/ lunes 20 de abril de 2020

Tiempos de Democracia | Es tiempo de actuar

Se inició el asedio del Covid-19 a la plaza tlaxcalteca. Toca al pueblo enfrentarlo de forma unitaria, ordenada y solidaria. Y al gobernador Marco Mena, líder político del estado, organizar la resistencia. Para garantizar la subsistencia de los afectados, el mandatario, con el apoyo de los demás poderes, tendrá que allegarse de los recursos necesarios… ahí dónde los hallare.

Siendo plenamente consciente del significado legal y semántico del término excepcional, me declaro convencido de que es llegado el momento de concebir y aplicar medidas extraordinarias, en concordancia con las circunstancias de grave peligro -palabras del texto constitucional, artículo 29- que confronta la sociedad tlaxcalteca. Estamos ante un adversario (el Covid-19) que, si no se ataja a tiempo, tiene fuerza sobrada para literalmente diezmar a la población. Se trata pues de una batalla que se presenta desigual y que se prolongará largos y angustiosos meses. Del maligno virus lo desconocemos todo, excepto su poder destructivo del que ya dejó dolorosa huella en muchos países del orbe. En Tlaxcala asomó apenas la cabeza y, como era previsible, amenaza con desbordar nuestras limitadas instalaciones hospitalarias. En ese escenario, el gobierno del estado, el congreso y los demás poderes públicos de la entidad están comprometidos con el pueblo al que sirven a tomar decisiones, por difíciles que puedan ser. Es tiempo de definiciones; cada uno, conforme a su rango y área de competencia, tendrá que asumir con valor y sensibilidad social el papel que le toca jugar. Su rol en esta crisis sin precedentes es encontrar fórmulas para paliar los efectos de una emergencia que se teme devastadora, tanto en materia sanitaria como económica y laboral. Ellos, funcionarios y políticos, tienen ante sí un enorme desafío y, según sea su desempeño, serán juzgados por la Historia; pertenecen a una generación que en adelante se la conocerá como la de “los hombres y mujeres de la epidemia del año 20”.

Una sugerencia a explorar

Para procurar ayuda -perogrullada al canto- hacen falta recursos. Los disponibles, a todas luces inferiores al tamaño de la emergencia, ya los canalizó el gobernador Marco Mena hacia un Fondo contra el Covid-19 de hasta 50 millones de pesos, y otro más de 10 para Apoyo Temporal de Personas Contagiadas por el virus. Empero, el gobierno tiene una alternativa de financiamiento que no ha sido mencionada, estudiada ni gestionada. A continuación la explico: por virtud del impedimento que para contratar empréstitos se introdujo en la ley a propuesta del entonces gobernador José Antonio Álvarez Lima, Tlaxcala es en la actualidad la única entidad federativa sobre cuya hacienda no pesa ningún gravamen por concepto de deuda. Aprovechemos pues circunstancia tan favorable para comprometer nuestra intacta capacidad de pago en una línea de crédito por mil millones de pesos, siguiendo sin demora el trámite legislativo que proceda para liberar de trabas su contratación. Se precisa, claro, del respaldo de la mayoría en el Congreso y de un consenso político entre gobierno y partidos. Nunca como ahora se debe atender sin dilaciones el sufrimiento de los tlaxcaltecas a los que la pandemia damnificará directa o indirectamente. Abramos paso a la unidad y aparquemos intereses personales; quien se sustraiga del compromiso e incurra en mezquindades será señalado por la sociedad y acabará pagando caro su insolidaridad. A su vez, el gobierno será responsable de aplicar, con la urgencia que el caso demanda, los fondos recabados, actuando con cautela, prudencia y honestidad, y vigilado siempre por un comité independiente que sancione con severidad las desviaciones. Termino: lo que hasta aquí he escrito no es ocurrencia repentina ni propuesta sin sustento. Reconozco, eso sí, que no será fácil concretarla; para ello hará falta: 1) unir voluntades políticas; 2) talento gestor para cerrar el empréstito y, 3) máxima transparencia en el manejo del dinero.

De obligaciones y adeudos

Así sea al costo de endeudar al estado, el gobierno tiene la obligación moral de saldar el compromiso tácito que asumió al conminar a los tlaxcaltecas a quedarse en casa. El deber es con todas las familias que sufran el infortunio de perder a alguno de sus miembros y/o se hayan visto precisados a dejar sus medios habituales de trabajo. A unos y otros hay que ayudarles a sobreponerse al duelo y a recuperar su fuente laboral original, haciéndose cargo, mientras ambas cosas ocurren, de aliviar sus carencias. Habría sido incongruente pedirles que se recluyeran sin contar antes con estrategias que permitieran disponer de los recursos necesarios para proveerlos de los mínimos satisfactores que aseguren su subsistencia. Aparte de establecer un ingreso mínimo vital para los afectados en el periodo más difícil de la pandemia, deberá penalizarse con rigor al especulador que agrave la situación, elevando sin justificación precios de insumos médicos y de comestibles. Y si no fuera suficiente la persuasión, no se descarte acudir a métodos coercitivos más efectivos, como controlar al menos los productos de la canasta básica. Y preciso: en la crisis no caben tecnicismos jurídicos que impidan la acción; la prioridad es prevenir abusos que dañen aún más la exánime economía de la gente que vive al día. No se trata de propiciar el autoritarismo, sino de justipreciar la gravedad del daño que causará el Covid-19 y el desastre laboral que con él vendrá aparejado. El lunes próximo seguimos con el tema.

ANTENA NACIONAL

De encuestas, elecciones y causas penales

Hace semanas preví que AMLO investigaría al primer círculo del ex presidente Peña Nieto sí, y sólo sí, veía peligrar en la elección del 2021 la mayoría congresional a la que aspira. Las encuestas avisan que ya llegó ese momento.

