/ miércoles 10 de noviembre de 2021

Resiliencia | Ética pública

Siempre nos preguntamos qué tanto podemos confiar en nuestras instituciones públicas, la confianza es un recurso moral básico, se puede construir esa confianza a través de la ética, en el día a día, normalmente las personas suelen moverse en cinco planos: individual, familiar, social, laboral y profesional; lo que se espera es que independientemente del lugar en que se encuentre se rija por una misma ética.

La ética es el conjunto de reglas y normas morales que rigen el actuar humano; es la rama de la filosofía que estudia la moralidad; es el conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal en la conducta humana, es decir, es una concepción valorativa de la vida en términos de lo que es bueno, obligatorio o justo, pretende decirnos cuál debe ser el orden de prioridades en la vida como personas y como miembros de una comunidad, podemos decir también, que la ética es un saber racional que nos va a permitir orientar la acción y tomar decisiones pensando siempre en el largo plazo.

En el caso del ejercicio del servidor público remite, no al ser sino al debe ser, es decir, a lo que el servidor público debe hacer, por lo que, la ética pública es la disciplina que estudia y analiza el perfil, la formación y el comportamiento responsable y comprometido de las personas que se ocupan de los asuntos públicos, generando un cambio de actitud al inculcarles valores de servicio público, en el ejercicio de la función pública es importante que los funcionarios actúen con la verdad y el bien, les dice cómo hacerlo bien, ya que son los responsables de las consecuencias de sus actos, no solo presentes sino también futuros y tienen que responder ambos, también es importante porque enseña a los funcionarios a vivir y a actuar en concordancia con lo que son (personas humanas) y a cumplir con la responsabilidad de su función (el bien común), ya que cuando hay ausencia de la praxis ética, se genera el caos moral y da lugar a una actitud guiada por la ley del más fuerte y el más “vivo”.

Un servidor público con responsabilidad ética debe observar los principios y las reglas de la conducta ética, ejecutar sus funciones con eficacia y calidad, satisfaciendo y respondiendo de forma continua las necesidades de la sociedad que es la esencia de su quehacer cotidiano, al estar el servidor público, es decir, al servicio de la sociedad debe mantener una conducta transparente, responsable y honesta, acorde con los principios y la ética pública dado que su objetivo es el de servir al ciudadano, siempre encaminado a cumplir ese objetivo.

La actuación ética y responsable de cada servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, debe estar basada en los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, sin embargo, cuando hablamos del mal uso del poder público o de la autoridad para el beneficio particular, por medio del soborno, la extorsión, la venta de influencias, el nepotismo, el fraude, el tráfico de dinero y el desfalco, nos encontramos frente a la corrupción, por lo que, la ética pública y la corrupción son dos caras de una misma moneda respecto a las cuales tenemos en nuestro país un largo camino por recorrer, dado lo mucho que tenemos que mejorar tanto en comportamientos éticos, sobre todo en nuestra clase política y en la prevención y lucha contra la corrupción en las instituciones públicas.

México ocupa el lugar 124 de entre 180 países que se evalúan en el índice de percepción de la corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, estamos muy lejos de los países punteros y otros muchos más, obviamente, no estamos tan lejos de los últimos países del 'ranking', tales como Somalia, Haití, Venezuela y desde luego Afganistán, países que como México donde además de la corrupción estructural concurren problemas muy graves relativos a la equidad de género dado el papel y la difícil situación de la mujer.

Los actos y decisiones que adoptan las instituciones y las administraciones públicas, se basan en criterios sobre lo que es correcto o incorrecto, por ejemplo toman decisiones como qué recortes se aplican a unos presupuestos, qué programas quedan fuera, cuáles reciben mayor financiamiento, esas son decisiones éticas, la ética pública analiza esos criterios con el objetivo de que las políticas y las practicas públicas contribuyan al bien común.

  • Una de las tendencias actuales de la ética pública es lo que denominamos gobierno abierto, son procesos por los que el estado incorpora a actores sociales como organizaciones o asociaciones para que formen parte de la toma de decisiones y al seguimiento de sus políticas públicas.

Hoy en día la sociedad no se puede conformar con una democracia formal, una libertad condicionada, un derecho a saber mediatizado o un gasto público sin control efectivo, la solución es pasar a un gobierno abierto, que permita la participación, la colaboración y la transparencia, exigiendo el desempeño del servicio público con mayor ética pública, dado que todo ello genera mayor confianza en las instituciones públicas.

