En la agenda pública de los gobiernos -como una consideración incluso filosófica de la existencia del Estado como organización política- debe estar presente la seguridad pública como un asunto prioritario. En México, el siglo XXI ha sido un punto de inflexión negativo, los contextos de violencia se han multiplicado y las estadísticas de incidencia delictiva registran incrementos considerables. Dadas esas condiciones se ha discutido acerca de políticas públicas, presupuestos, reorganización territorial de los cuerpos de seguridad y una innumerable cantidad de ideas e iniciativas para controlar eficazmente el problema.
El asunto, además de ser relevante por su comportamiento propio (aumento de los delitos), lo es porque preocupa a la mayor parte de la población. Los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (INEGI) indican que el problema de inseguridad pública y delincuencia fue señalado como el principal problema social en el país: en 2011 el 69.2% lo indicó así; en 2013 el 70.4%; en 2015, 66.4%; 2017, 73.7%; y en 2019 el 78.6% respecto del total de los encuestados. Es decir que el problema de seguridad es una preocupación consistente.
En consecuencia, resulta especialmente importante dimensionar las decisiones del gobierno federal como un esfuerzo por responder a tal preocupación de proporciones mayores. El país enfrenta un proceso de centralización de las decisiones en materia de seguridad, la propia creación de la Guardia Nacional responde a ese arquetipo de toma de decisiones. Sin embargo, resulta fundamental entender el rol estratégico que pueden desarrollar los gobiernos estatales; para lograr ese propósito es inherente el proceso de mejora de capacidades institucionales en este nivel de gobierno para lograr responder a los contextos complejos que se presentan en términos operativos, tácticos, de inteligencia, de gestión de personal especializado y, en general, de implementación de políticas públicas para la seguridad.
Al respecto, destaca la Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el 16 de diciembre de 2021, en la cual se incorporaron Titulares del Ejecutivo Estatal de diferentes entidades federativas. En la plenaria, la Secretaría de Seguridad Ciudadana refirió la inversión para el fortalecimiento de las policías municipales y, sobre todo, mejora de las capacidades en materia de seguridad de los gobiernos estatales.
Lo anterior, de realizarse, puede generar especial incidencia en el mejor control de la incidencia delictiva, sobre todo en aquellos casos en los que las operaciones federales no han garantizado el establecimiento de un entorno de paz y, por el contrario, el registro de delitos de alto impacto crece.
Las capacidades estatales de los gobiernos deben estar vinculadas con la necesidad de generar mejor control territorial; si se comparan las estadísticas de incidencia delictiva por Estado de la República, en al menos los últimos seis años, con los datos de recursos humanos, unidades de infraestructura y presupuesto de que disponen las instituciones encargadas de la función de seguridad pública en las entidades, observaremos una fuerte correlación entre esta información. Es decir que, si mejoran tales elementos gubernamentales, la incidencia se registra a la baja; sobre todo en lo respectivo a infraestructura, dado que genera control territorial, presencia de la autoridad y mejor gestión del conflicto en menor tiempo.
El anuncio, aunque llamativo y esperanzador, no deja de ser un elemento discursivo que debe orientarse hacia lo fáctico en términos de políticas públicas. Empero, el discurso y los elementos de carácter político entre los gobiernos federal y estatales, demuestran que el problema de seguridad pública en el país sigue siendo una preocupación consistente.
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