En tanto fieles observantes de la ley y fedatarias de la voluntad popular expresada a través del voto, las instituciones electorales cumplidas y rectas mantienen un constante pulso con el poder, tentado siempre de presionarlas para ponerlas bajo su control
Corría el año 1991 y Salinas, “legitimado” en la presidencia por Acción Nacional tras los turbulentos comicios de 1988, se disponía a enfrentar las elecciones intermedias correspondientes a su período sexenal. La novedad iba a ser que el proceso se normaría por un conjunto de nuevas disposiciones, reunidas desde entonces en un denominado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe por sus siglas). Dicho Código, redactado conforme a los términos de la primera reforma electoral de las tres que fueron aprobadas en su mandato, introducía por vez primera la figura de los “consejeros ciudadanos” que, en tanto representantes de la sociedad, deberían en teoría contrapesar el poder del Ejecutivo y el de los propios partidos. Disponía también la creación de 32 consejos locales y 300 distritales, a cuyo cargo estaría la organización de las elecciones en los estados de la República.
Antecedentes de la era predemocrática en Tlaxcala
El gobierno, empero, conservó para sí la presidencia del Consejo General y, aunque los partidos tendrían presencia en él en proporción a su votación, se aseguraba su control mediante una sobre-representación de legisladores afines con derecho a voz y voto. Y lo más relevante: se proscribieron las candidaturas comunes como la que había permitido en 1988 el agrupamiento de partidos y formaciones de oposición en torno a Cuauhtémoc Cárdenas en el Frente Democrático Nacional. El sistema cedía, pero no al grado de arriesgar su hegemonía. Luego vino la reforma de 1993, que redujo aún más el margen de apertura de la anterior y que -dato importante- sirvió de base para la redacción del nuevo código electoral de Tlaxcala. La de 1994, tercera y última del salinato, sí representó un salto hacia adelante en la democratización de México, al entregar ya sin taxativas el control de los organismos electorales a la ciudadanía. El cambio -hay que decirlo- no se debió a la generosidad del régimen sino al levantamiento chiapaneco y a una sucesión de asesinatos políticos que evidenciaron el agotamiento del sistema político sustentado en un partido “casi único”.
La cautela de Álvarez Lima
El último mandatario que, llegó a la gubernatura de Tlaxcala sin pasar por la incómoda aduana de una competencia democrática fue Álvarez Lima, gracias al pasaporte directo que Salinas le expidió a su favor. Su elección fue -al igual que todas las anteriores- un montaje teatral, con una oposición acomplejada, resignada y conforme con las minúsculas dádivas que el régimen le concedía. Ignoraban sus líderes el potencial político que tendría su eventual convergencia. Realista y calculador, José Antonio entendió que la situación debía corregirse. A ese efecto, y siguiendo la pauta que marcó el poder central con antelación, ordenó la redacción de una ley electoral para Tlaxcala cuasi calcada del Cofipe de 1993. Precavido, reforzó los candados de seguridad para acotar un posible crecimiento opositor que pudiera poner en riesgo el control de su propio proceso sucesorio. Así fue que, apenas iniciado 1994, vio la luz el primer código electoral tlaxcalteca de la época moderna, inspirado -repito- en la contrareforma de Salinas de 1993 pero varias veces enmendado en los años siguientes a instancias de las ideas nacidas e impulsadas desde el Consejo General del recién creado Instituto Electoral de Tlaxcala (IET). Dicho Consejo se distinguió por su hiperactividad e influencia dentro y fuera del estado, dentro alentando la formación de una incipiente opinión pública hasta entonces inexistente, y fuera con el apoyo que su esfuerzo mereció de los líderes nacionales de oposición y de los consejeros del propio IFE.
“…tanta pinche democracia nos partió la madre…”: Tulio Hernández
Las deliberaciones que se llevaban al cabo en el seno del Consejo General constituían: 1) una lección intensiva de democracia para un funcionariado local ignorante de sus más elementales principios y, 2) un revulsivo para el ánimo de la oposición que, poco a poco, fue dándose cuenta de que, juntos y con la razón de su lado, sus alegatos cobraban fuerza y eran atendidas. No obstante que las votaciones internas siempre se perdían -todo estaba concertado en la ley para que así aconteciera-, la semilla de una disidencia organizada comenzó a germinar y contribuyó a superar el sentimiento de inferioridad e impotencia que padecían quienes en Tlaxcala tenían ideas distintas a las del oficialismo. Ese tal vez fue el mayor de los logros que alcanzó aquel Consejo General, antes de que el Congreso lo disolviera por orden del gobernador Álvarez Lima. Cabe destacar que los procesos cuya organización y arbitraje corrieron a cargo del IET, el de 1994 correspondiente a la renovación de los poderes municipales, y el de los diputados locales de 1995, se desarrollaron con éxito, puntualidad y fiel apego a la voluntad popular. Los votos se contaron con exactitud rigurosa y los resultados de la contienda se difundieron completos la misma noche del día de la elección. Quedaba sin embargo claro que aún faltaba mucho camino por recorrer hasta alcanzar la equidad que pretendíamos quienes abrazamos la fe de una Tlaxcala democrática. Fue aquella una experiencia inédita y formativa que dio paso, dos años y fracción después, a la transición en la titularidad del Ejecutivo Estatal y al multipartidismo en el Congreso de la entidad.
ANTENA NACIONAL
La gota que derramó el vaso
Si alguna razón faltaba para no votar por los candidatos de Morena, nos la dio su presidente nacional Mario Delgado al anunciar -en línea con el presidente López Obrador- que su partido incluiría en su propuesta… ¡exterminar al INE!
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