Siempre nos preguntamos qué tanto podemos confiar en nuestras instituciones públicas, la confianza es un recurso moral básico, se puede construir esa confianza a través de la ética, en el día a día, normalmente las personas suelen moverse en cinco planos: individual, familiar, social, laboral y profesional; lo que se espera es que independientemente del lugar en que se encuentre se rija por una misma ética.

La ética es el conjunto de reglas y normas morales que rigen el actuar humano; es la rama de la filosofía que estudia la moralidad; es el conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal en la conducta humana, es decir, es una concepción valorativa de la vida en términos de lo que es bueno, obligatorio o justo, pretende decirnos cuál debe ser el orden de prioridades en la vida como personas y como miembros de una comunidad, podemos decir también, que la ética es un saber racional que nos va a permitir orientar la acción y tomar decisiones pensando siempre en el largo plazo.

En el caso del ejercicio del servidor público remite, no al ser sino al debe ser, es decir, a lo que el servidor público debe hacer, por lo que, la ética pública es la disciplina que estudia y analiza el perfil, la formación y el comportamiento responsable y comprometido de las personas que se ocupan de los asuntos públicos, generando un cambio de actitud al inculcarles valores de servicio público, en el ejercicio de la función pública es importante que los funcionarios actúen con la verdad y el bien, les dice cómo hacerlo bien, ya que son los responsables de las consecuencias de sus actos, no solo presentes sino también futuros y tienen que responder ambos, también es importante porque enseña a los funcionarios a vivir y a actuar en concordancia con lo que son (personas humanas) y a cumplir con la responsabilidad de su función (el bien común), ya que cuando hay ausencia de la praxis ética, se genera el caos moral y da lugar a una actitud guiada por la ley del más fuerte y el más “vivo”.

Un servidor público con responsabilidad ética debe observar los principios y las reglas de la conducta ética, ejecutar sus funciones con eficacia y calidad, satisfaciendo y respondiendo de forma continua las necesidades de la sociedad que es la esencia de su quehacer cotidiano, al estar el servidor público, es decir, al servicio de la sociedad debe mantener una conducta transparente, responsable y honesta, acorde con los principios y la ética pública dado que su objetivo es el de servir al ciudadano, siempre encaminado a cumplir ese objetivo.

La actuación ética y responsable de cada servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, debe estar basada en los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, sin embargo, cuando hablamos del mal uso del poder público o de la autoridad para el beneficio particular, por medio del soborno, la extorsión, la venta de influencias, el nepotismo, el fraude, el tráfico de dinero y el desfalco, nos encontramos frente a la corrupción, por lo que, la ética pública y la corrupción son dos caras de una misma moneda respecto a las cuales tenemos en nuestro país un largo camino por recorrer, dado lo mucho que tenemos que mejorar tanto en comportamientos éticos, sobre todo en nuestra clase política y en la prevención y lucha contra la corrupción en las instituciones públicas.

México ocupa el lugar 124 de entre 180 países que se evalúan en el índice de percepción de la corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, estamos muy lejos de los países punteros y otros muchos más, obviamente, no estamos tan lejos de los últimos países del 'ranking', tales como Somalia, Haití, Venezuela y desde luego Afganistán, países que como México donde además de la corrupción estructural concurren problemas muy graves relativos a la equidad de género dado el papel y la difícil situación de la mujer.

Los actos y decisiones que adoptan las instituciones y las administraciones públicas, se basan en criterios sobre lo que es correcto o incorrecto, por ejemplo toman decisiones como qué recortes se aplican a unos presupuestos, qué programas quedan fuera, cuáles reciben mayor financiamiento, esas son decisiones éticas, la ética pública analiza esos criterios con el objetivo de que las políticas y las practicas públicas contribuyan al bien común.

  • Una de las tendencias actuales de la ética pública es lo que denominamos gobierno abierto, son procesos por los que el estado incorpora a actores sociales como organizaciones o asociaciones para que formen parte de la toma de decisiones y al seguimiento de sus políticas públicas.

Hoy en día la sociedad no se puede conformar con una democracia formal, una libertad condicionada, un derecho a saber mediatizado o un gasto público sin control efectivo, la solución es pasar a un gobierno abierto, que permita la participación, la colaboración y la transparencia, exigiendo el desempeño del servicio público con mayor ética pública, dado que todo ello genera mayor confianza en las instituciones públicas.