En tanto fieles observantes de la ley y fedatarias de la voluntad popular expresada a través del voto, las instituciones electorales cumplidas y rectas mantienen un constante pulso con el poder, tentado siempre de presionarlas para ponerlas bajo su control
El daño está hecho y el precedente sentado. Los organismos que legal, pacífica y exitosamente han tenido a su cargo desde 1994 la organización y arbitraje de los comicios federales y estatales de todo el país, en adelante van a ser atacados en cuantos casos la aplicación lisa y llana de las leyes electorales afecte las pretensiones del partido del presidente López Obrador, sin que importe poco ni mucho el incumplimiento de las reglas fijadas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y por sus similares de las entidades federativas. Como habremos de verlo luego del 6 de junio, el reconocimiento del triunfo de candidatos provenientes de formaciones distintas a Morena provocará disturbios y protestas tumultuarias, no obstante que su victoria se sustente en votos limpiamente ganados.
Resentimiento sin superar
Sin fundamento cierto ni razonable que avalara sus críticas, el mandatario sometió durante meses a un hostigamiento continuo al Instituto Nacional de Elecciones y a sus consejeros, en particular a Lorenzo Córdova, su presidente. Con obsesiva perseverancia, López Obrador creó un creciente e injustificado clima de repudio hacia el órgano electoral, sin medir el riesgo que su acoso supone para la paz social. Por lo pronto ya ocasionó que Félix Salgado Macedonio, aspirante morenista a la gubernatura de Guerrero sublimara sus habituales fanfarronerías y pasara -secundado por Mario Delgado, el impresentable líder nacional de su partido- a las amenazas explícitas, lo que sin duda fue un intento de linchamiento en contra de un funcionario que se limitó a aplicar lo que la ley puntualmente le mandata. Nada más.
El omnímodo ciudadano presidente
Es ocioso repetir los embustes y falsos argumentos que presentó Salgado Macedonio a la opinión pública en sus mítines callejeros, repetidos ahora extemporáneamente ante un obsecuente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el que rutinaria y prioritariamente está el atender las indicaciones del presidente de la República, aunque para ello haya que atropellar la ley. Es previsible pues que, a pesar de las faltas del aspirante -reconocidas por el propio Tribunal- se ordene al INE registrarlo como candidato. Atendiendo a la trascendencia del hecho, más que al hecho en sí mismo, lo que está por suceder evidenciará con meridiana claridad a cargo de quien está hoy en México la interpretación de los ordenamientos legales y la aplicación de la justicia. Inquietante perspectiva, a fe mía.
El pleito está servido
Aún falta por ver la reacción del presidente en el tema de la sobre-representación de Morena en San Lázaro, lograda merced al trasvase temporal de sus candidatos a los partidos aliados durante el periodo electoral. Debido a ese amaño logró, con un número relativamente reducido de votos, una alta cifra de curules de mayoría relativa. Una vez devueltos a sus filas los candidatos prestados y al aplicarse a cada partido el principio de representación proporcional, el cálculo arrojó un 37% más de diputados que los que le correspondían conforme a sus votaciones reales. Al PES le tocaron 40… ¡con menos del 3% del total de los votos! Ahora, para evitar ese distorsionante rebase, el INE ha establecido un criterio de afiliación a formaciones coaligadas de modo que, en ningún caso, se exceda el 8% que fija la Constitución.
Con el actual Tribunal no hay justicia electoral posible
Está ya en puerta el previsible rechazo de López Obrador a esa decisión del órgano electoral, tan importante para efectos del reparto de curules en la Cámara de Diputados como la elección misma. Se ven venir los recursos de inconformidad que tendrá que resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a cuya cabeza está el “esclarecido” jurista José Luis Vargas Valdez, cuya inexplicable fortuna está siendo investigada por Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. En el mandatario estará juzgar si las sentencias que dicte el Tribunal de aquí al término del proceso electoral en curso afectan, o no, a la 4T y si merecen, o no, que se corte el hilo del que pende la espada de la justicia lopezobradorista sobre el cuello de Vargas Valdez.
ANTENA ESTATAL
De los debates entre aspirantes a la gubernatura de Tlaxcala
Grave error cometió Elizabeth Piedras, consejera presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, al delegar en los representantes de los partidos la designación de los moderadores de los debates. Resultado: serán conductores de los eventos dos profesionales de la comunicación que, en uso de su derecho a opinar, se han manifestado repetidas veces a favor de la candidata de “Juntos por Tlaxcala”. Por su obvio grado de compromiso, ambos a mi juicio debieron excusarse. A la imparcialidad, frágil pilar sobre el que descansa la confianza que inspira el ITE, se le infligió un daño que dejará heridas de difícil sanación. Imposible entender cómo y porqué su Consejo General no ponderó los efectos de ese acto servil que mancha el proceso, enturbia el panorama político y arroja suspicacias innecesarias sobre un gobernador como Marco Mena, conocedor de los órganos electorales como parte que fue del antiguo IFE y, por tanto, cuidadoso en extremo de que sus intervenciones públicas en ningún caso violenten la ley. Por lo demás, quien haya sido el verdadero promotor del despropósito dejó ver la inseguridad que le merece su candidata como debatiente. El primer encuentro se dio ayer noche y seguramente dejó elementos para valorar los efectos de la cuestionable medida.
