El pasado dos de enero de este año, el recién nombrado Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, cumplió su Décimo Aniversario de vida institucional. Sin embargo, esa conmemoración pasó por demás desapercibida, aunque ahora sabemos que esa institución sigue existiendo gracias a los escándalos de corrupción, opacidad y ninguneos de toda clase de actos nefastos que se dan entre sus actuales comisionados, lo cual deja ver su pobre nivel educativo y profesional con el que se conducen.
Vamos por partes. El pasado viernes, Marlene Alonso Meneses fue destituida como presidenta de ese organismo, por sus compañeros David Cabrera Canales y Francisco Morones Servín quienes, con su proceder, metieron a los diputados de la LXII Legislatura Local en una verdadera encrucijada legal que deberán resolver ipso facto.
Si bien el trabajo de la destituida presidenta es también cuestionable, aquí lo realmente preocupante es la falta de respeto a la institucionalidad y a la legalidad con la que se han desenvuelto en ese organismo autónomo, pero ahora resulta que a David Cabrera y Francisco Morones les brotó la responsabilidad y el ánimo de trabajar cuando su desempeño como comisionados de ese órgano independiente deja mucho qué desear.
Si bien el Pleno del Consejo es el órgano mayor de decisión en el interior de ese ente, no debe pasarse por alto que la designación de Alonso como presidenta fue por un acto soberano del Congreso del Estado, así previsto en el decreto 217 por el que se reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en donde en su artículo Quinto, fracción II, de su apartado de transitorios, se prevé el nombramiento.
Luego entonces, la designación de Cabrera como nuevo titular de la institución (apoyado por Morones Servín) es una clara afrenta al Poder Legislativo pues se pasan por el “arco del triunfo” un mandato constitucional. Este acto de sedición (alzamiento público y colectivo contra la autoridad y el orden público) puede ser claramente tipificado como delito e, incluso, ambos comisionados, ser sujetos de juicio político al poner en jaque a una institución fundamental del estado de derecho en Tlaxcala.
Con este acto se da luz y deja abiertas las puertas a la ingobernabilidad, pues otros entes verán que es fácil hacer caso omiso a los mandatos del Congreso, pues sus resoluciones simple y sencillamente las envían al cesto de la basura.
OTRO ORGANISMO QUE ESTÁ PEOR
En este mismo tenor, el próximo 24 de febrero la Comisión Estatal de Derechos Humanos cumple su Vigésimo Quinto Aniversario, y llega a esta etapa de su vida institucional en una de sus fases más grises, sumergida en una severa crisis de credibilidad ante la sociedad.
Desde septiembre de 2016, dejó de emitir recomendaciones, pues su actual titular, el ombudscopión Víctor Manuel Cid del Prado, se ha dado a conocer más por mostrar una severa ignorancia del tema, pues esa institución solo actúa por ocurrencias e improvisaciones, sin tener un plan de trabajo definido.
Los servidores públicos le han perdido respeto a esa institución, y la sociedad sabe que ante una violación de sus derechos este ente ha perdido eficacia.
Ante este panorama, los únicos responsables de poner personajes nefastos y faltos de experiencia en estos puestos claves, son los diputados locales, varios de ellos ya alistan sus maletas para ir en busca de la reelección, y no me cansaré de decir que ojalá y los ciudadanos les cobren la factura, pues no merecen seguir sangrando las arcas del erario con su pobre trabajo legislativo.
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EPÍLOGO…
1.- MODERNO CAVERNÍCOLA… Prepotente, Javier Rivera, representante de los trabajadores del 7 de Mayo ante el tribunal de Conciliación y Arbitraje, agredió a un operador del transporte público que le reclamó no respetar la indicación vial de "Uno por uno". El servidor público entró en cólera cuando el conductor de la unidad de la ruta Santa Ana Chiautempan-Tlaxcala le espetó que manejaba un vehículo particular sin placas de circulación y que en el municipio sarapero se acostumbra la educación vial.
El también trabajador de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Tlaxcala iba como copiloto y, al escuchar al transportista, descendió de la unidad y, fuera de control, comenzó a golpear la combi, amenazó con palabras altisonantes al conductor y finalmente le propinó una bofetada. Fineza de persona.
