/ miércoles 16 de junio de 2021

Resiliencia | Independencia judicial

La defensa de la Independencia Judicial es un deber ético, sin embargo es preocupante la tendencia pues obedece a las resoluciones que las y los juzgadores han emitido para frenar actos arbitrarios de la autoridad, reclamados por ciudadanos o grupos de ellos, que se sienten vulnerados en sus derechos, la función de las personas juzgadoras federales ha sido objeto de un hostigamiento cotidiano desde las más altas esferas del poder político, que busca minar su credibilidad frente a la ciudadanía y ante lo cual se ha reaccionado para demandar respeto a la independencia judicial.

Aquel hostigamiento implica, el menosprecio de la defensa del orden constitucional y los derechos humanos, se trata de una perversa estrategia de polarización que coloca a las personas juzgadoras como "enemigas" del pueblo cuando, por el contrario, son quienes deben de defender el respeto de sus libertades y derechos fundamentales, es decir, son quienes tienen el encargo de velar por la racionalidad, la paz y la armonía a través del respeto al Derecho.

El orden constitucional que tenemos en México es producto del esfuerzo de muchas generaciones de mexicanas y mexicanos que se concretan en la Ley Fundamental, cada precepto tiene sustento en luchas por el reconocimiento de la dignidad humana, la contención y el adecuado ejercicio del poder, los mandatos de la Norma no son por capricho ni espontáneos, sino surgieron por la experiencia social e histórica, por lo que, a las y los jueces federales les corresponde velar por ese legado y concretarlo en cada resolución, esa es la misión en una democracia, las injerencias indebidas al quehacer constitucional pone en jaque la viabilidad presente y futura del país, pues el respeto a la Constitución y a las leyes que de ella emanan genera el ambiente propicio para la paz, la armonía social, el crecimiento y el desarrollo económicos.

Tal como lo demostró el "Estudio sobre la Percepción de la Calidad de los servicios que prestan los Tribunales de Circuito, los Juzgados de Distrito y los Centros de Justicia Penal Federal 2015-2019", dicha estrategia buscó justificar la deconstrucción institucional con miras a la consolidación de una autarquía, que en nuestro país siempre ha generado consecuencias muy lamentables en lo moral, lo social y lo económico.

Las acciones derivadas de la política contra el nepotismo y la actuación del Comité de Integridad, la intervención en distintos procedimientos de responsabilidad administrativa, la gestión de recursos materiales y humanos para los juzgadores laborales, la solicitud para que no se difundan los nombres de las y los juzgadores suspendidos por cuestiones de presunción de inocencia, la reinstalación de la suma asegurada en casos de juzgadores hospitalizados, son algunos de los temas que han logrado en la defensa de su independencia judicial.

El Poder Judicial de la Federación no debe ser ni enemigo ni amigo de nadie, su función es velar que todos los actos de autoridad se sujeten a lo que ordena la Constitución en beneficio de la ciudadanía del país (Artículo 103, Fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), es decir obedece únicamente a la Constitución.

Contrario a lo que se dice, el Poder Judicial de la Federación debe estar integrado por personas honestas, Ministros y Ministras, Magistradas y Magistrados, Jueces y Juezas que deben trabajar en defensa de los derechos de todas y todos, de hecho no nada más los titulares sino que esa honestidad debe permear desde las áreas administrativas hasta intendentes, oficiales administrativos, actuarios, secretarios, etc.

Ahora bien, en aquella defensa de la independencia judicial, es difícil adelantar como resolverá la Corte respecto del procedimiento en el que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciará sobre la constitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de la reforma judicial, hay muchos aspectos técnicos a considerar, como lo es, la fuerza que tendrá el precedente, la procedencia de la vía, la votación necesaria y el fondo del asunto.

Será muy interesante conocer el veredicto, sin embargo sigue existiendo un serie de cuestionamientos después de conocer cómo lograron aprobar la "consulta para juzgar a los actores políticos del pasado" así como el que en este momento existen muchos intereses por tener el control del poder absoluto, por lo tanto, podemos esperar cualquier resultado, ya que la predecibilidad de la Corte ha cambiado mucho, por lo que debemos estar pendientes de lo que se resuelva en este asunto que sin duda será trascendental para nuestro país.

