Ayer, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, entregó a nombre del Gobernador Marco Mena una iniciativa de ley al Congreso Local para que la Comisión Estatal de Seguridad (CES) tenga el rango de Secretaría.
En pocas palabras, propone la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado.
Sin proponer modificaciones presupuestales ni gastos extra a la administración estatal, el Ejecutivo estatal busca dar un nuevo perfil a esta instancia gubernamental, a efecto de que la tarea de seguridad involucre a la ciudadanía y propicie la participación de los tlaxcaltecas.
Evidentemente, se trata de una iniciativa relevante, muy acorde a los tiempos actuales, ya que el concepto de Seguridad Ciudadana es más amplio que el de Seguridad Pública.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la conceptualización de la Seguridad Ciudadana no implica solamente luchar contra la delincuencia sino crear un ambiente adecuado para la convivencia pacífica de las personas, por lo que pone mayor énfasis en labores de prevención y control de los factores que general violencia e inseguridad.
Además, plantea involucrar actores del sector público y de la sociedad civil en las acciones de prevención y control de la inseguridad, abordando el problema de la criminalidad y la violencia desde una perspectiva de derechos humanos.
Si la persona humana es el objetivo central de las políticas públicas en este gobierno, era de esperarse que planteara una modificación de este calibre, con el fin último de que todas las personas puedan gozar de sus derechos fundamentales bajo una visión de libertad y vocación democrática.
Es así que la creación de una Secretaría de Seguridad Ciudadana en el estado se justifica en la necesidad de lograr una especialización de las funciones relativas a la seguridad ciudadana y dotar de mayor autonomía operativa a las autoridades encargadas de estas tareas.
Se busca, pues, fortalecer las capacidades institucionales de una dependencia que se puede erigir a partir de una estructura que ya opera, pero haciendo un uso más eficiente de sus recursos humanos, materiales y económicos.
En este sentido, se pueden crear áreas especializadas para atender de un modo más integral el fenómeno delictivo, pues no basta solamente la función de combate al delito ni la de su investigación, sino la de prevenirlo, incluso ir más allá, para mejorar también el sistema penitenciario y la reinserción social.
El Ejecutivo ha dado un paso importante en la estrategia de seguridad, al abrir el debate hacia la idea de la seguridad ciudadana, en una concepción de más participación social y de respeto a las garantías ciudadanas, en un marco democrático y de división de poderes.
Confiemos en que los diputados locales sean receptivos ante esta iniciativa del Gobernador, a efecto de convertir a la CES en un ente con mayor autonomía técnica y operativa, cuya relación con otras instancias estatales sea de auténtica coordinación.
marcosl.tecuapacho@gmail.com
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la conceptualización de la Seguridad Ciudadana no implica solamente luchar contra la delincuencia sino crear un ambiente adecuado para la convivencia pacífica de las personas.
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