/ miércoles 20 de julio de 2022

Resiliencia | El desafío de mejorar la seguridad pública

Los ciudadanos nos preocupamos por la inseguridad, reacción lógica ante situaciones violentas que muestran delitos y crímenes que se cometen a diario y los medios nos muestran en toda su crudeza: -Ya no hay seguridad-, -La seguridad no existe-, son quejas reiteradas de los ciudadanos y los reclamos ante los males que trae la delincuencia violenta, despreciativa del valor de la vida humana, muchas veces con medios tecnológicos, recursos y organización que asombran.

La seguridad pública en el país, se ha convertido en el tema número uno debido a la inseguridad que se vive todos los días, como consecuencia de los altos índices de criminalidad, por lo tanto se hace necesario de personas especializadas que conozcan y sepan abordar los temas de seguridad pública, de manera estratégica enfocada a problemáticas socioculturales y políticas, así como, de otras esferas dentro de una región para dar una respuesta acertada con el fin de resguardar la integridad de personas y sus bienes.

La importancia de la Seguridad Pública es responsabilidad del Gobierno del Estado; busca evitar las alteraciones al orden social, tiende a la convivencia armónica entre los ciudadanos y al respeto de los derechos individuales, por tanto, la Seguridad Pública es un Servicio y su objetivo es mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las leyes y reglamentos, colaborar en la investigación y persecución de los delitos, delincuentes e infractores, auxiliar a la población en casos de siniestros y desastres.

La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad, el Estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo.

De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias, por lo que, la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

Esta definición se introdujo en la Constitución a la par que se realizaron modificaciones en diez artículos constitucionales: siete de ellos en materia penal, uno sobre las facultades del Congreso, uno sobre desarrollo municipal y uno en materia laboral, gracias a estas reformas, ahora el artículo 21 constitucional otorga a las y los policías del país la facultad de investigar los delitos, bajo la conducción y mando del Ministerio Público; señalando explícitamente que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, las cuales se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Debemos comprender dos aspectos relevantes: el primero, la Seguridad Pública es responsabilidad de profesionales y no para improvisados; al referirme a profesionales, no estoy diciendo “uniformados” (policías o militares en actividad o retirados, etc.), me refiero a personas formadas, primero en Administración del Estado y luego en Educación Superior para la Seguridad, con fundamentos y metodología científica de nivel universitario; en segundo lugar, no se pueden encarar soluciones para los problemas inherentes a la Seguridad Pública sin un meticuloso planeamiento previo.

El adecuado tratamiento de la Seguridad Publica permite fijar un Objetivo General para la Administración, la Fuerza Pública o Policía uniformada tiene la gran responsabilidad de velar por la seguridad física de las personas y de los bienes, entonces la Prevención como modo de acción o como Política, cobra el papel preponderante, al igual que la eficaz Investigación de los delitos y crímenes permitirá contrarrestar la tan criticada sensación de inseguridad.

Nuevamente se reitera lo que es lógico en el funcionario policial, se trata nada más ni nada menos que su Formación Profesional, tales como: el conocimiento de la ley, el respeto a los derechos y garantías individuales, la ética y moral policial, el régimen procedimental, la organización del servicio, relaciones y coordinación con los funcionarios judiciales en la realización diaria del servicio, por lo que, deben ser dotados con el equipamiento que corresponde: uniformes, armas, medios de comunicaciones, movilidad; un profesional en Seguridad Pública, debe tener las competencias necesarias para procesar toda la información vinculada a problemas sociales, mediante el uso de metodologías para la investigación, también el conocimiento de herramientas tecnológicas que potencian las acciones en contra de hechos delictivos, salvaguardar la vida e integridad de las personas, control de delitos, cumplimiento de la ley entre muchas otras.

El desafío que se debe seguir es la de Impulsar los ejercicios de colaboración entre los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada para mejorar las condiciones de seguridad, lo que permitirá reducir la incidencia delictiva y con ello consolidar el Estado de Derecho, se deben mejorar los niveles de legitimidad y confianza de las instituciones de seguridad y justicia mediante el fortalecimiento de sus procesos, recursos humanos y capacidad de atención ciudadana, incrementando el gasto en seguridad pública, invirtiendo lo necesarios para alcanzar el número de policías y aumentar la capacitación y profesionalización de los cuerpos policiales, lo cual podría impactar en el incremento de confianza ciudadana y, por ende, en la disminución de la cifra negra de delitos no denunciados.


