Solazarse contemplando una obra de arte exige recogimiento y silencio; en contraste, la diversión se asocia con el jolgorio y el alcohol. Las dos son actividades legítimas pero deben estar en sitios distantes. Mala idea resultó que, con peligrosa improvisación, se alojara sobre la techumbre de la vieja casona del Museo de Arte… ¡un antro de lujo!
Cuando un político -o una política- llega al cargo al que aspiraba luego de vencer en un proceso electoral lo sensato es analizar, sin prejuicios provenientes del pasado, su desempeño en la nueva encomienda. Al efecto, el opinador ha de aparcar las pocas o muchas reservas que pudiera haber tenido acerca de su trayectoria anterior, por más divagante e idelógicamente errática que esta haya sido. Además ha de concederle un margen de tiempo suficientemente amplio para que conozca sus responsabilidades, las entienda y empiece a trabajar sobre ellas. A ese plazo de gracia al que todo gobernante recién llegado al poder tiene derecho se ha dado en llamarle el bono democrático. Debe sin embargo quedar claro que el tal bono a nadie pone a salvo de meteduras de pata como la cometida por la gobernadora Lorena Cuéllar, sancionando con su presencia la inauguración de un bar, cantina o antro repentinamente aparecido sobre el techo del Museo de Arte de Tlaxcala -el MAT por sus siglas-, un espacio cultural que atesora obras de elevado valor en un inmueble que data del siglo XIX y está ubicado al poniente de la Plaza de la Constitución, casi en colindancia con la que fuera la Capilla Real de Indios, joya de la arquitectura colonial tlaxcalteca del siglo XVI que, centurias después, albergaría al antiguo Palacio de Justicia, sede por muchos años del Tribunal Superior de Justicia del Estado. La manifiesta incompatibilidad de funciones y objetivos del MAT, un ámbito público destinado a la difusión del arte y al cultivo del espíritu con los de un establecimiento comercial expendedor de bebidas alcohólicas no requiere de mayor explicación. Cada cosa en el sitio que le corresponde; en una ciudad como Tlaxcala hay lugares para todo.
Opacidad preocupante
No hay modo de justificar el despropósito. Aun cuando algún funcionario menor haya tenido que ver con la decisión de concesionar ese espacio, la presencia de Lorena Cuéllar en el evento inaugural -documentada con amplitud por los compañeros de la prensa local- habla de que la aberrante barbaridad contaba con su anuencia. Procede preguntar: ¿a quien toca el cuidado, control y preservación del patrimonio inmobiliario de Tlaxcala? El MAT y sus contenidos ¿son propiedad del estado o del municipio? En la emblemática Plaza de Toros, las licencias para el aprovechamiento del inmueble entiendo que las otorga el H. Ayuntamiento. ¿Es el mismo caso? En lo que concierne a la conservación de la integridad del inmueble… ¿interviene el Instituto de Antropología e Historia? ¿acaso ese inmueble, el MAT, no está bajo su cuidado y custodia? ¿o esa tarea sólo toca a la Oficialía Mayor de Gobierno? Pero esté o no catalogado por el INAH, el edificio tiene siglo y medio de vida y obviamente no fue calculada para soportar la carga -viva y muerta- que supone sobreponerle un importante peso adicional. ¿No se le sometió a un estudio estructural que determinara su límite de resistencia y estabilidad? ¿cuenta con una responsiva oficial expedida por perito autorizado? ¿qué papel toca en este asunto a Protección Civil del estado y del municipio? ¿se probaron las instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas yuxtapuestas a las originales? ¿se valoró el riesgo de fugas, humedades e incluso de incendios? ¿quien cargaría con las culpas en caso de un siniestro? Las interrogantes son muchas… y no se conocen las respuestas.
Deslinde de responsabilidades
Para intentar descorrer el tupido velo de silencio con el que autoridades de todos los niveles han envuelto el asunto consultemos la ley y los manuales de operación del gobierno. De un lado se establece que es facultad de la Oficialía Mayor de Gobierno “…levantar y mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado…” así como “…asegurar la conservación del patrimonio del Gobierno del Estado…”. Y de otro se precisa que es atribución “…del Gobernador(a) autorizar, mediante decreto, las concesiones de los bienes públicos del Estado, previo trámite y cumplimiento de las disposiciones señaladas en esta ley…”, así como “…dejar sin efecto legal, previa audiencia de los interesados, los acuerdos, concesiones, permisos o autorizaciones otorgados por funcionarios o empleados que carezcan de la competencia necesaria para ello, o los que se dicten contraviniendo un precepto legal por error, dolo o violencia, conforme a la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala…”. Si tuvo usted, amigo lector, la paciencia de llegar hasta aquí convendrá conmigo que la responsabilidad última es de Lorena, tanto para ratificar la concesión como para cancelarla. De ella depende; y sólo de ella, corregir con presteza un dislate que podría traer funestas consecuencias para su gobierno. A tiempo está de hacerlo en previsión de males mayores.
Experiencia inolvidable
Poco faltó para que, cuarenta y cinco años atrás, el Portal Grande se viniera abajo a causa de dos circunstancias adversas coincidentes, a saber: el trazo equivocado de una zanja cavada al pie de sus centenarias columnas y una lluvia de gran intensidad que reblandeció el terreno sobre el que están desplantadas. Advertido de la inminencia del desastre que sólo una compleja obra de apuntalamiento de emergencia pudo evitar, el gobernador Sánchez Piedras, luego de ordenar la evacuación de todas las casas en riesgo, reunió a todos los responsables involucrados y les dijo: “…si el Portal Grande se cae, mi gobierno caerá con él… pero a ustedes también se los va a llevar la chingada…”.
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