La defensa de la Independencia Judicial es un deber ético, sin embargo es preocupante la tendencia pues obedece a las resoluciones que las y los juzgadores han emitido para frenar actos arbitrarios de la autoridad, reclamados por ciudadanos o grupos de ellos, que se sienten vulnerados en sus derechos, la función de las personas juzgadoras federales ha sido objeto de un hostigamiento cotidiano desde las más altas esferas del poder político, que busca minar su credibilidad frente a la ciudadanía y ante lo cual se ha reaccionado para demandar respeto a la independencia judicial.

Aquel hostigamiento implica, el menosprecio de la defensa del orden constitucional y los derechos humanos, se trata de una perversa estrategia de polarización que coloca a las personas juzgadoras como "enemigas" del pueblo cuando, por el contrario, son quienes deben de defender el respeto de sus libertades y derechos fundamentales, es decir, son quienes tienen el encargo de velar por la racionalidad, la paz y la armonía a través del respeto al Derecho.

El orden constitucional que tenemos en México es producto del esfuerzo de muchas generaciones de mexicanas y mexicanos que se concretan en la Ley Fundamental, cada precepto tiene sustento en luchas por el reconocimiento de la dignidad humana, la contención y el adecuado ejercicio del poder, los mandatos de la Norma no son por capricho ni espontáneos, sino surgieron por la experiencia social e histórica, por lo que, a las y los jueces federales les corresponde velar por ese legado y concretarlo en cada resolución, esa es la misión en una democracia, las injerencias indebidas al quehacer constitucional pone en jaque la viabilidad presente y futura del país, pues el respeto a la Constitución y a las leyes que de ella emanan genera el ambiente propicio para la paz, la armonía social, el crecimiento y el desarrollo económicos.

Tal como lo demostró el "Estudio sobre la Percepción de la Calidad de los servicios que prestan los Tribunales de Circuito, los Juzgados de Distrito y los Centros de Justicia Penal Federal 2015-2019", dicha estrategia buscó justificar la deconstrucción institucional con miras a la consolidación de una autarquía, que en nuestro país siempre ha generado consecuencias muy lamentables en lo moral, lo social y lo económico.

Las acciones derivadas de la política contra el nepotismo y la actuación del Comité de Integridad, la intervención en distintos procedimientos de responsabilidad administrativa, la gestión de recursos materiales y humanos para los juzgadores laborales, la solicitud para que no se difundan los nombres de las y los juzgadores suspendidos por cuestiones de presunción de inocencia, la reinstalación de la suma asegurada en casos de juzgadores hospitalizados, son algunos de los temas que han logrado en la defensa de su independencia judicial.

El Poder Judicial de la Federación no debe ser ni enemigo ni amigo de nadie, su función es velar que todos los actos de autoridad se sujeten a lo que ordena la Constitución en beneficio de la ciudadanía del país (Artículo 103, Fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), es decir obedece únicamente a la Constitución.

Contrario a lo que se dice, el Poder Judicial de la Federación debe estar integrado por personas honestas, Ministros y Ministras, Magistradas y Magistrados, Jueces y Juezas que deben trabajar en defensa de los derechos de todas y todos, de hecho no nada más los titulares sino que esa honestidad debe permear desde las áreas administrativas hasta intendentes, oficiales administrativos, actuarios, secretarios, etc.

Ahora bien, en aquella defensa de la independencia judicial, es difícil adelantar como resolverá la Corte respecto del procedimiento en el que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciará sobre la constitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de la reforma judicial, hay muchos aspectos técnicos a considerar, como lo es, la fuerza que tendrá el precedente, la procedencia de la vía, la votación necesaria y el fondo del asunto.

Será muy interesante conocer el veredicto, sin embargo sigue existiendo un serie de cuestionamientos después de conocer cómo lograron aprobar la "consulta para juzgar a los actores políticos del pasado" así como el que en este momento existen muchos intereses por tener el control del poder absoluto, por lo tanto, podemos esperar cualquier resultado, ya que la predecibilidad de la Corte ha cambiado mucho, por lo que debemos estar pendientes de lo que se resuelva en este asunto que sin duda será trascendental para nuestro país.