Los representantes de la empresa Pronto están demostrando que no son buenos empresarios.
Un empresario es persona que combina capital y trabajo por producir bienes y servicios para ofertarlos en un mercado y obtener beneficios. Pero para lograrlo, no solo debe tomar decisiones estratégicas respecto a la administración de la empresa, sino asumir la responsabilidad comercial y legal de la misma frente a terceros.
A inicios de noviembre, la empresa Pronto, que ofrece un servicio de transporte privado a través de una plataforma digital, inició operaciones, argumentando que no existía ley que les impidiera operar.
Pero si bien la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, que data de 1983, no contempla este tipo de plataformas, su artículo octavo indica que cualquier utilización de las vías terrestres con fines económicos requiere de permisos, autorizaciones o concesiones.
Y desde 1999, derivado del exceso de concesiones que se habían otorgado a la fecha, se emitió un decreto por el que se suspendió, de manera indefinida, el otorgamiento de concesiones o permisos para unidades de transporte público.
Es decir, aunque la empresa invoca una laguna legal para funcionar, lo cierto es que, en Tlaxcala, las vías estatales de comunicación son de utilidad pública y su aprovechamiento es controlado por el Estado, por lo que Pronto requiere un permiso para operar, lo que a la fecha no ha conseguido.
Este caso ha abierto un interesante debate sobre la necesidad de una nueva legislación que satisfaga las necesidades de los usuarios tlaxcaltecas, no solo en términos de comunicaciones y transportes, sino de movilidad y modernidad.
Sin embargo, dicha necesidad no debe distraer el hecho de que hay un marco legal que se debe cumplir, por lo que, en ejercicio de su autoridad, el gobierno estatal ha realizado operativos a través de los cuales ha detenido a operadores y unidades de Pronto, firma que, a pesar de no tener autorización para funcionar, persiste en hacerlo.
El mes pasado, el Ejecutivo estatal suscribió un acuerdo para reordenar el servicio de taxi, que entró en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial, el cual indica que, por razones de seguridad, no puede prestarse el servicio de taxi a través de plataformas digitales, salvo aquellas que desarrollará el propio gobierno.
Esta acción fue tomada por los de Pronto como una prohibición con dedicatoria, pero el asunto va más allá: el gobierno ejerce su autoridad para garantizar la seguridad del usuario ante escenarios en los que delincuentes aprovechan plataformas digitales en el país para acercarse a sus víctimas, ¿o acaso se pueden soslayar los sonados casos de usuarias de Uber y Cabify que fueron asesinadas por operadores de estas plataformas, o las denuncias de clientes que han acusado irregularidades, actividad sospechosa y acoso sexual?
Al final, mal hacen los de Pronto en ver este asunto personal, y no empresarial.
Mediatizar sus diferencias con la autoridad y asumir un papel de víctima no habla bien de su negocio, mucho menos su intento de revanchismo absurdo en redes sociales, porque no le ofrecen garantías de legalidad ni seguridad, primero a sus usuarios, quienes pueden ver en este momento lo atractivo de la tecnología y precios competitivos, pero que evidentemente se exponen a riesgos, porque no saben el manejo que puedan hacer de sus datos personales, su domicilio o lugar de trabajo, precisamente, porque no está regulado este servicio; y luego a sus operadores, quienes han pagado los platos rotos al enfrentar responsabilidades penales por estar mal asesorados, operar en la informalidad, lo que implica una clara evasión fiscal.
Ojalá prive la sensatez. Cumplir con la ley es condición indispensable para emprender, dar solidez a un negocio y brindar a los usuarios un servicio seguro.