Los ciudadanos nos preocupamos por la inseguridad, reacción lógica ante situaciones violentas que muestran delitos y crímenes que se cometen a diario y los medios nos muestran en toda su crudeza: -Ya no hay seguridad-, -La seguridad no existe-, son quejas reiteradas de los ciudadanos y los reclamos ante los males que trae la delincuencia violenta, despreciativa del valor de la vida humana, muchas veces con medios tecnológicos, recursos y organización que asombran.

La seguridad pública en el país, se ha convertido en el tema número uno debido a la inseguridad que se vive todos los días, como consecuencia de los altos índices de criminalidad, por lo tanto se hace necesario de personas especializadas que conozcan y sepan abordar los temas de seguridad pública, de manera estratégica enfocada a problemáticas socioculturales y políticas, así como, de otras esferas dentro de una región para dar una respuesta acertada con el fin de resguardar la integridad de personas y sus bienes.

La importancia de la Seguridad Pública es responsabilidad del Gobierno del Estado; busca evitar las alteraciones al orden social, tiende a la convivencia armónica entre los ciudadanos y al respeto de los derechos individuales, por tanto, la Seguridad Pública es un Servicio y su objetivo es mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las leyes y reglamentos, colaborar en la investigación y persecución de los delitos, delincuentes e infractores, auxiliar a la población en casos de siniestros y desastres.

La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad, el Estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo.

De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias, por lo que, la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

Esta definición se introdujo en la Constitución a la par que se realizaron modificaciones en diez artículos constitucionales: siete de ellos en materia penal, uno sobre las facultades del Congreso, uno sobre desarrollo municipal y uno en materia laboral, gracias a estas reformas, ahora el artículo 21 constitucional otorga a las y los policías del país la facultad de investigar los delitos, bajo la conducción y mando del Ministerio Público; señalando explícitamente que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, las cuales se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Debemos comprender dos aspectos relevantes: el primero, la Seguridad Pública es responsabilidad de profesionales y no para improvisados; al referirme a profesionales, no estoy diciendo “uniformados” (policías o militares en actividad o retirados, etc.), me refiero a personas formadas, primero en Administración del Estado y luego en Educación Superior para la Seguridad, con fundamentos y metodología científica de nivel universitario; en segundo lugar, no se pueden encarar soluciones para los problemas inherentes a la Seguridad Pública sin un meticuloso planeamiento previo.

El adecuado tratamiento de la Seguridad Publica permite fijar un Objetivo General para la Administración, la Fuerza Pública o Policía uniformada tiene la gran responsabilidad de velar por la seguridad física de las personas y de los bienes, entonces la Prevención como modo de acción o como Política, cobra el papel preponderante, al igual que la eficaz Investigación de los delitos y crímenes permitirá contrarrestar la tan criticada sensación de inseguridad.

Nuevamente se reitera lo que es lógico en el funcionario policial, se trata nada más ni nada menos que su Formación Profesional, tales como: el conocimiento de la ley, el respeto a los derechos y garantías individuales, la ética y moral policial, el régimen procedimental, la organización del servicio, relaciones y coordinación con los funcionarios judiciales en la realización diaria del servicio, por lo que, deben ser dotados con el equipamiento que corresponde: uniformes, armas, medios de comunicaciones, movilidad; un profesional en Seguridad Pública, debe tener las competencias necesarias para procesar toda la información vinculada a problemas sociales, mediante el uso de metodologías para la investigación, también el conocimiento de herramientas tecnológicas que potencian las acciones en contra de hechos delictivos, salvaguardar la vida e integridad de las personas, control de delitos, cumplimiento de la ley entre muchas otras.

El desafío que se debe seguir es la de Impulsar los ejercicios de colaboración entre los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada para mejorar las condiciones de seguridad, lo que permitirá reducir la incidencia delictiva y con ello consolidar el Estado de Derecho, se deben mejorar los niveles de legitimidad y confianza de las instituciones de seguridad y justicia mediante el fortalecimiento de sus procesos, recursos humanos y capacidad de atención ciudadana, incrementando el gasto en seguridad pública, invirtiendo lo necesarios para alcanzar el número de policías y aumentar la capacitación y profesionalización de los cuerpos policiales, lo cual podría impactar en el incremento de confianza ciudadana y, por ende, en la disminución de la cifra negra de delitos no denunciados.