implicaría su eliminación y pérdida de autonomía.
Esa decisión contravendría los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en especial, del derecho a la información que han establecido como un deber de los Estados, la creación de un organismo especial mediante el cual se pueda hacer exigible el derecho de acceso, cabe precisar que los organismos constitucionales autónomos cumplen una función de contrapeso al poder frente a las arbitrariedades de las instituciones gubernamentales, es preocupante lo planteado pues los organismos que son y han sido herramientas ciudadanas para ejercer derechos clave como la libertad de expresión y el derecho a la información, mismos que permiten el ejercicio de otros derechos, son la razón por la cual resulta fundamental garantizar su existencia e independencia.
Desaparecer el INAI significaría volver a los tiempos del poder sin contrapesos, de los secretos bajo llave y del discurso oficial como verdad predominante, la transparencia es esencial, para todos los gobiernos, pero especialmente para aquellos que llegan al poder para erradicar los excesos del pasado, el delegar las funciones del INAI a dependencias del gobierno, como se señaló a la Secretaría de la Función Pública, la Auditoria Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción, representaría un retroceso para la democracia y para las conquistas ciudadanas, eliminar organismos de naturaleza autónoma es grave en la medida de pretender depositar las funciones a dependencias que forman parte de la Administración Pública Federal, pues serían juez y parte, se concentraría y ejercería de una forma discrecional y arbitraria el poder y las funciones que les correspondería llevar a cabo.
Trasladar la función del INAI al ejecutivo, como propone el presidente, es dejar a los ciudadanos sin una instancia independiente a la cual reclamar ante un abuso, el argumento empleado por el presidente radica básicamente en que "han salido muy caros" para el país y que no se afectaría a las y los trabajadores de los organismos que se pretende desaparecer, ya que formarían parte de la estructura de la Administración Pública centralizada. Es necesario mencionar que no se puede desaparecer a los órganos autónomos basado en un supuesto derroche de recursos cuando son instituciones diseñadas para la tutela de derechos, debemos de entender que se concibió de esa manera para mantener independencia de aquellos poderes que se encuentran sujetos al escrutinio público, pareciera más bien, que se busca acabar con los contrapesos institucionales, los cuales han sido resultado de luchas ciudadanas por décadas como parte de las sociedades democrática.
Cabe precisar que en los procesos democráticos plasmados en las reformas constitucionales del 2007 y 2014, la autonomía del INAI no fue una concesión de los gobiernos, sino más bien una conquista llevada a cabo por la sociedad civil organizada, por lo que eliminar este organismo sería un atentado contra la transparencia y el derecho de acceso a la información, herramientas clave para que la sociedad pueda tener acceso a toda la información generada, administrada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados por el Estado, lo que se traduce en el ejercicio de un derecho clave para la rendición de cuentas en un régimen democrático y por si fuera poco, es responsable de salvaguardar los datos personales de los mexicanos.
Actualmente, el marco legal de acceso a la información en México está calificado como el segundo mejor en todo el mundo, según el Ranking de Derecho a la Información (RTI, por sus siglas en inglés) elaborado por Access Info Europe (AIE) y Centre for Law and Democracy (CLD), el Índice de Percepción de Corrupción 2019 (IPC) de Transparencia Internacional dio a México 29 de 100 puntos (donde 0 es mayor percepción y 100 menor percepción), con lo que el país se ubicó en el lugar 130 de 180.