Se inició el asedio del Covid-19 a la plaza tlaxcalteca. Toca al pueblo enfrentarlo de forma unitaria, ordenada y solidaria. Y al gobernador Marco Mena, líder político del estado, organizar la resistencia. Para garantizar la subsistencia de los afectados, el mandatario, con el apoyo de los demás poderes, tendrá que allegarse de los recursos necesarios… ahí dónde los hallare.

Siendo plenamente consciente del significado legal y semántico del término excepcional, me declaro convencido de que es llegado el momento de concebir y aplicar medidas extraordinarias, en concordancia con las circunstancias de grave peligro -palabras del texto constitucional, artículo 29- que confronta la sociedad tlaxcalteca. Estamos ante un adversario (el Covid-19) que, si no se ataja a tiempo, tiene fuerza sobrada para literalmente diezmar a la población. Se trata pues de una batalla que se presenta desigual y que se prolongará largos y angustiosos meses. Del maligno virus lo desconocemos todo, excepto su poder destructivo del que ya dejó dolorosa huella en muchos países del orbe. En Tlaxcala asomó apenas la cabeza y, como era previsible, amenaza con desbordar nuestras limitadas instalaciones hospitalarias. En ese escenario, el gobierno del estado, el congreso y los demás poderes públicos de la entidad están comprometidos con el pueblo al que sirven a tomar decisiones, por difíciles que puedan ser. Es tiempo de definiciones; cada uno, conforme a su rango y área de competencia, tendrá que asumir con valor y sensibilidad social el papel que le toca jugar. Su rol en esta crisis sin precedentes es encontrar fórmulas para paliar los efectos de una emergencia que se teme devastadora, tanto en materia sanitaria como económica y laboral. Ellos, funcionarios y políticos, tienen ante sí un enorme desafío y, según sea su desempeño, serán juzgados por la Historia; pertenecen a una generación que en adelante se la conocerá como la de “los hombres y mujeres de la epidemia del año 20”.

Una sugerencia a explorar

Para procurar ayuda -perogrullada al canto- hacen falta recursos. Los disponibles, a todas luces inferiores al tamaño de la emergencia, ya los canalizó el gobernador Marco Mena hacia un Fondo contra el Covid-19 de hasta 50 millones de pesos, y otro más de 10 para Apoyo Temporal de Personas Contagiadas por el virus. Empero, el gobierno tiene una alternativa de financiamiento que no ha sido mencionada, estudiada ni gestionada. A continuación la explico: por virtud del impedimento que para contratar empréstitos se introdujo en la ley a propuesta del entonces gobernador José Antonio Álvarez Lima, Tlaxcala es en la actualidad la única entidad federativa sobre cuya hacienda no pesa ningún gravamen por concepto de deuda. Aprovechemos pues circunstancia tan favorable para comprometer nuestra intacta capacidad de pago en una línea de crédito por mil millones de pesos, siguiendo sin demora el trámite legislativo que proceda para liberar de trabas su contratación. Se precisa, claro, del respaldo de la mayoría en el Congreso y de un consenso político entre gobierno y partidos. Nunca como ahora se debe atender sin dilaciones el sufrimiento de los tlaxcaltecas a los que la pandemia damnificará directa o indirectamente. Abramos paso a la unidad y aparquemos intereses personales; quien se sustraiga del compromiso e incurra en mezquindades será señalado por la sociedad y acabará pagando caro su insolidaridad. A su vez, el gobierno será responsable de aplicar, con la urgencia que el caso demanda, los fondos recabados, actuando con cautela, prudencia y honestidad, y vigilado siempre por un comité independiente que sancione con severidad las desviaciones. Termino: lo que hasta aquí he escrito no es ocurrencia repentina ni propuesta sin sustento. Reconozco, eso sí, que no será fácil concretarla; para ello hará falta: 1) unir voluntades políticas; 2) talento gestor para cerrar el empréstito y, 3) máxima transparencia en el manejo del dinero.

De obligaciones y adeudos

Así sea al costo de endeudar al estado, el gobierno tiene la obligación moral de saldar el compromiso tácito que asumió al conminar a los tlaxcaltecas a quedarse en casa. El deber es con todas las familias que sufran el infortunio de perder a alguno de sus miembros y/o se hayan visto precisados a dejar sus medios habituales de trabajo. A unos y otros hay que ayudarles a sobreponerse al duelo y a recuperar su fuente laboral original, haciéndose cargo, mientras ambas cosas ocurren, de aliviar sus carencias. Habría sido incongruente pedirles que se recluyeran sin contar antes con estrategias que permitieran disponer de los recursos necesarios para proveerlos de los mínimos satisfactores que aseguren su subsistencia. Aparte de establecer un ingreso mínimo vital para los afectados en el periodo más difícil de la pandemia, deberá penalizarse con rigor al especulador que agrave la situación, elevando sin justificación precios de insumos médicos y de comestibles. Y si no fuera suficiente la persuasión, no se descarte acudir a métodos coercitivos más efectivos, como controlar al menos los productos de la canasta básica. Y preciso: en la crisis no caben tecnicismos jurídicos que impidan la acción; la prioridad es prevenir abusos que dañen aún más la exánime economía de la gente que vive al día. No se trata de propiciar el autoritarismo, sino de justipreciar la gravedad del daño que causará el Covid-19 y el desastre laboral que con él vendrá aparejado. El lunes próximo seguimos con el tema.

ANTENA NACIONAL

De encuestas, elecciones y causas penales

Hace semanas preví que AMLO investigaría al primer círculo del ex presidente Peña Nieto sí, y sólo sí, veía peligrar en la elección del 2021 la mayoría congresional a la que aspira. Las encuestas avisan que ya llegó ese momento.